El 17 de marzo pasado fueron encontrados los cuerpos calcinados de 5 mujeres en Celaya, Guanajuato, en uno de los miles de tiraderos humanos clandestinos que existen en todo México. Ahí quedaron reducidos a cenizas el aliento y los sueños de Mariana Gutiérrez (19 años), Yoselin Daniela Zamorano (20 años), Sandra Daniela Paredes (24 años), Berenice Reséndiz (25 años), Rosa María Ramírez (42 años), y Gabriela Barbosa (48 años), con la perversa complicidad del Estado mexicano por acción u omisión. Aún falta establecer qué sucedió con Yoselin Daniela, que el 7 de marzo viajaba con las otras cinco mujeres cuando fueron privadas de la libertad por un supuesto comando armado.
Dos días después del infame hallazgo, el 19 de marzo en una manifestación popular convocada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para festejar el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera en pleno Zócalo de la Ciudad de México fue quemada simbólicamente otra mujer: la ministra Norma Piña electa en enero de 2023 Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la mayoría de los ministros.
Un grupo exaltado de seguidores de AMLO golpearon enardecidos una piñata con el rostro de la magistrada mientras gritaban "¡Fuego, fuego!”, "¡Fuera Piña!”, y "Es un honor estar con Obrador”, haciendo clara referencia a su líder, el presidente de México.
La violencia irracional y desbocada que causó que la vida de cinco mujeres quedara en cenizas, es la misma que causó la quema simbólica pero atroz de la ministra Piña. Una violencia propagada por la impunidad y la simpatía de AMLO hacia miembros del crimen organizado, y la campaña de odio del mandatario contra quienes no están dispuestos a ser sus incondicionales.
El linchamiento contra la ministra Piña fue alentada por López Obrador porque desde que fue electa emprendió contra de ella una campaña de odio y descalificaciones a través de sus conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, igual que ha hecho contra periodistas, intelectuales, académicos, ONG's y cualquiera que cuestione a él y a su gobierno.
Pero Andrés Manuel López Obrador es uno que tira la piedra y luego esconde la mano para evadir su responsabilidad. Esta actitud de cobardía e irresponsabilidad es cada vez más peligrosa para todos los ciudadanos sin importar su clase social, religión ni simpatías políticas porque la violencia es como un perro rabioso que al final desconoce hasta a su propio amo.
El perverso juego de abrazar o alentar la violencia
La política institucional, de Estado, de "abrazos y no balazos" hacia el crimen organizado, así como las constantes muestras públicas de simpatía de AMLO hacia miembros del crimen organizado y sus familiares, alienta la idea a los criminales de que tienen patente de corso para cometer cualquier tipo de atrocidad.
Una de las últimas muestras de simpatía fue cuando López Obrador califico al narcotraficante Jesús Zambada, hermano de Ismael "El Mayo” Zambada como "derecho”, es decir leal, creíble, respetable.
Aunado a esto el gobierno de López Obrador ha dejado claro que para él hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, lo cual deja en mayor indefensión a la población, sobre todo la más pobre y son menos instrumentos para protegerse.
Cuando cuatro ciudadanos estadounidenses fueron desaparecidos el 3 de marzo en Tamaulipas, según la versión oficial por un grupo denominado Escorpión, perteneciente al Cartel del Golfo, gracias a la presión ejercida por gobierno de Estados Unidos el gobierno de AMLO actuó enseguida y logró rescatar con vida a tres de las cuatro personas privadas de la libertad por la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos a quien, aunque quiera, no puede darles atole con el dedo, como se dice coloquialmente.
En cambio, las seis mujeres que se transportaban juntas en Guanajuato fueron desaparecidas apenas unos días después del caso de Tamaulipas, supuestamente por el mismo grupo criminal, pero no corrieron con la misma atención del gobierno. No fueron buscadas inmediatamente y ahí están los resultados.
En el caso de la ministra Piña, López Obrador la ataca no porque tenga algún argumento de fondo para decir que en la carrera de la ministra haya elementos de deshonestidad, la ataca porque él tenía como candidata a presidir la SCJN a Yasmín Esquivel, esposa del empresario José María Riobóo, consejero de AMLO y contratista privilegiado cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero Esquivel vio sus intenciones se vieron truncadas cuando fue denunciada por haber cometido plagio en tu tesis para obtener la cédula profesional de abogado. Plagio que fue comprobado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sobre el acto de violencia contra la ministra Piña está el antecedente de la campaña de ataques en su contra por parte de AMLO sin fundamento ni argumentos, y las amenazas de muerte en redes sociales que recibió el 2 de marzo haciendo eco al extremo a los ataques verbales del Presidente.
