El fantasma del fracking vuelve a amenazar a Colombia

El próximo 7 de junio la Alianza Colombia Libre de Fracking (ACLF) saldrá a la calle para reivindicar que no se implemente el desarrollo de esta práctica en el país. La red, que el año pasado presentó un proyecto de ley para prohibir esta actividad, protestará así a la inclusión de la misma en el plan nacional de desarrollo que se dio a conocer recientemente.

Según un reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en 2018 se obtuvo una producción promedio de 865.000 barriles de crudo al día. "Este informe ratifica la importancia de seguir reactivando el sector de hidrocarburos y desarrollar nuevas fuentes que nos permitan asegurar nuestra autosuficiencia energética", dijo la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez Londoño, en un comunicado el pasado 13 de mayo.

"El gas natural es un combustible fundamental para la transformación energética. (...) Las proyecciones muestran que si no encontramos nuevas fuentes en 2021-2023, podríamos necesitar gas importado para suplir la demanda de gas domiciliario en algunas zonas del país, a un precio de más del doble del costo interno", alertó.

Así, el gobierno colombiano anunció que reactivará la exploración en la superficie terrestre del país y el análisis de proyectos piloto de investigación de yacimientos no convencionales. Esta última decisión ha provocado un gran malestar social debido a que, durante la pasada campaña electoral, el presidente Iván Duque se comprometió a no desarrollar esta actividad en el país.

“La explotación de hidrocarburos ha sido el modelo económico preferido durante las últimas décadas”, recordó a DW Florian Huber, Director de la oficina de Colombia de la Fundación Heinrich Böll. Por eso, el fracking es “un asunto prioritario de política pública porque están en juego bienes comunes como el agua, el aire y los suelos; la salud pública, los impactos de la dependencia económica de los hidrocarburos y la construcción de paz”.

Ventajas e inconvenientes del fracking

Las estimaciones sobre el aporte de estas reservas son elevadas. “De 2.400 a 7.000 millones de barriles serían adicionados al portafolio actual, un incremento importante en la autosuficiencia por alrededor de 10 años”, detalló a DW, Carlos Alberto Leal Niño, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. “Con la venta del crudo vamos a tener unos ingresos de 10.000 millones de dólares en 15 años. Esto sin contar toda la inversión que se genera en el país, unos 5.000 millones por año, por el desarrollo de esta actividad, además de las fuentes de empleo que se generarían en las regiones productoras”, subrayó.

No obstante, para Juan Manuel Rengifo, investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de Colombia, “económicamente no se justifica que los ingresos de la nación sigan dependiendo en gran medida del sector extractivo, y particularmente de los hidrocarburos, un recurso escaso en Colombia”.

El investigador enumera algunos riesgos a tener en cuenta como la “afectación a la calidad y cantidad de agua, contaminación del aire, afectación al modo de vida de las comunidades”. No obstante, para Leal, “los casos que realmente han sido reportados, son muy aislados, no concluyentes” y llamó a “hacer unos pilotos, como fueron recomendados por el Consejo de Expertos, en el cual podamos evaluar todos y cada uno de los impactos que puedan a llegar ser definidos dentro de las actividades de exploración y explotación de los recursos”.

Conflicto de intereses

Desde el Ministerio de Minas y Energía, aseguran que se ha buscado “generar una discusión y una evaluación científica, responsable y rigurosa sobre el tema”. Para ello, el pasado mes de noviembre, el gobierno creó una comisión de expertos que ha analizado y formulado recomendaciones. Igualmente, asegura que se han llevado llevado a cabo una revisión del marco regulatorio técnico y ambiental existente, así como un análisis de la seguridad energética del país.

Sin embargo, desde el OCA, Rengifo critica que la mayoría de miembros de dicha comisión son “personas vinculadas con el sector de minas y energía”. Aunque considera que “no es negativo por sí mismo”, reconocen que “pueden sesgar las conclusiones a las que llegaron”.

¿Cómo influye la participación de políticos en empresas privadas, quienes después regresan a la política? “Las 'puertas giratorias' muestran la cercanía entre las políticas gubernamentales y los intereses económicos de las grandes empresas petroleras en el país”, asegura Huber. “Las consultas populares, que ofrecían un mecanismo de participación política democrática y decentralizada, de cierta forma habrían podido tener un importante papel como contrapesos a la toma de decisiones gubernamentales a nivel nacional”, explicó a DW. “Lamentablemente, la Corte Constitucional, cuyos nuevos magistrados electos provienen del sector empresarial y gubernamental, decidieron declarar la improcedencia de estos mecanismos”, agregó.

Para el senador Jorge Eduardo Londoño, de la Alianza Verde, la sociedad civil será clave para “parar esta andanada contra la naturaleza”. En este proceso cuenta con diversos apoyos. “El Consejo de Estado ya ha emitido un pronunciamiento en el cual pide que se suspenda la fracturación hidraúlica. La Contraloría General de la Nación también emitió un concepto y el Consejo Judicial también está continuando los esfuerzos de la prohibición de la fraturación hidraúlica”, dijo a DW.     

(CP)

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