El Salvador: piden reabrir causa por masacre de jesuitas
27 de noviembre de 2017
"Hemos pedido al Juzgado Tercero de Paz la reapertura del caso de la masacre en lo que respecta a los autores intelectuales", dijo en conferencia de prensa el rector de la (UCA), Andreu Oliva, tras presentar un escrito en el tribunal.
Los religiosos buscan dar marcha atrás al sobreseimiento que dictó el mismo tribunal en diciembre del 2000 a favor del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y 6 militares, quienes formaban parte de la cúpula militar del Ejército, por la prescripción del delito y la existencia de una ley que amnistiaba los crímenes de la guerra civil (1980-1992).
Crimen de lesa humanidad
El abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Arnau Baulenas, señaló que la masacre es un "crimen de lesa humanidad", por lo que es "imprescriptible" y no puede ser amnistiado, como lo estableció en julio de 2016 la Sala de lo Constitucional en una sentencia que anuló la ley de amnistía de 1993.
"Es por ello, y como también se ha dado en otros procesos de crímenes de guerra o lesa humanidad ocurridos durante el conflicto, que se pide la reapertura para satisfacer dos derechos básicos que tienen las víctimas, como el derecho de acceso a la justicia y a la verdad", añadió Baulenas.
Además de Cristiani los jesuitas acusan a los generales en retiro Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, al difunto René Emilio Ponce y al coronel Inocente Montano.
Estrategia letal de "tierra arrasada”
Todos son parte de la generación de graduados de la Escuela Militar de 1966, conocida popularmente como "La Tandona", que dirigieron a la Fuerza Armada durante buena parte de la guerra e implementaron la estrategia contrainsurgente de "tierra arrasada", requeridos también por la Justicia española.
La noche del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, sus colaboradoras de los religiosos.
Por esta masacre solo guarda prisión el coronel Guillermo Alfredo Benavides, uno de los dos condenados a purgar 30 años de cárcel en un juicio en 1992, pena que la UCA ha pedido sea conmutada.
JOV (efe, elmundo.sv)