Filipinas: altos funcionarios, al banquillo

Este domingo (7.8.2016), el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, hizo públicos los nombres de más de 160 jueces, políticos, policías y militares acusados de tener vínculos con el narcotráfico. “Tienen 24 horas para entregarse o voy a destruirlos”, dijo el mandatario en la base naval de Panacan, con sede en Davao, la ciudad de la que Duterte fue alcalde durante años y donde se ganó la fama de enfrentar la delincuencia con “mano dura”. Analistas sostienen que su reputación fue uno de los factores que lo llevaron la jefatura del Gobierno.

La lista de imputados leída por Duterte incluye a 8 jueces, 53 alcaldes y exalcaldes, 3 congresistas y 95 agentes de la policía y las Fuerzas Armadas. Los magistrados deberán entregarse al Tribunal Supremo, los policías al jefe de la Policía Nacional de Filipinas y los militares al jefe del Estado Mayor. Los funcionarios que llevan o llevaron las riendas de alcaldías deberán presentarse ante el Ministerio del Interior; “si no, ordenaré a las Fuerzas Armadas de Filipinas que vayan a buscarlos”, advirtió Duterte.

El mandatario ordenó cancelar los permisos de armas y las licencias de los policías y militares mencionados en la lista, y le pidió a los agentes y soldados que guardan las espaldas de los acusados que abandonen sus puestos y regresen a sus unidades. Duterte insistió en que todos los imputados serán juzgados de acuerdo con la ley y que bajo la Constitución del país son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, se contradijo al asegurar que los delitos atribuidos a estos funcionarios han sido comprobados y verificados.

“Yo pedí la lista y pedí también que se revalidara. Yo soy el que la está leyendo y soy la única persona responsable de la misma”, subrayó el “hombre fuerte” de Manila, añadiendo que decidió hacerla pública porque “le debía la verdad al pueblo filipino”. Duterte prometió durante la campaña electoral previa a su triunfo que acabaría con el crimen y las drogas en Filipinas durante sus primeros seis meses de mandato. Su Gobierno de seis años comenzó el pasado 30 de junio.

Pocas horas después de la publicación de la lista, varios oficiales de los Gobiernos locales se entregaron para defenderse de las acusaciones. “Quiero limpiar mi nombre. Estoy aquí para que el público conozca la verdad”, dijo al diario “Inquirer Samsodin Dimaukom”, el alcalde de la localidad de Datu Saudi-Ampatúan, de la provincia de Maguindanao, en el sur del país. También se han entregado en distintas comisarías Cipriano Violago, alcalde de San Rafael, en Bulacan; Martin de Guzman, alcalde de Bauana, en Union; y la antigua alcaldesa de Surigao del Sur, Rasmiya Macabagos.

La “guerra contra las drogas” de Duterte, que desde el pasado 10 de mayo se ha cobrado la vida de más de 850 personas, según las estimaciones de medios locales, ha sido criticada por organizaciones como la ONU, que describe su campaña antidrogas como una “violación de derechos y libertades fundamentales”. En respuesta, Duterte aseguró que “le da igual” el número de víctimas mortales que pueda dejar su iniciativa. La gestión de Duterte goza de índices de aprobación cercanas al 91 por ciento, la puntuación más alta recibida jamás por un mandatario filipino.

ERC ( EFE / AFP )