El cannabis en la agenda política alemana

La perseverancia de los activistas que exigen la legalización del consumo de marihuana en Alemania parece estar dando frutos. A casi dos décadas de la primera Hanfparade –la marcha anual que se realiza en Berlín desde 1997 para celebrar los aspectos textiles, medicinales, religiosos y recreativos del cannabis–, más y más políticos germanos se muestran dispuestos a discutir sobre los beneficios de la despenalización de esta droga.

Inspirados también por el debate internacional en torno a las desventajas de las políticas prohibitivas y represivas –una de las cuales es la violencia criminal que aflige a los países donde se cultiva la marihuana–, los diputados del Bundestag analizaron en marzo un proyecto de ley redactado por Los Verdes para controlar el acceso al cannabis. En mayo, buena parte del Partido Liberal se pronunció a favor de la legalización.

En julio, el alcalde de Bremen, el socialdemócrata Carsten Sieling, hizo lo mismo y fue respaldado por la máxima autoridad del Estado federado de Baden-Wurtemberg, el político verde Winfried Kretschmann, aunque no por la mayoría de sus correligionarios. No obstante, también en el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) empieza a disiparse la resistencia frente a la idea de legalizar la marihuana.

Cambio de viento en la política

Las reservas más grandes siguen siendo articuladas por miembros de los partidos conservadores. Marlene Mortler, parlamentaria de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), rechaza categóricamente la plena despenalización, alegando que la marihuana es una sustancia psicoactiva cuyo consumo no debe ser trivializado. El democristiano Herrmann Gröhe, ministro de Salud, secunda ese argumento.

Y sin embargo, también en el seno de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) se han levantado voces para pedir que el Estado alemán replantee sus políticas de cara al cannabis. El diputado verde Dieter Janecek presentó una propuesta junto a su colega democristiano Joachim Pfeiffer para regular el mercado de la marihuana y así quitarle espacio al crimen organizado que prospera no a pesar de la prohibición, sino gracias a ella.

Pfeiffer explica que los esfuerzos para reducir la disponibilidad de la marihuana y frenar la generalización de su consumo le cuesta 2.000 millones de euros anuales a los contribuyentes, sin que esas medidas cumplan su cometido. El diputado lamenta además que las labores de prevención tengan tan poco financiamiento. A sus ojos, el hecho de que el Estado lleve las riendas del mercado de la marihuana puede revertir esta situación.

Movimiento contra las políticas represivas

Pfeiffer sostiene que Alemania se ahorraría las estrategias represivas, percibiría impuestos por el orden de los 2.000 millones de euros anuales y, aún invirtiendo sólo un cuarto de esa cifra en el ámbito de la prevención, estaría multiplicando por diez los recursos disponibles en este momento. Hubert Wimber, exdirector de la policía de Münster, coincide con Pfeiffer, subrayando que el consumidor no debería ser criminalizado.

A ellos se suma Lorenz Böllinger, catedrático de la Universidad de Bremen. A su juicio, terapia y asesoría deben sustituir la criminalización de los consumidores. Böllinger impulsó una iniciativa –suscrita por la mitad de todos los profesores de derecho penal alemanes– para solicitar que el Bundestag ponga a prueba la efectividad de las políticas represivas en materia de drogas. El criminólogo André Schulz publicó un estudio con el mismo fin.

Encuestas recientes confirman que cada vez más personas en Alemania están a favor de que se liberalice el consumo de marihuana en el país, aún cuando esa tendencia todavía no es mayoritaria. Según un sondeo publicado en julio por el semanario Stern, un 37 por ciento de los consultados apoyaba la legalización del cannabis, 7 puntos porcentuales más que el año pasado.