España: Reforma constitucional en aras de la estabilidad financiera
26 de agosto de 2011
El PSOE y el PP convinieron en establecer un techo al déficit público del 0,4 por ciento del PIB a partir de 2020. El acuerdo fue negociado a contrarreloj desde que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciara el pasado martes por sorpresa una propuesta de reforma constitucional para fijar un límite al déficit y al endeudamiento públicos para enviar un mensaje de "austeridad y rigor" a los mercados.
Principios generales
El acuerdo alcanzado por el partido gobernante socialista PSOE y el opositor PP, conservador, solo incorpora a la nueva Constitución un principio genérico de estabilidad presupuestaria que impide al Estado y a las comunidades autónomas incurrir en un déficit que supere los límites establecidos por la Unión Europea (UE).
El límite del déficit global del 0,4 del PIB (producto interior bruto) acordado entre los dos partidos no forma parte de la reforma constitucional, sino que se fijará en una ley orgánica que debe ser aprobada antes del 30 de junio de 2012. Para el Estado español, el límite será del 0,26 por ciento, mientras que las comunidades autónomas no podrán superar un techo del 0,14 por ciento del PIB.
Rubalcaba se impuso
De esta manera impuso su criterio el principal candidato del PSOE a las elecciones adelantadas del próximo 20 de noviembre, el ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, frente a la propuesta original de Zapatero, quien quería que el techo del déficit fuese incluido en el texto de la reforma constitucional.
Según el acuerdo pactado entre el PSOE y el PP, los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública global "solo podrán superarse en casos de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado".
“Sacrificio” de ofrenda para Merkel
La reforma de la Constitución, que será sometida a la aprobación del Parlamento el 2 de septiembre, fue una propuesta presentada originalmente por el PP (Partido Popular) el año pasado y rechazada en su momento por el PSOE (Partido Socialista Obrero Español). Sin embargo, también en esta ocasión varios destacados miembros del partido gobernante han expresado públicamente su desacuerdo con la reforma, al considerar que esta limita la capacidad de los gobiernos de llevar a cabo políticas sociales que beneficien a los sectores más golpeados por la actual crisis económica y financiera.
El socialista Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo, habló de un "sacrificio ritual a las exigencias de la señora Merkel", en alusión a la iniciativa lanzada recientemente por la canciller alemana Angela Merkel, compartida por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para que los países miembros de la UE incluyan en sus Constituciones un límite de déficit público.
Sindicatos exigen referéndum
El diputado socialista Antonio Gutiérrez fue aún más vehemente en su rechazo a la reforma al calificarla como un "disparate", una "atrocidad" y una "barbaridad". Gutiérrez acusó a Zapatero de estar haciendo "el último trabajo sucio a la derecha".
El partido Izquierda Unida (IU) y los principales sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), exigen que la reforma sea sometida a un referéndum y anunciaron movilizaciones sociales en apoyo a esta demanda. Según el coordinador de IU, Cayo Lara, la reforma significa el "entierro del Estado de bienestar". (dpa)
Editora: Emilia Rojas