Espionaje en nombre de la seguridad nacional

Tras saberse que el Departamento de Justicia de EE.UU. recopiló en secreto información de más de 20 líneas telefónicas de la agencia de noticias Associated Press, el presidente de AP, Gary Pruitt, calificó los hechos como una violación a la libertad de prensa. “No existe justificación posible” para la intervención, dijo Pruitt en una carta al secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder. “Consideramos esta acción como una grave violación del derecho constitucional de la agencia AP de reunir información e informar".

El departamento de Justicia compiló datos relevantes en los meses de abril y mayo de 2012, entre los que se incluyen llamadas laborales y privadas de periodistas de las oficinas de AP en Nueva York, Washington y Hartford, Connecticut, donde trabajan más de 100 periodistas. Según AP, no está claro si el Gobierno sigue interviniendo las llamadas, ni tampoco cuántos profesionales han sido afectados por el espionaje.

La agencia de noticias fue informada el pasado viernes (10.05.2013) de la acción mediante una carta del Departamento de Justicia. Sin embargo, la notificación fue recibida una vez que los datos habían sido recopilados por las autoridades. Esto significa que la agencia no tuvo oportunidad de apelar contra la medida.

“La recopilación de datos mediante el espionaje de los reporteros y reporteras de la AP es una grave violación a los principios sobre la libertad de prensa establecidos en la Constitución”, dijo a DW Jesselyn Radack, directora de Derechos Humanos y Seguridad del Proyecto para la Responsabilidad Gubernamental, una organización que se preocupa de la protección de quienes entregan información a la prensa.

Según AP, había interés en operaciones de la CIA en Yemen

Luego de reconocer la acción de espionaje, el Departamento de Justicia no ha explicado el motivo por el cual buscaba recopilar datos, según AP. Sin embargo, la agencia sospecha que las autoridades indagaban sobre un artículo de mayo de 2012 relacionado con un ataque terrorista frustrado en Yemen, que estaba basado en fuentes anónimas y que contenía información confidencial sobre una operación de la CIA que frustró un ataque de Al Qaeda contra una aerolínea comercial estadounidense.

Entre los periodistas espiados se encuentran cinco reporteros y un redactor que trabajaron en el artículo sobre el operativo de la CIA. Tres de ellos también participaron en una serie de artículos de investigación, aparecidos en 2012, sobre una operación de vigilancia policial sobre la comunidad islámica en Nueva York.

“El que los medios deban preocuparse de evitar que sus fuentes sean identificadas y sus métodos de investigación y contactos en el Gobierno sean espiados, tiene un grave efecto amedrentador sobre la libertad de prensa”, advierte Radack.

¿El Gobierno de Obama no sabía?

“Aparte de la información aparecida en los medios, no tenemos conocimiento de ningún intento del Departamento de Justicia de intervenir y recopilar datos telefónicos de la agencia AP”, dijo Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca. “Nosotros no estamos involucrados en las decisiones que se toman con las investigaciones en curso, pues eso depende del Departamento de Justicia”, dijo el vocero.

Sin embargo, Radack piensa que es difícil imaginar que la Casa Blanca no sabía lo que estaba sucediendo. La especialista representó en el pasado, entre otros, a Thomas Drake, un informante de la Agencia Nacional de Seguridad que fue acusado de pasar datos confidenciales al diario Baltimore Sun.

Si bien, teóricamente, el Departamento de Justicia opera de forma independiente, el presidente Obama sí tenía conocimiento del caso Drake, según Radack. “Si Obama no tenía información sobre el caso, primero debería despedir a Eric Holder y luego toda la información compilada en el marco de esta acción debería ser destruida”.

Medidas enérgicas contra los informantes

La Casa Blanca está aplicando mano dura contra los denunciantes, especialmente cuando se trata de información relacionada con la seguridad nacional. Con la ayuda de la legislación antiespionaje de 1917, el Gobierno de Obama ya ha emprendido acciones en seis casos donde se acusa a funcionarios de transmitir información confidencial a la prensa.

El mayor y más conocidos de estos casos es el de Bradley Manning, un analista de noticias de 25 años del Ejército de Estados Unidos, quien está acusado de filtrar más de 250.000 documentos diplomáticos secretos a WikiLeaks. Él está acusado de 22 cargos, incluyendo ayuda al enemigo, que está penada con cadena perpetua.

“Es una extensión del régimen del secreto que se instaló bajo el régimen de George W. Bush”, dijo a DW Radack. “Obama ha continuado con este principio, en su afán por ganar el apoyo del aparato de seguridad e inteligencia, que en un comienzo lo veían como un presidente débil. Finalmente esa forma de enfrentar el tema ha llegado también hasta los periodistas”, afirmó Radack.

Autor: Spencer Kimball / DZ
Editora: Cristina Papaleo