Baltasar Garzón absuelto

Baltasar Garzón se equivocó al acusar al ex dictador español Francisco Franco y a 34 altos cargos de su desaparecido régimen de crímenes de lesa humanidad. Se equivocó porque la legislación española no permite aplicar dicho concepto jurídico a actos cometidos mucho antes de que éste existiera, y se equivocó porque las leyes del país tampoco contemplan la posibilidad de seguir un proceso contra acusados que están todos muertos. Al menos así lo expresa una sentencia del Tribunal Supremo en Madrid. Sin embargo, no hubo propósito de actuar injustamente y, por lo tanto, Garzón no prevaricó, consideraron cinco de los seis magistrados de la Corte.

La historia para los historiadores

Garzón se comportó como lo hizo, aseguró, para evitar que cayesen en el olvido quienes sufrieron la represión franquista. El tribunal le da parcialmente la razón. Los magistrados reconocen que las víctimas de la Guerra Civil recibieron en España un trato diferente dependiendo del bando al que pertenecieran, y que queda en el país aún por sufragar la labor de esclarecer actos de “barbarie” cometidos “no sólo durante el enfrentamiento bélico” sino también años después. No obstante, y aunque “la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria”, entienden que esta tarea “no corresponde al juez de instrucción”.

Es a los historiadores a quienes les incumbe especialmente poner el pasado en su lugar, determina la sentencia. La Ley de Amnistía de 1977, por cuya violación pedían grupos ultraderechistas españoles 20 años de inhabilitación para Garzón, puede ser en todo momento derrogada, siempre y cuando el Parlamento así lo decida, puntualiza el documento. Errores de percepción encuentra la Corte en el proceder del suspendido juez, pero no un intento premeditado de burlar a la Justicia. Y por eso lo absuelve.

Aún mucha Justicia por hacer

Así que no será la decisión de investigar 110.000 desapariciones producidas durante la Guerra Civil y el franquismo lo que mantenga a Garzón alejado del mítico juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional: los 11 años de inhabilitación que pesan sobre él se deben a que ordenó escuchas ilegales en el escándalo de corrupción bautizado como Gürtel. Pero sí fue este caso el que más atención despertó.

Al juicio que ahora termina en Madrid habían enviado observadores organizaciones de todo el mundo. Sectores políticos, sociales y mediáticos a nivel internacional criticaron que quien en su día persiguiera a dictadores como el chileno Augusto Pinochet o a ex represores del régimen militar en Argentina acabase sentado en el banquillo de los acusados por hacer lo mismo en su país.

“El Tribunal Supremo se ha ahorrado mayores vergüenzas rechazando las desatinadas acusaciones contra Garzón”, escribió sobre la sentencia la ONG Human Rights Watchen en un comunicado. “La decisión del Tribunal Supremo español es una buena noticia”, indicó por su parte Amnistía Internacional, “pero España tiene que hacer todavía mucho más para asegurar que se haga Justicia”.

LB/ dpala/ rtrd

Editora: Emilia Rojas Sasse