Ecuador: “Bloquear una carretera no es terrorismo”
11 de diciembre de 2015
“Hace dos meses hubo un desalojo violento de 13 familias en la comunidad de Tundayme. Sin orden judicial, la seguridad privada de la empresa EcuaCorriente, con maquinarias y más de cien policías fueron a tumbar sus casas. Luego abrieron grandes huecos para enterrar los escombros, para decir que ahí no había pasado nada. La gente se quedó sin sus tierras, sin sus casas, sin nada”, cuenta a DW Elsie Monge, vicepresidenta de la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos).
Esta organización -a la que pertenecen 178 ligas de derechos humanos, en más de 100 países, y que tiene estatus consultivo ante la ONU, la UNESCO y el Consejo de Europa- publica esta semana el informe “Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador".
El informe fue elaborado por una comisión internacional de especialistas, entre ellos Elsie Monge quien es también presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador.
Antecedentes
Las casas de Tundayme –en una región amazónica de poblaciones ancestrales shuar y campesinos- eran las últimas que quedaban de una comunidad de medio centenar. Según el informe, los problemas comenzaron cuando en el 2012 la empresa transnacional china EcuaCorriente comenzó a presionar para que la comunidad vendiera sus tierras a cambio de ser relocalizados en un territorio cercano.
"Algunas propiedades fueron pagadas a precios irrisorios y ninguno de los propietarios fue relocalizado generando sucesivos conflictos no resueltos. En mayo de 2014, hombres de la empresa acompañados por la Policía procedieron a destruir con maquinaria los lugares comunitarios -iglesia, casa comunal y escuela- y a realizar encerramientos haciendo uso excesivo de la fuerza", se lee en el informe. Los comuneros presentaron una acción penal que aún se encuentra en etapa preliminar.
Según el Ministerio del Interior lo que sucedió en octubre fue que, mediando notificación previa, la Unidad de Investigación de Delitos Mineros de la Policía Nacional ejecutó en Tundayme un operativo de control con la finalidad de hacer efectiva la `servidumbre minera´. Ésta habilita a la empresa -que explotará, a cielo abierto, el cobre del subsuelo- el reconocimeinto por medio de sondeos, perforaciones y tomas de agua. La empresa afirma que previamente había comprado esos terrenos; los pobladores -que aún esperan respuesta de la justicia- insisten en que eran terrenos comunitarios.
Derechos y contradicciones
Exponiendo éste y otros casos emblemáticos y basándose en la Convención Americana de Derechos Humanos, el informe de la FIDH constata que pobladores y empresas no son iguales ante la ley; que existe vulneración de garantías y protección judiciales, vulneración de las libertades de expresión y asociación. También ambigüedad en los tipos penales.
"Al no ser escuchados por las autoridades, para defender su territorio y su derecho al agua, los dirigentes de las comunidades hacen manifestaciones –el único canal de expresión que tienen. Son reprimidos y detenidos. Ha habido condenas de hasta 12 años por terrorismo. Es un uso muy ligero del término: bloquear una carretera puede ser una contravención, pero no es terrorismo”, dice Monge. Cabe resaltar que Ecuador concede en sus Constitución derechos a la naturaleza y también reconoce el derecho a la resistencia.
En esta percepción de la protesta social como algo punible, Ecuador no está solo. “Esto está pasando también en Chile con la explotación del cobre a cielo abierto, en la frontera con Argentina. En Perú hay muchos problemas, también en Guatemala”, afirma Monge.
En el caso de Ecuador , según informa la activista internacional, la clave está en los bajos precios del petróleo –la base del producto interno bruto del país desde la década de los 1970- y la concentración en la minería para el crecimiento económico. El conflicto social surge de que se conceda para la extracción territorios habitados y, por lo general, sin consulta a la población.
En este contexto, el informe constata también una reducción del espacio para la acción de la sociedad civil. Menciona el caso de la organización ambientalista Pachamama – que se manifestaba en contra de la XI Ronda Petrolera- que fue cerrada en diciembre de 2013 “por organizar una violenta protesta atentando contra el orden público” y la neutralización de actividades legítimas del movimiento ambientalista Yasunidos.
Contraviniendo el derecho a la libre asociación para acciones lícitas, “el decreto 739 de agosto 2015 prohíbe la `acción política´ para las organizaciones no gubernamentales. Pero acción política es un término demasiado amplio, que da cabida a la pérdida de todo espacio de actuación, al control férreo. Este informe tiene la intención del llevar el tema a la opinión internacional”, concluye Monge. Su organización ha sido señalada anteriormente, por el propio presidente Correa, por faltar a la verdad.