Fujimoristas anuncian causa constitucional contra magistrado
7 de agosto de 2013
El partido peruano Fuerza Popular (FP), que reúne a los seguidores del expresidente Alberto Fujimori, formalizó el anuncio de que acusará constitucionalmente al magistrado César San Martín, quien condenó a su líder, por presuntas injerencias indebidas en otro caso de derechos humanos.
Un vocero de FP, Julio Gagó, dijo que la acusación constitucional -paso previo a la entrega a la Justicia común de un funcionario que ha cometido delitos- alcanzará además al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, quien también supuestamente presionó a la jueza Carmen Rojassi.
Los hechos estallaron el fin de semana, cuando aparecieron en YouTube audios clandestinos de 2012 en los que San Martín, entonces presidente de la Corte Suprema; Jiménez, entonces ministro de Justicia, y Pedro Cateriano, entonces abogado del Estado y hoy ministro de Defensa, aparentemente tratan de direccionar un fallo sobre las supuestas ejecuciones en la operación militar de rescate de 72 secuestrados por el grupo extremista armado MRTA.
Acusados se defienden
FP, que ha asumido el protagonismo en el tema, exige, además de los procesos judiciales, las renuncias inmediatas de Jiménez y Cateriano y la destitución de San Martín.
Los acusados dicen no haber hecho nada ilícito y recuerdan que el Estado estaba en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ese caso, por lo que hubo una coordinación de poderes, práctica válida según ellos.
La génesis del asunto está en el exitoso rescate que puso fin a 122 días de secuestro de 72 personas en la embajada japonesa en Lima, ensombrecido luego por la acusación de que uno de los secuestradores, "Tito", sobrevivió a la operación y fue ejecutado extrajudicialmente.
Para salir del problema, el Estado necesitaba que Rojassi negara las ejecuciones extrajudiciales y absolviera a los acusados -el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el general Nicolás Hermoza, máximo jefe militar de entonces, y el coronel Roberto Huamán-, y era en ese sentido que aparentemente se le daban los direccionamientos de San Martín, Jiménez y Cateriano en la charla.
Rojassi absolvió a los acusados -todos presos por otros delitos-, pero dijo en su fallo que "Tito" sí fue asesinado, lo que alargó el problema. La jueza no fue ratificada luego, lo que según expertos constituyó en la práctica una destitución.
¿Represalia judicial?
Para FP, lo hecho por San Martín, Jiménez y Cateriano no tiene justificación, aunque, por paradoja, el fallo aparentemente impulsado era el mismo defendido por el fujimorismo, que exalta el rescate, considerado, al margen de ese episodio, una operación ejemplar.
Adversarios de FP consideran que ese organización derechista y el centroderechista Partido Aprista, su virtual aliado, aprovechan para castigar a rivales históricos: San Martín le impuso varias condenas a Fujimori, la mayor a 25 años de cárcel; Cateriano es un acérrimo crítico de esas dos fuerzas, y Jiménez las ataca frecuentemente en sus comentarios.
El gobierno ha respondido con acciones judiciales contra quienes grabaron y divulgaron la charla, por ahora no identificados. La cuenta de YouTube utilizada está bajo pseudónimo.
La acusación constitucional debe prosperar en el Congreso para que la Justicia vea el caso. Cateriano no tiene derecho a esa fase, pues el supuesto delito ocurrió antes de que fuera ministro.
el(dpa, El Comercio)