El caso Petrobras pone a Rousseff en una situación incómoda

Al menos 20 políticos sospechosos de nexos con la red de corrupción en Petrobras recibieron donaciones para sus campañas electorales de 2014 por parte de empresas acusadas de formar un cartel que cometía fraudes en las licitaciones de la estatal. Así lo asegura hoy (08.03.2015) el diario O Estado de Sao Paulo. Se trata de candidatos a gobernador, senador y diputado federal, que en su inmensa mayoría pertenecen a partidos aliados del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Según el informe periodístico, de las 16 empresas contratistas de Petrobras acusadas por la Fiscalía de formar un cartel con el fin de repartirse las licitaciones e inflar los valores de los contratos, siete realizaron contribuciones directas a las campañas de políticos involucrados en el multimillonario escándalo que sacude al país.

Entre esos políticos, cinco pertenecen al gobernante Partido de los Trabajadores (PT): los candidatos a senadores Gleisi Hoffmann, ex jefa de gabinete de Rousseff, y Lindbergh Farias, además de tres diputados. Todos conquistaron sus respectivos escaños en las urnas de 2014. El derechista Partido Progresista (PP), tercera mayor fuerza política del país y segundo mayor socio del gobierno en el Congreso, lidera con 12 de sus afiliados la nómina de legisladores investigados que supuestamente recibieron contribuciones por parte de las constructoras que integran el llamado "club de los mil millones".

Incómoda situación para Rousseff

El principal partido opositor al gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tiene un solo legislador financiado por el club: el senador Antonio Anastasia, exgobernador de Minas Gerais y mano derecha del presidente del partido y candidato derrotado a la presidencia de Brasil en 2014, Aécio Neves. Anastasia fue apoyado por cinco de las siete empresas acusadas de cartel, lo que lo pone a la cabeza de la lista como el parlamentario apoyado financieramente por el mayor número de contratistas.

Esta semana comienza la investigación de los 20 políticos financiados por estas empresas y la de otros 27 parlamentarios, exgobernadores y exministros, después de que el magistrado del Supremo Tribunal Federal (SYF) Teori Zavascki atendiera al pedido al respecto realizado por el fiscal de la República, Rodrigo Janot. El procurador general encontró indicios de que todos ellos se beneficiaron con los fraudes perpetrados en Petrobras entre 2004 y 2012, periodo en el que, se estima, fueron desviados unos 3.700 millones de dólares.

Dilma Rousseff, por su parte, no será investigada, pero los fiscales rondarán la puerta de su despacho en Brasilia y husmearán en las finanzas de las campañas electorales que la llevaron a la presidencia en dos oportunidades. Pese a no poder ser investigada en función del cargo que ocupa, la sospecha de que sus dos campañas políticas recibieron recursos desviados de la petrolera colocan a la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) en una incómoda situación para quien tiene por delante cuatro años de gobierno. Rousseff, por su parte, se refirió este domingo brevemente al asunto, para decir que la investigación de "los episodios lamentables de Petrobras" se realiza de forma "amplia, libre y rigurosa".

MS (dpa/efe)