El Salvador: Supremo y ONG enfrentados por El Mozote
7 de diciembre de 2019El Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador, adscrito a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), negó este viernes (06.12.2019) la supuesta pérdida de las muestras genéticas de familiares de víctimas de la masacre de El Mozote (1981), que había denunciado la organización de derechos humanos Tutela Legal "María Julia Hernández”.
La organización aseguró el 28 de noviembre que el atraso en la entrega de osamentas exhumadas, en 2016, por parte del IML a las familias se debía a que el material genético había caducado por su mal almacenamiento. Según Wilfredo Medrano, abogado de las víctimas–en un proceso penal contra 16 militares retirados- voceros del IML habrían explicado que el ADN recogido de varios parientes no fue bien guardado, por lo que no se pudo realizar la comparación de los restos extraídos para establecer las identidades de las víctimas.
"No se han extraviado. Lo que pasó es que las muestras de ADN se envejecieron (…) después de tres años que se realizaron las pruebas y no se conservaron adecuadamente. Pues claro que hoy ya no sirven. Esto es una irresponsabilidad de Medicina Legal", dijo Medrano. Agregó que un total de 25 personas llegaron al IML en busca de recibir las osamentas de sus familiares pero deberán esperar más.
María Trinidad Díaz –una de las personas que aún buscan los restos de sus parientes asesinados en El Mozote- dijo haber tenido la esperanza de recibir las osamentas de sus hermanos. "Me llamaron de Medicina Legal y fui a San Miguel. Ahí me dijeron que hubo un problema con la sangre y que tenían que hacerme otras pruebas para ver si (una de las 29 osamentas) son mis familiares", explicó resignada a la prensa.
Corte Suprema de Justicia responde
Ante esto, la CSJ difundió este viernes un comunicado -fechado el 5 de diciembre- en el que señala que el IML "desmiente categóricamente el extravío de muestras de ADN", que "cuenta con todas las muestras extraídas en el año 2016 a familiares", que habrían sido "resguardadas con las cadenas de custodia correspondientes". La entidad explicó que algunos resultados de las muestras fueron analizados nuevamente "obedeciendo única y exclusivamente a procedimientos de control de calidad".
Por esta masacre -declarada como crimen de lesa humanidad- son procesados 16 mandos militares retirados, entre ellos el exministro de la Defensa Guillermo García. Los cargos que se les imputan son asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo, delitos elevados a la categoría de crímenes de guerra.
ama (efe, La Prensa Gráfica, ARPAS)
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