Guatemala: "Hay que desenmascarar la farsa del juicio contra Ríos Montt"

Durante una reunión de la delegación para las relaciones entre la UE y Centroamérica, usted denominó de “burla” lo sucedido con la sentencia contra el general Ríos Montt. ¿Por qué?

Van más de 30 de años del genocidio sin ninguna sentencia aceptada por el Estado de Guatemala. Segundo, las víctimas tuvieron la sentencia del 10 de mayo y fue anulada por órdenes de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala. Pero diciendo esto ya digo algo equivocado porque diez días antes de la sentencia, el sector empresarial organizado se declara en asamblea permanente, exigiendo a la CC la anulación sin respetar el sistema ordinario.

Es pero aún, hay cinco magistrados: tres anularon, dos no. Una de estas magistradas, Gloria Porras, en su voto razonado argumenta que la Corte ordenó la anulación en base de una mentira.: la Corte dice que se tuvo que anular porque el tribunal no hizo caso a un recurso de la defensa. En los audios consta que este recurso nunca existió. Fue el sector empresarial que presionó a la CC. Por eso la Comisión Internacional de Juristas que represento hoy aquí considera que la sentencia es fraudulenta.

En el Corte Interamericana de Derechos Humanos se analizará si es cierto lo que decimos. Y podría declarar fraudulenta la sentencia de la corte máxima de un país.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso tomará tiempo. Las víctimas y los testigos siguen esperando, algunos ya son mayores…

Por eso hablamos de una burla, nos dan la sentencia, quitan la sentencia. Y ahora nos mantienen en una farsa: porque en vez de reconocer que no hay amnistía para genocidio, nos mantienen en este impasse. En este momento hay mucho peligro de que una sala que había rechazado la amnistía, en una nueva composición ahora declare la amnistía. Nos dicen además que va a haber otro juicio, pero en 2015. Mientras tanto, militares y sector empresarial intentan lograr, en 2014, un nuevo sistema de justicia con los nuevos magistrados y un nuevo fiscal general, de su conveniencia.

¿Cómo describiría usted el sistema de justicia en Guatemala?

Es un sistema de impunidad. Aunque en los últimos tres años ha habido avances debido a entraron algunos nuevos actores comprometidos con la justicia. En el 2009, en Guatemala en el caso de los homicidios y asesinatos sólo se esclareció dos de cien casos. Con la nueva Fiscal General, Claudia Paz, el porcentaje hoy es de 30%. Que hayamos logrado llegar hasta aquí con el genocidio, en un país como Guatemala, es un avance enorme. Pero ahora nos van a cambiar magistrados probos por magistrados corruptos. Y regresamos a donde estábamos. Sí hay avances, pero están construidos sobre arena movediza.

En Guatemala está presente la ONU, la ILO, la UE. ¿Quién más tiene en el país para apoyar el cambio de estructuras?

No se resuelve por vía de más actores. Los que tienen que cambiar su país son los guatemaltecos. El problema es que las élites guatemaltecas no han tomado una decisión contundente a favor de la democracia real y quieren una justicia a su conveniencia. Ningún pueblo puede contra sus élites.

Para influir en eso, el pueblo de Guatemala necesita que los actores que nos acompañan, manden un mensaje claro. Las élites piensan que el caso de genocidio es muy peligroso porque puede influir en la inversión europea. La UE podría tranquilizarlos y subrayar´"sólo" de la independencia de la justicia.

Por otro lado, hay que impedir que el Ejecutivo limite el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El presidente quiere que ya no haya nuevas investigaciones, sólo capacitación. Pero sin investigaciones no se podrán desmantelar las estructuras de impunidad.

¿Qué ha hecho bien el general Ríos Montt para que las élites lo protejan tanto?

Lo protegen ahora, pero no lo han protegido en otros momentos. El general Ríos Montt tuvo una relación muy íntima con el sector empresarial cuando estuvo a cargo en 1982-1983, pero nunca fue de la oligarquía. Se coordinó y actuó junto con los empresarios que le prestaron avionetas para los bombardeos. Y mucho dinero. Pero Ríos Montt, en 2000, cuando el presidente Portillo era miembro de su partido, intentó crear una nueva oligarquía vía capital emergente haciendo alianzas con capital ilegal. Ahí rompe de nuevo con las ocho familias poderosas y hay una división muy fuerte entre el general y el sector empresarial.

En 2012 el Comité de Coordinación de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financiera (CACIF) no se quemó por proteger a los militares, pero las amenazas de Rios Montt de que hablaría y los salpicaría si no lo apoyaban, los hizo actuar. Además, el CACIF había encargado dos consultorías para revisar los juicios por genocidio en Uganda y Yugoslavia. ¿Después del primer caso baja la intensidad y todo se calma? O, ¿el primer caso es sólo el punto de lanza de la avalancha que viene después? Las dos consultorías concluyen que los primeros casos abren la puerta a más casos. Allí se asustaron y por eso actuaron.

¿Cuál es la perspectiva?

Dependerá de los cambios en los operadores de justicia en puestos clave. También de que el acompañamiento internacional nos siga apoyando hacia el desmantelamiento de las estructuras de impunidad y las estructuras clandestinas del crimen organizado. El pasado y el presente están casados: los militares que hicieron las masacres, muchísimos de ellos los encontramos hoy en las estructuras del crimen organizado o en estructuras afines.

¿Y qué puede hacer la UE desde Bruselas?

Bruselas siempre nos ha acompañado, pero en 2014 –con los cambios en la Justicia- será necesaria una presencia más cercana para apoyar la transparencia. Por otro lado, el Parlamento Europeo tiene en sus canales diplomáticos una resolución relativa al rpoceso por delitos de lesa humanidad al general Ríos Montt. Sería muy bueno retomar este proyecto. Uno puede pensar que son sólo palabras, pero es mucho más. Son palabras que marcan claramente para los responsables un marco en el cual tienen que moverse.