Escala la pugna entre el gobierno y la Justicia argentina

El caso del juez de la Corte Suprema argentina Carlos Fayt , de 97 años, a quien el gobierno argentino intenta remover de su cargo alegando que ya no está en condiciones de ejercerlo, marca la etapa más reciente de las varias embestidas del Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner por lograr un mayor control del sistema judicial.

La avanzada edad del juez Fayt es, sin duda, un buen argumento para el gobierno, pero también es real que si renunciara podría remplazarlo por un juez que responda mejor a sus propios intereses. Más aún dado que, a cinco meses de las elecciones, no es seguro que el kirchnerismo se mantenga en el poder y conserve su mayoría en el Congreso.

Causas abiertas

“Hay señales muy claras desde hace varios años de que el gobierno quiere conformar un sistema judicial afín a sus intereses”, explica Mariana Llanos, politóloga e investigadora del Instituto GIGA, de Hamburgo. “Es una pulseada con el Poder Judicial en un contexto preelectoral, pero es evidente que el discurso gubernamental intenta desprestigiar a este juez de la Corte argentina con el sólo argumento de la edad, tratando de inducir su renuncia y lograr una nueva vacante en la Corte”, señala. Esto también podría interpretarse como un intento del gobierno de protegerse de las múltiples causas judiciales a las que se enfrenta, como el juicio por falsificación de documentos al vicepresidente, Amado Boudou, la investigación de Hotesur, la cadena hotelera de los Kirchner, y la acusación a la presidenta por encubrimiento en el atentado al centro judío AMIA en 1994 que llevaba el fiscal Alberto Nisman, hallado muerto en su vivienda en enero de 2015.

“Necesidad de democratización del Poder Judicial”

“Este no es el primer gobierno que intenta introducirse en el Poder Judicial. De los últimos gobiernos, es uno de los que menos hizo en ese sentido. En esta puja entre el Poder Judicial y el gobierno de Cristina Fernández queda demostrada la necesidad de un cambio y una democratización en el sistema judicial argentino” opina, por su parte, Gabriela Agosto, socióloga y politóloga argentina del Instituto Ortega y Gasset de Madrid e investigadora de la Universidad del Museo Social de Buenos Aires. “Esto no es algo fácil de realizar debido a las estructuras de ese sistema, que son obsoletas, pero que cuentan con mucho poder y enormes privilegios." Además, el Poder Judicial también intenta lograr una continuidad de cara a un posible nuevo gobierno, como lo demuestra la reelección del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, hasta 2019.

En cuanto a las perspectivas a futuro, Gabriela Agosto dice que ve poco viable que se abra el nuevo mandato tras las elecciones con este tema. “Hay otros asuntos mucho más comprometidos, como la situación económica y social, como la inflación, que está golpeando a los sectores más pobres”, subraya la experta. Debido al sistema fuertemente presidencialista, tanto en Argentina como en toda América Latina, “la división de poderes es una línea muy fina que hay que cuidar mucho porque siempre pone en juego la institucionalidad”, explica.

Mariana Llanos opina, sin embargo, que este avance sobre el Poder Judicial se produce porque al gobierno argentino “no le gusta que le pongan límites”.”Espero que el próximo gobierno nombre magistrados como los que nombró en su momento Néstor Kirchner”, dice Mariana Llanos, “jueces progresistas que abogaron por la ampliación de derechos, en lo que fue una Corte de prestigio internacional. Sería una pena que el gobierno de Cristina Fernández derribara las conquistas que logró el gobierno de su fallecido esposo”, concluye.