El boom minero de Mongolia

Mongolia es el país con la población más dispersa del mundo: tiene casi el tamaño de Europa occidental, pero contiene menos de tres millones de personas. El país de Asia central también se sitúa sobre un tesoro valorado en trillones de dólares. Enterrada bajo sus enormes mesetas, verdes praderas y arenosos desiertos, yace una gran abundancia de minerales. No resulta sorprendente, pues, que las grandes compañías mineras de todo el mundo sigan acudiendo a la nación ya conocida como la “Arabia Saudí de Asia Central”, generalmente centrándose en la región de Gobi, rica en oro, plata y cobre.

Estos gigantes de la minería le han dado a la economía del país un fuerte empujón: en 2014 se calcula que el PIB de Mongolia subirá en un 15,3 por ciento, lo que representa el mayor porcentaje de crecimiento del mundo. En 2012, los minerales supusieron el 30 por ciento del PIB, y más del 80 por ciento de las exportaciones, según el Departamento de Investigación de Mongolia del Centro de Responsabilidad Social en la Minería.

Riesgos para la salud y el medio ambiente

Pero el boom de la minería tiene su lado negativo. Al igual que en muchos países en desarrollo ricos en recursos naturales a donde han empezado a llegar inversores a gran escala, Mongolia ha llegado a un punto de inflexión: debe esforzarse para procurar que los grandes beneficios generados por la industria minera no acaben creando una diferencia infranqueable entre niveles de riqueza. También se teme que el crecimiento económico descontrolado y los proyectos de infraestructura relativos a la minería supongan un riesgo para el medio ambiente y la biodiversidad del país.

“El crecimiento económico impulsado por la minería es una amenaza para el medio ambiente y para el sustento de los agricultores” explica Enkhtuya Oidov, director del programa de la organización medioambiental The Nature Conservacy en Mongolia, en entrevista con Global Ideas. “El uso de la tierra para la minería no es compatible con la cultura mongola de respeto al medio ambiente y la ecología”.

En zonas semiáridas como el sur de Gobi, la gran cantidad de polvo generada por las carreteras creadas con poca planificación para operaciones mineras supone daños para la salud de los habitantes locales, así como para sus granjas de caballos, cabras, ovejas, yaks y camellos. Estas carreteras, que se usan para transportar grandes cargas de minerales a China, pasan por áreas donde pastan los animales, causando así también la degradación de estos pastizales.

Además, la minería puede suponer un impacto en la cantidad y calidad del agua, tanto la que está en la superficie como la subterránea. A menudo, esta industria acaba contaminando el agua con partículas de sedimento, amenazando especies de peces y de los invertebrados que se alimentan de ellos.

Ajustando las leyes de minería

A pesar de ello, la minería en Mongolia podría ser compatible con la conservación, según algunos expertos, siempre y cuando las compañías monitoricen en todo momento su impacto medioambiental y adapten sus métodos en caso de que noten que causan daños. Así lo cree Saleem Ali, director del Centro de Responsabilidad Social en Minería de la Universidad de Queensland, en Australia:

“A menudo, la sociedad civil presenta la minería como un juego de suma cero, en el que la minería y la conservación no pueden convivir. No creo que sea el caso,” añade Ali. El experto es autor del informe “Treasures of the Earth: Need, Greed and a Sustainable Future” (“Tesoros de la Tierra: Necesidad, Avaricia y un Futuro Sostenible”, Yale University Press, 2009), y actualmente dirige una investigación puntera sobre la minería y los estilos de vida tradicionales en Mongolia.

En 2009, el Gobierno mongol aprobó la “Ley de prohibición de operaciones mineras en nacimientos de ríos, zonas protegidas de reservas de agua y áreas forestales”, comúnmente conocida como “La ley con el nombre largo”. Con ella, el Gobierno ya ha rechazado más de 200 licencias de exploración y explotación de compañías mineras que operaban en zonas a menos de 200 metros de bosques y fuentes de agua, obligándolas además a rehabilitar las áreas bajo la observación de autoridades locales y ciudadanos.

Las compañías a las que se conceden licencias deben depositar un “bono de rehabilitación”, es decir, el 50 por ciento de los costes calculados para restaurar una zona ecológica, en una cuenta bancaria que gestionará el gobierno local antes de comenzar actividad minera alguna.

¿Basta con buenas intenciones?

