El sueño de unas normas sociales y ecológicas para todos

El funcionario británico Thomas Dodd apenas recibe visitas en su pequeña oficina de la Comisión Europea. Sobre su mesa se amontonan folletos de consorcios internacionales. Encima de todos destaca uno de American Tobacco –una impresión de lujo. Dodd lo aparta de prisa. Parece incómodo. Y es comprensible.

Este funcionario pertenece a la Dirección General de Empresas e Industria, en la Comisión Europea. Dodd desarrolla normas para regular la responsabilidad social y ecológica de las empresas europeas en todo el mundo. Su dilema, el de la Unión Europea (UE): ¿cómo imponer normas y límites a quienes deben sobreponerse a la competencia de China o de la India para garantizar empleos y bienestar a unos 500 millones de ciudadanos europeos?

“Las empresas contribuyen hoy fuertemente al desarrollo de los Estados más débiles, a la lucha contra la pobreza y a los derechos humanos”, celebra Dodd. Hay también otros casos, pero son excepciones, asegura. Así que la Comisión Europea –a la que generalmente no le disgusta para nada la imposición de obligaciones– apuesta, en este ámbito, por el principio de voluntariedad.

Les ha tocado a las organizaciones no gubernamentales llamar repetidamente la atención sobre empresas europeas involucradas directa o indirectamente en la explotación desmedida de la naturaleza y de las personas en países emergentes y en vías de desarrollo.

La organización alemana Germanwatch Iniciativa Norte-Sur cita el ejemplo de los supermercados de descuento ALDI. La cadena se incorporó a la Iniciativa para la Responsabilidad Social de la Empresa –internacionalmente conocida como Business Social Compliance Iniciative (BSCI)– luego de que se conociera que un ex proveedor chino de textiles sometía a sus trabajadores a condiciones laborales semejantes a la exclavitud.

En el marco de esta inicitiva, más de 500 empresas se comprometen voluntariamente a respetar las normas internacionales de protección del trabajador y del medio ambiente. Pero “de buenas intenciones está plagado el camino al infierno”, reza la sabiduría popular: el cumplimiento de este compromiso sólo es controlado por las propias empresas firmantes. Y, peor aún: ¡los resultados del control no se publican!

El principio de voluntariedad es, en sí mismo, positivo, dice Sven Giegold. Este alemán, fundador de la organización "altermundista" attac (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos), representa ahora a Los Verdes en el Parlamento de la UE.

Sin normas vinculantes, explica Giegold, los costos adicionales de la responsabilidad social de quien realmente actúe voluntariamente conforme a lo establecido afectarán su competitividad frente al resto. Es por eso que se hace “absolutamente necesario” que la UE establezca estrictas normas legales.

Es lo mismo que exige la Coalición Europea para la Justicia Corporativa (ECCJ, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa de unas 250 ONGs europeas como Germanwatch aboga en Bruselas por que las empresas europeas respondan por el cumplimiento de estándares sociales y ambientales en toda la cadena productiva y comercial en que están involucradas. O sea, que lo exijan tanto a sus sucursales como a sus proveedores en otros países.

En segundo lugar, las corporaciones deberían rendir cuentas, públicamente, sobre las consecuencias sociales y ecológicas de sus negocios, pide la ECCJ. Así, los consumidores dispondrían de información para decidirse por productores responsables.

Gustavo Hernández, de ECCJ, explica una tercera exigencia: “Se debe ofrecer acceso a los tribunales europeos a las personas de países en vías de desarrollo que han sido afectadas por firmas europeas”. En el caso de ALDI, por ejempplo, los trabajadores chinos afectados no pudieron denunciar a la cadena –contratadora indirecta de esa fuerza laboral– antre ningún tribunal alemán o europeo.

Las razones las aclara el funcionario de la Comisión Europea, Thomas Dodd: “Toca en primer lugar a los Estados afectados asegurarse de pedir cuentas a las empresas criminales”. Aunque esto no es tan fácil, lamenta. Es por eso que la UE ayuda a estos países a hacerse de un aparato legal y de Gobierno eficiente.

La UE actúa con una doble moral en este tema, se incomoda el diputado ambientalista Giegold. “Los valores europeos siguen despertando el interés de muchos: combinar la libertad individual, la democracia y los derechos humanos con una economía eficiente es el sueño de mucha gente. Pero, al mismo tiempo, hay que ver cómo se comportan nuestras empresas en otras partes del mundo. Ello resta credibilidad a ese sueño europeo”, advierte Giegold.

No faltan, sin embargo, las pequeñas esperanzas: este 13 de julio, la Comisión publicará una nueva estrategia sobre responsabilidad empresarial. A finales de año se quiere presentar además un proyecto de ley, que obligaría a las empresas a reportar sobre las consecuencias sociales y ecológicas de su accionar. Aún se negocian detalles importantes. Y ojalá sea el principio de un mejor final.

Autora: Katrin Matthaei (Bruselas) / Rosa Muñoz Lima

Editora: Emilia Rojas-Sasse