El pacto UE-Mercosur tiene gran impacto ambiental

De los diecisiete capítulos en que se divide el acuerdo de libre comercio suscrito por la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur) en junio de 2019, el que más repercusiones ha tenido hasta el momento no alude a condiciones de negocios ni a aranceles aduaneros, sino al desarrollo sustentable y a la protección del medioambiente. Aunque el pacto en cuestión aún está por ser aprobado definitivamente, ese capítulo fue citado por los países comunitarios para persuadir a Brasil de implementar políticas concretas contra la tala y la quema ilegal en la selva amazónica, y de combatir activamente los extensos incendios que la azotan.

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, fue tajante al anunciar que votaría en contra del tratado de libre comercio con el Mercosur si su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, no honraba sus compromisos en materia ambiental. El mandatario francés, Emmanuel Macron, hizo declaraciones similares y desató fuertes reacciones en Brasilia: Bolsonaro rechazó los recursos económicos que Macron le ofreció en nombre del Grupo de los Siete, sugiriendo que el dinero era una afrenta a la soberanía de su país. No obstante, el Ejecutivo brasileño cedió a la presión y le ordenó a las Fuerzas Armadas involucrarse en la extinción de los fuegos amazónicos.

Asunto de Estado

Eso es lo que significa tratar el medioambiente como asunto de Estado. Sin embargo, la opinión de que el convenio UE-Mercosur garantizará la defensa de la flora y la fauna al vincular el intercambio mercantil con el desarrollo sustentable no es unánimemente compartida. Para el abogado Werner Grau, socio del bufete brasileño Pinheiro Neto, especializado en Derecho Ambiental, el acuerdo interregional es esencialmente económico y no deja claro cómo serán aplicadas algunas reglas incluidas en el capítulo sobre desarrollo sustentable. El catedrático Rabih Nasser es más optimista: las obligaciones ambientales no son “mera retórica”, asegura.

Este profesor de Arbitraje, Derecho y Comercio Internacional de la Fundación Getulio Vargas alega que la inclusión de un mecanismo para la solución de conflictos en la sección dedicada al desarrollo sustentable evidencia la importancia que se le da a este tópico. Ningún país y ningún bloque puede obligar a un Estado a adoptar leyes o a implementar determinadas políticas públicas, pero Nasser subraya que el tratado de libre comercio contará con recursos, como consultas formales y paneles de especialistas, para mediar cuando un país o un bloque considere que un Estado ha incumplido sus compromisos en el campo ambiental.

Responsabilidades comunes

Si se llega a la conclusión de que un país comunitario o del Mercosur ha violado una regla, éste puede ser sancionado mediante la imposición de barreras comerciales. Por su parte, Grau arguye que es precisamente en este punto donde se dejan apreciar las “zonas grises” del capítulo alusivo al desarrollo sustentable en el tratado de libre comercio. Aunque el texto establece que los países no pueden dejar de aplicar leyes ambientales para obtener beneficios económicos, demostrar que un Gobierno ha actuado en ese sentido siempre será extremadamente difícil. Grau pone como ejemplo los incendios en la selva amazónica.

“¿Esos incendios tuvieron lugar por el debilitamiento o la suspensión de medidas? No hay prueba de eso. Ya hay un grupo diciendo que acusará a Brasil de haber perpetrado un ecocidio ante la Corte Penal Internacional. Pero, ¿dónde está la evidencia de la voluntad del Estado brasileño de hacer o permitir que la selva arda? No basta decir que una serie de incendios prueban la falta de protección de la selva amazónica”, señala Grau, agregando que el respeto a la soberanía de los Estados y el reconocimiento de los distintos grados de desarrollo de los países pactantes son puntos centrales del convenio de libre comercio UE-Mercosur.

“Tenemos que considerar el escenario de las responsabilidades comunes y diferenciadas. Brasil es el país cuyo territorio tiene la mayor área protegida del mundo. Desde el punto de vista legal, ningún otro país protege un área tan grande como la nuestra. Si hay deficiencias, tenemos que discutir mecanismos de auxilio internacionales que no amenacen nuestra soberanía”, sostiene el abogado. Nasser esgrime que nadie pretende obligar a Brasil a aplicar políticas ambientales específicas, “pero un país no puede ignorar las reglas del acuerdo sin correr el riesgo de perder los beneficios de ese pacto, el más importante jamás firmado por el Mercosur”.

(erc/cp)

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