Aún así, la ley no se ha impuesto completamente, según Byambajav Dalaibuyan, participante de una investigación postdoctoral de la Universidad de Queensland. Esto se debe a las dificultades a la hora de definir las fronteras de las áreas especificadas y a una falta de compromiso del Gobierno mongol, según el experto. Asimismo, la ley no se aplica a los “minerales de importancia estratégica nacional”, que se refieren a aquellos que tienen un impacto en la seguridad nacional de Mongolia, su desarrollo económico nacional o regional, o que suponen más del cinco por ciento del PIB del país. Actualmente hay 15 minas de este tipo en Mongolia.

“La ley tiene buenas intenciones, pero es bastante ambigua”, dide Dalaibuyan, cuyos estudios se centran principalmente en los acuerdos de desarrollo de la comunidad en el sur de Gobi. En una ciudad de esta zona que visitó recientemente, a 10 kilómetros de una mina, el polvo se acumulaba en los alféizares de las ventanas. “Los habitantes también están preocupados sobre la escasez de agua en el futuro”, añade Dalaibuyan.

La presión para que el Gobierno mongol tome medidas aumenta a causa de grupos civiles locales, como el United Movement for Mongolian Rivers and Lakes (Movimiento Unido por los Ríos y Lagos Mongoles), y los medios de comunicación. Y hay señales de que sus voces son escuchadas: desde las elecciones de 2012 en Mongolia, el Gobierno se ha centrado en la reforma de su capacidad de aplicación de leyes, especialmente a nivel local. Ha lanzado y apoyado varios cambios políticos en pos de una mayor transparencia y descentralización, un reto con el que el país exsoviético todavía sigue teniendo dificultades.

“El coste de hacer negocios”

Algunos expertos señalan que las compañías mineras mismas se están sensibilizando ante las críticas a las consecuencias medioambientales de su labor. Algunas de ellas están llevado a cabo acciones voluntarias, según Isabel Cane, del Centro de Responsabilidad Social en Minería de la Universidad de Queensland: “Las grandes compañías internacionales suelen tener programas de mitigación de efectos en el medio ambiente o protección del mismo bien gestionados”.

Cane estudia el caso de Mongolia desde hace cinco años, y ahí ha observado el uso de varias tecnologías bioquímicas para reducir las cargas de metal que acaban en las vías de agua: los estanques de contención, por ejemplo, evitan derrames accidentales en los ríos. Algunas de estas compañías también establecen acuerdos a largo plazo con el fin de conseguir la aprobación de los gobiernos locales y las comunidades anfitrionas antes de seguir con sus actividades.

Entre ellas está, por ejemplo, la compañía Río Tinto, un gigante de la minería que gestiona la mina mongola Oyu Tolgoi, el mayor depósito de cobre del mundo y un yacimiento de especial importancia estratégica. La compañía anglo-australiana se vio en el punto de mira de las críticas en el pasado a causa de supuestos cargos de contaminación ambiental y abusos a los derechos humanos en el transcurso de sus operaciones mineras en Indonesia y Papúa Nueva Guinea.

En Mongolia, la actividad de Río Tinto se sitúa por debajo del desierto de Gobi, al sur de la capital de Mongolia, Ulan Bator. Se calcula que la minaOyu Tolgoi será responsible del 30 por ciento del PIB de Mongolia cuando alcance su máximo nivel de producción, en el año 2021, según el Fondo Monetario Internacional. Recientemente, la compañía llegó a un acuerdo de cooperación a largo plazo con la provincia del sur de Gobi: un programa de monitorización medioambiental que trabaja con los ciudadanos a la vez que les facilita una fuente alternativa de ingresos, según Río Tinto.

Las medidas de este programa incluyen el monitoreo de niveles de agua y de manadas de animales salvajes, así como actividades como recolección de semillas y plantación de árboles, según describió el portavoz de la mina Oyu Tolgoi, Batmunkh Buyantogtokh, en un correo electrónico.

Algunos expertos señalan que el aumento de la concientización sobre el impacto de la industria minera en el medio ambiente y la biodiversidad está obligando al sector a reflexionar sobre sus métodos. “Las empresas mineras deberían considerar que habrá siempre un coste de conservación”, apunta Saleem Ali. “Pero este coste debería considerarse como parte de los costes de hacer negocios”.

Autora: Rachel Stern/ lab

Editora: Cristina Papaleo