Deportados a Kosovo: mano dura antes que humanidad

Los días de la "cultura de bienvenida" de la Alemania que recibió a casi un millón de refugiados en 2015 han pasado. Cada vez se exigen más deportaciones y las comunas toman decisiones más severas, aseguran expertos. Tras las huellas de una familia kosovar, DW consulta a un asistente de refugiados, un gobierno local y un abogado.

La separación de la familia Sali

Alzey, es una pequeña ciudad de 18.000 habitantes en Renania Palatinado. Merita Sali no puede más. Ella, su esposo y sus cuatro hijos serán deportados a Kosovo en los próximos días. En la noche del 15 al 16 de julio, la mujer, de 39 años, ingierió casi 20 tabletas de Mirtazapin, un psicofármaco. La kosovar terminó en la estación de cuidados intensivos de la clínica de la cercana Worms. Le hacen un lavado de estómago.

Sali, quien sufre de depresiones y ya trató de quitarse la vida antes, tanto en su Kosovo natal como en Alemania, sobrevive. Durante la noche siguiente, su esposo, Hysret Sali (de 46 años), es deportado a Kosovo, donde antes ha sido torturado. La policía federal lo sube a un avión junto a los hijos comunes, Jehona (de 3 años), Edon (de 11) y los gemelos Ejup y Edona (de 15).

Merita Sali continúa en cuidados intensivos. Tan pronto como deje la clínica deberá ser deportada también a Kosovo. La familia, que pertenece a la minoría étnica de los ashkali, llegó de forma ilegal a Alemania en 2014 y había sido tolerada hasta ahora. En el primer apartado del artículo 6 de la Constitución alemana reza que "el matrimonio y la familia se encuentran bajo la protección especial del orden estatal."

El asistente de refugiados, impotente

Si alguien puede saber cómo se siente la familia Sali, ese es Aleksandar Ceh. Nacido en Croacia, Ceh huyó a Alemania a inicios de la década de 1990, tras haber  combatido en la guerra en su país. También él obtuvo, una y otra vez, ese estatus de “tolerado”. Su propia historia le ha dictado su misión en la vida. Ceh trabaja desde hace años en consejos y organizaciones para la migración y la integración. Para gente como la familia Sali, Ceh es la última esperanza.

"Trabajo hace 16 años en la asistencia a refugiados, pero nunca había presenciado un procedimiento tan inhumano como este", dice. Ceh movió cielo y tierra para impedir la deportación, buscó informes de médicos y psicoterapeutas, informó  a la Comisión de  Casos Graves y enroló a abogados, telefoneó con las autoridades. En vano.

Ahora Ceh conversa diariamente con Hysret Sali. La familia vive en Kosovo en una especie de cobertizo. A la pequeña Jehona, que sufre una enfermedad del corazón a sus tres años, no le va bien. Ceh ha visitado también en el hospital a Merita Sali, ahora en camino a su recuperación. En momentos como estos, Ceh piensa en renunciar: "Pero no puedo hacerlo, no puedo dejar sola a la gente", afirma sin comprender que situaciones como estas se sucedan en un Estado federal de gobierno socialdemócrata.

El Gobierno local socialdemócrata, de acuerdo con la ley

Según la declaración oficial del Gobierno del condado Alzey-Worms, en el caso de la familia Sali, "se trata de personas procedentes de Kosovo sujetas a órdenes de deportación. Tras su entrada ilegal en octubre de 2014, ellos no presentaron solicitud de asilo alguna, sino que refirieron problemas de salud, por los cuales fueron inicialmente tolerados. Diversos informes médicos presentados fueron remitidos, de acuerdo con las disposiciones de la ley de inmigración, a la Oficina Federal de Migración y Refugiados, que finalmente decidió, en febrero de 2018, que no existen obstáculos a la deportación relacionados con el país de origen, donde las enfermedades presentadas son tratables."

Posteriormente, y tras una audiencia en marzo de 2018, la decisión fue confirmada con una orden de expulsión. A inicios de mayo, la familia se declaró dispuesta al retorno voluntario y presentó una solicitud de ayuda ante la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que les ofreció un vuelo a mediados de mayo.

Sin embargo, pocos días antes del vuelo, la familia se retractó del retorno voluntario y presentó, a través de su abogado, una solicitud urgente ante el Tribunal Administrativo de Maguncia para impedir su deportación. Tanto esta como otra solicitud ante la Comisión de  Casos Graves del estado federal de Renania Palatinado fueron rechazadas.

El abogado pide más sensibilidad

La deportación de la mayor parte de la familia Sali se llevó a cabo con acompañamiento médico, en un solo día. La madre de familia no fue deportada por hallarse, según conocieron las autoridades en el momento de la deportación, bajo tratamiento hospitalario. La segunda solicitud presentada ese mismo día por la familia ante el Tribunal Administrativo de Maguncia, para impedir la deportación, fue nuevamente rechazada. Mientras la madre de familia continúa  hospitalizada, las autoridades de extranjería aspiran a la "pronta reunificación familiar en el país de origen".

El abogado Martin Malcherek, por su parte, extraña una mayor sensibilidad por parte de las autoridades. En la página web de su bufete Lichte/Malcherek se lee: "Nos comprometemos con usted de forma individual, no convencional y obstinada." 

Martin Malcherek, candidato directo de La Izquierda de Maguncia en las elecciones generales de 2017, era, quizás por eso, el abogado correcto para la familia Sali. Y aunque sus recursos contra la deportación hayan sido denegados, dice, "se podría haber dejado a la familia unas semanas más aquí, hasta que la señora Sali estuviera realmente recuperada para el viaje. No hay por qué llegar con agentes de la Ley, a no ser que se tenga que cumplir con indicaciones políticas."

En teoría, no se debe deportar a una persona mientras haya dudas sobre su capacidad para viajar. En la práctica, las cosas suelen ser muy diferentes, aclara Malcherek: "La presión política para demostrar altas cifras de deportación parece estar conduciendo a que se renuncie a una comprobación diferenciada de los casos."

"A las autoridades y tribunales ya no les bastan los informes médicos. Los obstáculos son cada vez mayores", incluso ante grave peligro de suicidio, se queja Malcherek. El abogado ha representado a unos 30 mandantes de la región en los últimos años. Y no se trata, para él, de que una "cultura de la deportación" haya sustituido a la "cultura de bienvenida", asegura, sino peor: "Estas personas, sinti, roma y ashkali, que viven en condiciones muy precarias, nunca fueron bienvenidas aquí."

Autor: Oliver Pieper (RML/CP)

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