El Salvador conmemora la paz con señales de autoritarismo

El Salvador conmemora este 16 de enero un aniversario más de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a doce años de guerra que enfrentó militarmente a la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES).

El conflicto -que explotó en 1980 y finalizó en 1992- dejó miles de muertes y desapariciones de civiles, reportes de torturas y que el nombre de esta nación centroamericana estuviera ligado a la de masacres como las de El Mozote, Sumpul y la de los mártires de la UCA.

"El objetivo de ponerle fin al conflicto se logró y el diálogo entre las fuerzas en pugna fue un ejemplo”, dice a DW el director de Estudios Legales de la conservadora Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Javier Castro. Por su parte, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), el jesuita José María Tojeira, concuerda que en 28 años "no se puede negar que ha habido un avance en la organización democrática de El Salvador”.

Los Acuerdos de Paz -firmados en el mexicano Castillo de Chapultepec- incluyeron reformas a la FAES para desligarla de la seguridad ciudadana y la creación de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, se fortaleció la independencia del Órgano Judicial y de la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo, el FMLN dejó las armas y se convirtió en un partido político que logró ganar dos veces la Presidencia de la República, primero con Mauricio Funes y luego con Salvador Sánchez Cerén.

"Se creó todo un andamiaje institucional alrededor de los derechos de los ciudadanos. Donde fallamos es en la aplicación de las leyes por parte de esas instituciones”, declara Castro. "El Estado no está dando un servicio de calidad en cuanto al desempeño de sus funciones. Ahora, por ejemplo, estamos viendo escándalos de servidores públicos por nepotismo, clientelismo político y plazas fantasmas”, agrega el representante de FUSADES.

Tojeira explica a DW que aunque hay signos de "una democracia más estable”, el problema es que "hay instituciones relativamente buenas, pero se pone al frente de ellas a personas que no son las adecuadas”. El director del IDHUCA incluye, dentro de los organismos deficientes, a la Fiscalía General, porque "todavía es demasiado centralizada, autoritaria y, como es elegida por los partidos políticos, es, con frecuencia, demasiado politizada y al servicio de quien tiene el Ejecutivo”.

Las causas del conflicto siguen presentes

"Los Acuerdos de Paz ayudaron a resolver el camino a la democracia formal, pero no incidieron en las condiciones económicas y sociales del país. La guerra fue causada por dos factores: la lucha contra el autoritarismo militar y por una reivindicación dada la pobreza existente. Este último punto no ha sido tocado y ha generado otro tipo de violencia”, asegura Tojeira.

Castro acepta que "tenemos problemas en el país que debemos atender y en lo que se falla es en el seguimiento de muchos de los puntos de los Acuerdos que tenían que tratarse. Hubo una desconexión entre las necesidades de los ciudadanos y las respuestas que daban los gobernantes y los actores políticos”.

Por otra parte, ambos analistas expresan preocupación por una serie de decisiones del actual presidente, Nayib Bukele, que denotan "señales de autoritarismo”. Allí se incluyen la restricción de la libertad de expresión de la prensa y de activistas, así como del progresivo uso de la FAES en la lucha contra el crimen organizado.

Tojeira señala el peligro del "respaldo creciente a los militares” en acciones y financiamiento castrense para tareas de seguridad pública.Además, "el presidente Bukele llegó a decir que si no descendían los homicidios, les iba a quitar las medicinas a los enfermos de las cárceles. Eso es intolerable desde el campo de los derechos humanos, porque los que están presos no están matando afuera”, afirma el jesuita.

"Sí hemos tenido problemas muy serios de seguridad ciudadana y los seguimos teniendo. El punto es que la Constitución establece requisitos para la intervención de la FAES, pero no se han cumplido. Simplemente el decreto para su participación en la administración de seguridad pública se ha ido prorrogando desde 2009, con lo que la excepción se ha convertido en la regla, lo que no quiere decir que no sea justificable”, asegura Castro.

En tanto, el Congreso salvadoreño debate la Ley de Reconciliación, un nuevo decreto que brindaría base legal ante las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. Mientras el Parlamento discute, dos firmantes de los Acuerdos de Paz y expresidentes de El Salvador son señalados por víctimas de la guerra que les denuncian como sus agresores. (dz)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |