Putin justificó la guerra en Ucrania con un falaz precedente
22 de marzo de 2024Tras meses de negociaciones infructuosas, el 24 de marzo de 1999 la OTAN intervino en la guerra civil entre el Ejército yugoslavo y las fuerzas de seguridad serbias, por un lado, y la milicia del ELK en Kosovo, por otro. Con ataques aéreos contra objetivos en Serbia, los Estados de la OTAN querían obligar al presidente serbio Slobodan Milosevic a poner fin a la limpieza étnica en Kosovo y evitar una catástrofe humanitaria que las Naciones Unidas temían en la región de Kosovo.
La ONU no impartió un mandato para los ataques militares, en los que murieron civiles, a pesar del uso de "armas de precisión”. La OTAN, bajo el liderazgo del presidente estadounidense Bill Clinton, arguyó una "intervención humanitaria" para evitar males mayores y para hacer cumplir las resoluciones de la ONU que Yugoslavia se rehusaba a aplicar.
Sin embargo, después de 25 años, son muchos los juristas especializados que opinan que dicha operación de la OTAN no estaba amparada por el derecho internacional.
Moralmente necesaria, pero no amparada por la ley
Según Wolff Heintschel von Heineigg en entrevista con DW, "la opinión predominante es que fue una violación del derecho internacional, porque ya se había dicho de antemano que sólo se tomarían medidas militares contra Serbia con la autorización del Consejo de Seguridad”. Von Heinegg enseña e investiga en la Universidad Europea Viadrina de Frankfurt an der Oder.
Las razones aducidas por los políticos occidentales para la intervención de la OTAN iban desde la protección de la población en Kosovo y la estabilización de la situación en los Balcanes Occidentales, devastados por la guerra, hasta el bloqueo del Consejo de Seguridad de la ONU por parte de Rusia y China. El entonces ministro alemán de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, también habló de una intervención moralmente necesaria para evitar masacres como las de Bosnia-Herzegovina. "Todas estas consideraciones están muy bien, pero el derecho internacional no lo elabora un pequeño grupo y no es derecho consuetudinario. Se necesita una gran mayoría de Estados a favor que no había", agrega Heintschel von Heinegg.
Rusia se inventa una justificación
El ataque de la OTAN contra Yugoslavia, que sólo terminó el 10 de junio de 1999, cuando Slobodan Milosevic se rindió, fue una especie de caída en desgracia, según el derecho internacional. "Los argumentos esgrimidos por los ocho Estados de la OTAN que participaron en esta campaña de Kosovo, los usó en su momento Putin cuando la anexión de Crimea", recuerda el experto, que describe las consecuencias: "Al anexionarse Crimea en 2014, Rusia invocó el supuesto precedente para proteger a la población de Crimea de una supuesta amenaza. Vladimir Putin siguió el mismo patrón tras la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, alegando que la población del este de Ucrania había pedido ayuda invocando la Carta de la ONU como justificación de la 'operación militar especial".
"Incluso si se reconoce la intervención humanitaria, los argumentos rusos son, por supuesto, absurdos. No cabe duda de que las condiciones que imperaban entonces en Kosovo -y solo menciono la tristemente célebre limpieza étnica- no se estaban dando en Crimea ni en el sureste de Ucrania", concluye el jurista.
Así pues, la situación de hace 25 años en los Balcanes Occidentales no puede compararse con la Ucrania actual. La invasión rusa y la guerra generalizada contra Ucrania siguen siendo ilegales, de acuerdo con el derecho internacional. "Esta es la factura que pagamos por aquella misión en Kosovo: ahora nos enfrentamos a los mismos argumentos de entonces, aunque los hechos sean, por supuesto, fundamentalmente diferentes", explica Heintschel von Heinegg.
Mientras la reevaluación jurídica de la operación de la OTAN contra Yugoslavia quedó en nada, tanto en el Tribunal de las Naciones Unidas para Yugoslavia como ante los tribunales internacionales, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ha ordenado a Rusia el cese de todas las operaciones de combate en Ucrania en marzo de 2022. Sin embargo, Rusia hace caso omiso de la orden.
(jov/ms)