Evo Morales critica protestas contra su gestión
24 de junio de 2012
Las manifestaciones, que dejaron decenas de policías heridos y varias oficinas policiales destrozadas, emergió como un nuevo cuestionamiento a la autoridad del presidente izquierdista Evo Morales, quien tampoco lograba detener una marcha indígena opositora que llegaría a La Paz en los próximos días.
Pese a la limitada presencia policial en las calles por tercer día consecutivo, no se reportaron hechos delictivos graves. El jueves fue feriado por el Año Nuevo Indígena y el sábado hubo una celebración masiva de la Noche de San Juan.
Choques entre policías
Denunciando una supuesta "traición" de sus dirigentes, policías encapuchados tomaron de nuevo el domingo la Plaza Murillo, donde están los palacios de Gobierno y legislativo, y chocaron con otros agentes que intentaban reanudar sus labores, según reportaron medios locales.
No estaban claros los argumentos de quienes rechazaban el acuerdo, que recogía las demandas salariales y administrativas de los suboficiales y policías amotinados y que fue firmado por varios ministros, jefes policiales y los principales dirigentes de la protesta. "No dudamos en decir que aquí hay afanes conspirativos", dijo a reporteros el ministro de Gobierno, Carlos Romero, al confirmar que varias horas después de la firma del documento persistía un alzamiento parcial de policías en varias ciudades.
Apoyo de policías a indígenas que protestan
"Pero hemos dado un paso muy importante para neutralizar esa acción", añadió, mientras la titular de Comunicación, Amanda Dávila, denunciaba que sectores de los amotinados habrían anunciado su decisión de sumarse a la marcha indígena. Dávila acusó a la líder de una asociación de esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, de promover el desconocimiento del pacto pese a que ella misma participó en la negociación y firmó el acuerdo.
Policías sublevados no identificados dijeron a radioemisoras que desconocían a los líderes de la protesta y que designarían nuevos representantes para reabrir la negociación con el Gobierno.
El convenio
En el todavía cuestionado convenio, el Gobierno aceptó que los salarios de los aproximadamente 32.000 policías de base del país sean "nivelados" con los de los funcionarios públicos, a partir de un mínimo mensual equivalente a casi 300 dólares.
Los policías se beneficiarán también con una renta de jubilación igual a la de su salario regular. El Gobierno aceptó también suavizar las sanciones recién puestas en vigencia en un reglamento disciplinario y crear la institución del "Defensor del Policía", medidas que deberán ser aprobadas por la Asamblea Plurinacional, que está controlada por el oficialismo.
Las autoridades se comprometieron finalmente a no castigar a los policías sublevados, según el convenio.
Fuente: dpa/Reuters
Editor: José Ospina-Valencia