España: siguen protestas contra sentencia por abuso sexual

Manifestaciones en la calle y mensajes en la red denunciaron este sábado (28.04.2018), por tercer día consecutivo, la sentencia que condenó este jueves (26.04.2018) a cinco hombres por abuso sexual y no por violación a una joven que fue agredida en grupo en 2016.

Miles de personas se manifestaron de nuevo en la ciudad de Pamplona -donde se produjo la agresión- contra esa sentencia.

La manifestación estaba convocada por diversos colectivos feministas que mostraron su desacuerdo no solo con el actual Código Penal, sino también con la interpretación que hicieron los jueces y con el modelo patriarcal, que sitúan como el origen del problema.

Antecedentes

La sentencia de la Audiencia de Navarra del pasado día 26 condena a los cinco acusados a nueve años de prisión por abuso sexual continuado al entender que los abusos se produjeron sin el consentimiento de la joven, pero no se dio uso de la violencia ni intimidación, condiciones para que se considerara agresión sexual (violación), según la ley española.

La marcha de protesta estuvo encabezada por una pancarta en la que se leía: "no es abuso, es agresión: nosotras te creemos" y detrás, otra con el lema: "somos mujeres: no vamos a parar".

Desde ayer, miles de mujeres de distintos ámbitos están contando en Twitter los casos de agresión sexual que han vivido, lo que ha convertido en tendencia mundial la etiqueta #cuéntalo, una iniciativa de la periodista Cristina Fallarás.

Mujeres anónimas, pero también del ámbito público, como periodistas, escritoras y políticas se han sumado con sus historias o cometarios a la iniciativa, entre ellas la portavoz del partido Podemos (izquierda), Irene Montero, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El Gobierno español ya ha mostrado su disposición a consensuar con las principales fuerzas políticas una posible reforma del Código Penal, con el objetivo de adaptar las leyes a las demandas de la sociedad, que exige una "tolerancia cero" contra las agresiones a las mujeres.

Esta polémica sentencia no es definitiva y va a ser recurrida ante una instancia superior tanto por la víctima como por la Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra. (efe)

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