¿Ecofín al banquillo?
Cuando el Consejo de ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) suspendió las sanciones contra Alemania y Francia por haber incumplido por tercer año consecutivo con las normas del Pacto de Estabilidad –concretamente, por sus excesivos déficits presupuestarios -, a Pedro Solbes, comisario de Asuntos Monetarios, no le hizo ninguna gracia. Tal decisión sentaba un precedente muy malo para los 10 países que se incorporarán a la UE en mayo, así su comentario. Advirtió además que no descartaba el tomar medidas legales.
Pues bien, no hace 24 horas, el servicio legal de la Comisión Europea (CE) ratificó lo ya esbozado: los ministros de Finanzas actuaron ilegalmente. Una fuente oficial informó que Solbes recomienda al Ejecutivo comunitario impugnar la decisión de noviembre ante el Tribunal Europeo de Justicia basándose en la opinión de los abogados de la CE y que presentará una propuesta que, sin modificar el Tratado, refuerce la autoridad del Ejecutivo comunitario como guardián del Tratado, combinando mejor la disciplina con el crecimiento. Por su parte, el presidente de la Comisión, Romano Prodi, declaró que si bien los 20 miembros del Ejecutivo discutirán el asunto, no se tomará ninguna resolución hasta la semana entrante.
La manzana de la discordia
El Pacto de Estabilidad, que fuera adoptado en 1997 precisamente para respaldar el euro, limita los déficits presupuestarios de los Estados miembros de la UE a un tres por ciento anual del Producto Interno Bruto y establece una serie de sanciones que pueden llevar a grandes multas para los que violen el acuerdo de forma persistente, cosa que hicieron Alemania y Francia.
Las voces de preocupación por el hecho de que la infracción podría perjudicar el crecimiento económico a mediano plazo, se confundieron con las que abogaban por reformas. El ministro francés de Presupuesto opinó que las normas que rigen los déficit en el Pacto deberían ser aplicadas por ciclos económicos, y no anualmente. En Alemania se levantaron voces pidiendo que se tuviera en cuenta criterios como el impacto del envejecimiento de la población sobre la seguridad social o el papel de la inversión pública en la modernización de la economía. Otros defendían la tesis de que las normas deberían ser diseñadas según los niveles de deuda pública de cada país. A este respecto, el ministro español de Economía, Rodrigo Rato, dejó clara su postura de que sólo aceptará replanteamientos del Pacto que favorezcan a toda la Eurozona. O sea, que no admitirá tratos desiguales.
¿Gana alguien algo?
Claro está que cada quien intenta echar el agua para su molino: los países más chicos esperan tratos igualitarios; los más grandes, criterios que se ajusten más a su propia realidad económica. Y el comisario de Asuntos Monetarios exige que se cumpla lo pactado. Razón tienen todos, y según la propia legislación. Y es que según el Tratado, la Comisión es su guardiana, y en esa medida es de su jurisdicción presentar querella contra quienes infringen el Pacto de Estabilidad. Por otro lado, ella sola no tiene poder de decisión, y requiere de los ministros de Finanzas. Lo que significa, a su vez, que ellos pueden detener cualquier decisión. Una demanda ante el Tribunal Europeo de Justicia es procedente, desde el punto de vista legal. Visto por otro lado, sería un movimiento político –que sentaría precedente- pero que pondría en el banquillo, en realidad, al Ecofin, no a los dos rufianes. Y que, además, no solucionaría el problema del Pacto de Estabilidad.