EE. UU. sopesa sancionar a Venezuela

Este miércoles (19.7.2017), el secretario general de la OEA, Luis Almagro, apoyó la imposición de nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. "No van a empeorar más el sufrimiento del pueblo de Venezuela”, dijo el diplomático uruguayo durante una audiencia ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental del Senado estadounidense. "Hay que mandar un mensaje claro a Maduro”, agregó Almagro dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara al mandatario venezolano con tomar "acciones económicas duras y rápidas” si no desiste en su empeño de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente cuya elección –sin voto universal, ni directo, ni secreto– está amañada, según la oposición.

Altos funcionarios de la administración estadounidense sostienen que todas las opciones están sobre la mesa –incluida la posibilidad de suspender la importación de crudo venezolano– y que las medidas podrían tomarse antes del 30 de julio, fecha fijada por Maduro para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. "Necesitamos ejercer más presión económica sobre el régimen”, insistió Almagro durante la reunión del subcomité presidido por el senador republicano Marco Rubio. La exposición de Almagro, uno de los críticos más severos de Maduro y la élite cívico-militar chavista, llevaba por título "El colapso del Estado de derecho en Venezuela: lo que Estados Unidos y la Comunidad Internacional pueden hacer para restaurar la democracia”.

Duros señalamientos

"No se trata de desmontar una dictadura y volver a la democracia, sino de desmontar toda una estructura de narcotráfico en el Estado”, aseguró el secretario general de la OEA tras ser consultado por Rubio sobre las conexiones del Gobierno venezolano con el negocio de la droga. El republicano calificó a Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como "el Pablo Escobar venezolano”, en alusión al histórico capo de la droga colombiano. Washington ya sancionó al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, bajo cargos similares: el Departamento del Tesoro lo incluyó en la lista negra de narcotraficantes en febrero de 2017. Almagro advirtió también que Maduro "juega” con la baza del "diálogo”.

"Hemos visto y denunciado que el Gobierno venezolano usa el diálogo para liberar presión internacional, y no da resultados”, declaró el uruguayo sobre los intentos fallidos de negociación con la oposición. Por ello, subrayó, es "imperativo” continuar luchando para la "liberación de los presos políticos” y además restituir "la independencia de los poderes del Estado”, porque, sin esos pasos, "no hay solución posible” para la crisis político-institucional de Venezuela. Durante la audiencia se abordó también la falta de acuerdo entre los países de la OEA para firmar una declaración conjunta sobre la situación que vive Venezuela. Almagro destacó el aumento de apoyos alcanzados en la Asamblea General de Cancún, México, celebrada en junio de 2017.

Paro inminente

En aquella ocasión, veinte cancilleres se posicionaron a favor del texto, a falta de tres más para la aprobación. Mientras se desarrollaba el debate en el Senado estadounidense, se endurecían los frentes en Venezuela. Este 19 de julio –un día antes del "paro cívico” convocado por la oposición para obligar al Ejecutivo a suspender su proyecto constituyente– se intensificaron las fricciones entre el empresariado venezolano y el Gobierno de Maduro. El ministro de Trabajo, Néstor Ovalles, tachó de "irresponsable” la convocatoria a un paro de 24 horas, al que se han plegado sectores empresariales y obreros. El chavista consideró que esta huelga no tiene asidero legal pues responde a motivos de índole político y no a cuestiones laborales.

"La clase política en el poder carece de compromiso con los valores de la democracia”, se afirmó desde la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras). La Confederación de Industriales del país caribeño (Conindustria) señaló que sus filiales operarán durante el jueves (20.7.2017) aunque respetarán la decisión de los trabajadores de sumarse o no al paro cívico "sin que esto tenga consecuencias de ningún tipo”. La Unión de Trabajadores Venezolanos (Únete) anunció que todos los empleados del país "están dispuestos a protagonizar una huelga general indefinida hasta que se restituya el hilo constitucional en Venezuela”. La respuesta del Gobierno de Maduro no se ha hecho esperar. 

La respuesta de Maduro

"El brazo largo del Estado se dispone para garantizar y proteger el derecho al trabajo de la clase obrera en el país”, dijo el ministro de Trabajo, advirtiendo que se vigilaría a las empresas para confirmar si abren o no sus puertas este jueves (20.7.2017). De cara a Washington, por un lado, y a sus simpatizantes, por otro, el Ejecutivo de Maduro hizo un llamado a la unidad nacional para defender la soberanía del país y emitió una declaración en la que recoge una serie de medidas tomadas en el Consejo de Defensa Nacional, que se reunirá en sesión permanente hasta el 30 de julio: un plan de defensa en el campo diplomático y energético, así como mecanismos para la defensa de la economía nacional, las relaciones comerciales y financieras, entre otras.

También se acordó desplegar el Plan República –la operación militar de vigilancia de los centros electorales– a partir del viernes (21.7.2017) con miras a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, pautada para el 30 de julio. "El proceso constitucional democrático y electoral para elegir a la Asamblea Constituyente será la vía que abrirá el horizonte a la paz y consolidará nuestra independencia”, afirmó el vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, rechazando no sólo las "inaceptables y grotescas” declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la Constituyente, sino también las articuladas por la representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini.

ERC ( EFE / dpa )