De las cinco jóvenes calcinadas hasta ahora no ha merecido por parte de López Obrador ni un comentario como si fueran madres, esposas o hijas de nadie. No lo hace porque tendría que reconocer que el país feliz y seguro que dice en el discurso que existe gracias a su gobierno, es una fantasía, y porque tendría que decir que la militarización de la Guardia Nacional no ha dado ningún resultado hasta ahora.
Y respecto al caso de la quema simbólica de la ministra AMLO también evade su responsabilidad, dijo: "…son expresiones muy minoritarias de nuestro movimiento, la mayoría de la gente está muy consciente de que se debe seguir luchando por la vía pacífica y que vamos muy bien”.
Es claro que las acciones, omisiones y lenguaje del Presidente y su gobierno son copartícipes de la escalada de violencia del crimen organizado en el país. Es una responsabilidad ineludible. Aún así AMLO prefiere mirar hacia otra parte mientras el llano está en llamas.
La quema real de las cinco mujeres en Guanajuato y la quema simbólica de Norma Piña en el Zócalo son dos hechos de agresión inadmisibles contra las mujeres que provienen de la misma matriz: la violencia. Y ésta es alentada cotidianamente desde Palacio Nacional.
Primera llamada desde Estados Unidos
No hay peor ciego y sordo que el que no quiere ver ni escuchar. Mientras AMLO evade su responsabilidad el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos señala con claridad su papel en el caos que se vive en México. Esta semana dicha oficina publicó su Informe sobre los derechos humanos correspondiente al 2022, que abarca una evaluación sobre ese rubro por región del planeta y país. Lo elaboran anualmente y lo entrega al Congreso.
Respecto a México no hay lugar para medias tintas. Han solo remarcado lo que es evidente y probado, y que ha sido tema de ésta colaboración desde que comencé a escribir en DW que el crimen organizado opera con la complicidad de parte del gobierno de México de todos los niveles, y que el Ejército y autoridades responsables de la seguridad pública y procuración de justicia como la Fiscalía General de la República y fiscalías locales son violadoras de derechos humanos y cometen ejecuciones sumarias.
Aquí pongo solo algunas de las afirmaciones contundentes del informe:
- "Los grupos criminales, especialmente los cárteles de la droga y las pandillas, estuvieron implicados en numerosos asesinatos, actuando con impunidad y, en ocasiones en complicidad con funcionarios federales, estatales, locales y de seguridad corruptos”.
- "Hubo varios informes de que entidades gubernamentales o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos, a menudo con impunidad”.
- "En abril, miembros de la Guardia Nacional mataron al estudiante Yael Ignacio Rangel e hirieron a Alejandra Carrillo Franco luego de abrir fuego contra el vehículo de los estudiantes en Irapuato, Guanajuato, cuando el conductor no hizo caso a una parada de tránsito…”
- "El 31 de agosto, funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mataron a Heidi Mariana Pérez, de cuatro años, e hirieron a su hermano Kevin Pérez en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando dispararon contra el vehículo en el que viajaban los niños…”
- "Hubo informes de numerosas desapariciones forzadas por parte de grupos criminales, a veces con denuncias de complicidad con las autoridades. Las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas por delitos de desaparición forzada fueron raros”.
- "Según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que coordina las labores de búsqueda estatales y federales, al 2 de diciembre había 108.521 personas desaparecidas o desaparecidas en el país… El mayor número de casos registrados ocurrió durante el año (2022), con 9,684 reportados como desaparecidos o no localizados en comparación a los 9,624 reportados en 2021.
- "Al 30 de diciembre (2022) los estados de la Ciudad de México (2,455), Nuevo León (2,441) y Veracruz ( 1.557) reportó la mayor cantidad de desapariciones”, indica el reporte. Es decir, el lugar donde más personas han desaparecido es donde gobierna el partido oficial MORENA con Claudia Sheinbaum, la candidata de AMLO para sucederlo en la Presidencia para 2024, siendo Secretario de Protección Ciudadana Omar García Harfuch, miembro del grupo policiaco encabezado por el narco policía Genaro García Luna.
López Obrador se encuentra ante un problema que lo sobrepasa: tiene la visión muy corta y ficticia de sí mismo, de su efímera presidencia y de la propia historia universal. Lanza alpiste a los cuervos, sean del crimen organizado o huestes de la 4T. Los cría, los hace crecer, pero esos mismos cuervos son los que pueden ser su propia ruina.