Violencia contra afrodescendientes en Colombia

“Si el espacio se va, vuelve la violencia. Mi abuelo se fue por eso”, dice a DW una niña de nueve años. “La violencia es que los matan, los 'pican', los meten en el costal y los huesos aparecen por allá en el mar”, define la niña. Ha caído la noche ya en un Puente Nayero con escaso alumbrado. Los niños siguen jugando en la calle. Acompañantes internacionales y fuerzas de seguridad están en su sitio.

Antes del 13 de abril de 2014 no era así. “Teníamos que meternos debajo de la cama, ahí no llegan las balas”, dice la nena. Que en el espacio humanitario -una pequeña calle donde viven 306 familias y unas 1.100 personas- no haya habido asesinatos, convence.

Años de horror

Comenzaron a llegar en los años 40 del siglo pasado, desde las selváticas orillas del Naya, a tres horas y media en lancha. “De mis 33 años, todos los he vivido aquí. En el año 90 comenzamos a rellenar la calle, a pulso, con volquetas de basura. Somos una comunidad afro, la mayoría vive de la pesca, la madera y la venta en la calle de productos del Pacífico”, cuenta Isabel Castillo, lideresa de la comunidad.

En 2013 los paramilitares se instalaron ahí. “Se tomaron la calle el 2 de noviembre. Lo primero que hicieron fue matar a un joven a las 9 de la mañana frente a toda la comunidad. Instalaron su casa de pique al final de la calle; oíamos los gritos ”, dice Isabel.

¿La policía? “Le tenemos desconfianza. Hemos visto cómo hacía negocios con los paramilitares; hemos presenciado cómo se retira para que puedan asesinar a alguien. Si uno denunciaba, a los cinco minutos llegaban los “paras” a la casa”, añade.

La gota que derramó el vaso: “El asesinato de la señora Marisol. Andaba en faena de pesca con su esposo y el ayudante. Los paras los detuvieron para que pagaran 'la vacuna'. Fue a buscar la plata. Vio sangre en el mar. Comenzó a gritar, le metieron un machetazo en el cuello…”.

Entonces pidieron acompañamiento de la Comisión de Justicia y Paz, con observación internacional. En septiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares. ¿Saben quiénes son? “Sí, se han criado con nosotros. Pero luego se meten a los grupos por dinero, por las drogas”, dice Isabel.

Su comunidad -en parte sobrevivientes de una masacre en territorios ancestrales del Bajo Naya en 2001- cree que el objetivo final es desplazarlos, otra vez, a punta de miedo. “Yo he recibido ya cinco amenazas, dicen que me van a picar, pero no nos iremos. Rotundamente no. Aquí nací y aquí me quedo”.

Apoyo europeo

“Buenaventura es uno de los escenarios más problemáticos y complejos para el Estado colombiano”, comentó a DW Carlo Natale, ministro consejero de la delegación de la UE en Colombia. En septiembre de 2014 organizó la visita de ocho embajadores a la zona.

“Tenía el propósito de manifestar el apoyo de la UE al esfuerzo que están haciendo. Pero la situación es tan difícil que hay que tener cuidado incluso de visitar. Para no exponer a las comunidades a un castigo posterior”, apunta Natale. La UE ha intensificado su ayuda humanitaria en la zona.

“El problema de fondo es que el fracaso social es muy grave; el deterioro de derechos humanos es efecto de una falta de inclusión. El Estado colombiano no ha llegado a asegurar el control de la zona. No es la única, pero esta región es extrema en la dictadura de organizaciones criminales”, afirma Natale.

Un segundo espacio humanitario

Al escándalo por “casas de pique” en varios barrios de la ciudad portuaria, en abril de 2014 el gobierno colombiano reaccionó con mayor militarización (300 policías y 400 infantes de marina). E inició un programa de intervención social. En un año ha habido cerca de 280 detenciones de miembros de dos organizaciones paramilitares.

No obstante, 44 desapariciones, 20 hallazgos de cuerpos desmembrados y más de 13.000 desplazamientos enumera el último informe (marzo de 2015) de Human Rights Watch. La población está lejos de sentirse segura, la economía local lejos de ser saludable.

“De las hasta 100 lanchas que llegaban antes, no vienen ahora ni 12. Los obligan a pagar una vacuna de hasta 100.000 pesos (35 euros), “porque ellos cuidan”. Los comerciantes de madera pagan hasta 400.000 pesos mensuales. El día sábado hay que darles para el aguardiente. Las señoras que venden gallinas, tienen que entregar la más grande. Las que venden el marisco en la galería, la jaiba más grande, el mejor toyo”, cuenta Nieves Torres Angulo, funcionaria de la Alcaldía que ha recopilado la historia de todo el barrio.

Por todo esto -y viendo la calma, si bien frágil, de la calle contigua-, “cuando el 4 de abril mataron al comerciante Wilber, a 80 metros del puesto policial, tomamos la decisión. El 12 de abril, encontraron picado a Juan Carlos, que vendía agua de pipa. A mi hijo lo habían matado el 30 de julio. Yo misma estoy amenazada. No nos vamos para que no cojan la casa o comiencen a picar allí”, cuenta Nieves, promotora del segundo espacio humanitario de Buenaventura. Su inauguración se prevé para comienzos de junio.