Venezuela: escándalo por tepuy reaviva debate ecológico
17 de febrero de 2022
Los personajes de la alta sociedad venezolana no dudaron en presumir en redes sociales sobre su asistencia a un lujoso soirée en la cima del tepuy Kusari, una velada exclusiva sobre una de las abruptas mesetas de la Gran Sabana venezolana, en el Parque Nacional Canaima.
La escandalosa fiesta de cumpleaños de Rafael Oliveros, un magnate del turismo venezolano, continúa dando de que hablar entre activistas ambientalistas que, gracias a la indignación generalizada en redes sociales, han visto renovarse el interés en los daños ecológicos que la actividad humana sigue causando, descontroladamente, en Venezuela.
La periodista y socióloga Ángela Oráa estuvo entre las primeras en llamar la atención sobre los excesos de lujo y poder que permitieron a un selecto grupo de socialités acceder a estas áreas protegidas.
En entrevista con DW, Oráa explica que la sociedad venezolana está "cargada de frustración e incertidumbre" debido a la crisis que vive el país y cualquier detonante puede generar una protesta colectiva. "Esa celebración fue asumida en el inconsciente colectivo como una metáfora de riqueza del 'yo puedo hacer lo que me venga en gana' mientras el pueblo sufre y pasa hambre", dice.
Para Oráa, el disgusto colectivo se redujo, en principio, a "la manifestación de ostentación de una élite que se da el tupé de celebrar un cumpleaños, ataviados de etiqueta, en la cima de un tepuy". Sin embargo, para las iniciativas conservacionistas, el escándalo ha tocado una fibra más profunda.
Tras difundirse las imágenes, la ONG S.O.S. Orinoco no tardó en emitir un comunicado denunciando el atropello ecológico y la negligencia del Estado en preservar lugares protegidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, como lo es el Parque Nacional Canaima.
A las denuncias de S.O.S. Orinoco se han unido otras organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Tierra Viva, que promueve y ejecuta proyectos de desarrollo sustentable en Venezuela. El escándalo "sirvió de resorte para visibilizar otros problemas ambientales tan importantes o de mayor impacto", comentó a DW Alejandro Luy, quien dirige esta fundación.
Además, "hay una responsabilidad de distrintas instituciones del Estado en el cumplimiento de las leyes y los ciudadanos deben exigir que cumplan su trabajo", denuncia Luy.
Para el gerente general de Tierra Viva, es importante resaltar que, en Venezuela, los parque nacionales se ven afectados por "la minería, la contaminación producto de derrames petroleros, la deforestación y la mala gestión de residuos sólidos".
Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), concuerda con Luy y agrega que también existen "actividades turísticas sin control, en ambientes frágiles que tienen como principal objetivo la conservación, investigación y educación".
Tras este escándalo, la SVE ha visto la oportunidad de que sus denuncias lleguen a más personas. Morón explica que "esta atención de personas que no suelen consumir información ambiental, ha permitido que organizaciones existentes y con datos, puedan dar a conocer las diferentes problemáticas y se alerte sobre los diferentes ilícitos ambientales que día a día se cometen en nuestras áreas naturales protegidas".
Asímismo, la indignación de la población ha dado pie a que los entes del Gobierno se enfoquen en el tema ambiantalista. La fiscalía abrió una investigación y se inició un proceso administrativo contra Rafael Oliveros, por violar el Reglamento 276 sobre la Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales. Además, la Comisión Permanente de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional dio seguimiento a las denuncias y daños causados por la fiesta que se hizo viral en redes.
La sociedad civil, sin embargo, considera insuficiente la respuesta del Estado. Para organizaciones como SVE, "la política ambiental, principalmente en los últimos 10 años, es errática e incongruente con la legislación venezolana. No existe un ministerio del ambiente y la política nacional está dirigida al extractivismo. Ante ese panorama gubernamental, es difícil esperar una reacción transparente y sostenida en el tiempo", explica la ambientalista Vilisa Morón.
Para estas organizaciones, además de iniciar procesos administrativos a los responsables, es importante, también, reestructurar a lo interno las autoridades ambientales, hacer mas campañas de divulgación y, sobretodo, enfatiza Morón, "combatir y erradicar la actividad minera ilegal dentro de las áreas protegidas". (rml)