Excarcelación por COVID-19: presos políticos en desventaja

Las alarmas no solo están prendidas por el riesgo que corren las personas libres que pueden contraer el coronavirus en la calle, sino por quienes se pueden infectar en las cárceles. A la ya grave situación que sufren los presos en las urbes de América Latina, se suma el riesgo de morir de COVID-19 sin que puedan ser llevados a un hospital con estación para Cuidados Intensivos.

Nicaragua: regímenes que cuestan vidas

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), Michelle Bachelet, pidió a los Gobiernos que ante la pandemia del coronavirus pongan en libertad "a todas las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros delitos por haber expresado opiniones críticas o disidentes".

Pero la mayoría de Gobiernos en América Latina ha hecho caso omiso del llamado. Justo los prisioneros políticos están siendo dejados en la cárcel, como en Nicaragua, en donde el Gobierno de Daniel Ortega niega aún los efectos de la pandemia. Aunque sí excarceló el 8 de abril a 1.700 reos comunes del Sistema Penitenciario (SPN), "no incluyó a unas 70 personas que permanecen detenidas por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega", como reportó DW en castellano.

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Venezuela: sin comida, sin visitas, sin libertad

En Venezuela está sucediendo algo similar, aunque allí las liberaciones no han sido ordenadas directamente por Nicolás Maduro. "En las cárceles de Yare y El Rodeo fueron excarcelados 283 reclusos por la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, como medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19", dice el portal de noticias Efecto Cocuyo.

Las organizaciones defensoras de los derechos de los privados de libertad como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Una Ventana a la Libertad (UVL) han aprobado estas excarcelaciones, pero exigen que "se les otorgue a reclusos con delitos menores que hayan merecido el beneficio".

"En Venezuela no existen ni las condiciones mínimas para el cumplimiento de la protección de la salud de ninguna persona en una cárcel", dice a DW Manuel Virgüez, director de la ONG Movimiento Vinotinto, una organización defensora de los derechos de los presidiarios en Venezuela, "por ello", agrega el jurista Virgüez, "nos sumamos a la petición de las organizaciones internacionales".

AI: "Es hora de liberar a quienes nunca debieron entrar en prisión"

A petición de organizaciones humanitarias y de juristas, varias organizaciones internacionales de derechos humanos le han recordado a los Gobiernos la especial protección y la liberación de los reclusos. Amnistía Internacional (AI) lanzó un llamado advirtiendo que, en vista de los riesgos de la pandemia de coronavirus, "las autoridades deben apresurarse a devolver la libertad a todas aquellas personas que nunca debieron haber entrado en prisión; en concreto, los presos y presas de conciencia recluidos exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de otros derechos humanos".

A la falta de asistencia médica adecuada en las cárceles de Venezuela, Virgüez recuerda la dificultad, sobre todo para los presos pobres y sus familias, de que en su país no solo el sistema de salud está colapsado, sino también la distribución de gasolina, que antes era prácticamente gratis. "Los familiares ya no pueden llevarle comida a sus familiares reclusos porque no pueden pagar los altos precios de la gasolina en el mercado ilegal, debido a que el suministro, monopolizado por el Gobierno, está ahora en manos de mafias".

Un solo ejemplo de las dificultades adicionales a las que se enfrentan los venezolanos durante la pandemia de coronavirus lo muestra el caso de uno de los abogados del mismo Movimiento Vinotinto: "Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al abogado defensor de los derechos humanos, Henderson Maldonado, cuando acompañaba a un grupo de pacientes renales a solicitar un ticket para surtir gasolina en sus vehículos, este martes 31 de marzo", describe a DW Virgüez.

UVL estima que la población penal de Venezuela es de 110 mil presos. De estos 45 mil están en las cárceles y 65 mil en centros de detención preventiva o calabozos policiales. Manuel Virgüez, de Movimiento Vinotinto, por su parte, destaca que "no hay cifras oficiales, pero calcula que en Venezuela hay unos 339 presos políticos, entre ellos 200 son exmilitares o policías recluidos". Los exmilitares están concentrados en la Cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda, sin ninguna perspectiva de salir, a pesar del riesgo de la pandemia y las peticiones nacionales e internacionales.

Colombia: el virus ya entró, se propagó y volvió a salir de la cárcel

En Colombia, Villavicencio, una ciudad en el sureste del país, tiene otro problema: dos reclusos excarcelados por orden del Gobierno central murieron en sus casas víctima de COVID-19, establecido solo post mortem. Aquí, el virus ya había sido llevado a la cárcel, y luego transportado a las familias de reclusos. Felipe Harman, alcalde de Villavicencio, dijo este 15 de abril a BluRadio que ya son 15 las personas infectadas en la cárcel de su municipio: "2 del personal administrativo, 12 internos y un auxiliar”.

El Gobierno de Colombia dictó este 14 de abril el decreto 546 que busca realmente lo contrario: "Descongestionar las cárceles para prevenir contagios de COVID-19". El error, según Harman, es que el Gobierno de Iván Duque no pensó en una cuarentena para los excarcelados, que serían unos 4.000. Para ello, Harman ofrece una cárcel nueva y ya lista en su ciudad. Al parecer, el Ministerio de Justicia de Colombia no había previsto un protocolo de seguimiento epidemiológico a las personas que ya han ido y que pasarán de las cárceles a arresto domiciliario. Eso sí, no serán liberados ni los depredadores sexuales ni los de los dineros públicos.

(few)

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