¿De qué se acusa a Dilma Rousseff?
11 de mayo de 2016
Las acusaciones en que se basa el pedido de “impeachment” contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff −votado este miércoles (11.05.2016) por el Senado y el pasado 17 de abril por la Cámara de Diputados− están rodeadas de polémicas.
El Gobierno y los sectores contrarios al juicio político argumentan que no hay pruebas del delito de responsabilidad fiscal que se le achaca a la mandataria y clasifican el proceso de “golpe”.
La denuncia original −presentada el pasado año por los juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior y Janaína Paschoal− incluía “ruedas fiscales” de 2014 y acusaciones relacionadas con la Operación Lava Jato. Pero esos puntos fueron descartados por el entonces presidente la Cámara, Eduardo Cunha, cuando aceptó el pedido de juicio político que ahora se basa fundamentalmente en dos puntos:
"Ruedas fiscales"
De acuerdo con la denuncia presentada al Congreso Nacional a fines de 2015, Dilma Rousseff levó a cabo maniobras fiscales para maquillar la situación de las cuentas del Gobierno, escondiendo el déficit real de la administración pública.
Las llamadas “ruedas fiscales” son retrasos en el traspaso de fondos a bancos públicos, por ejemplo, para el pago de programas sociales del Gobierno, créditos agrícolas o financiamientos subsidiados del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Como los bancos continúan pagando a los beneficiarios con recursos propios, el dinero que el Gobierno retuvo continúa contabilizado en el presupuesto público, dando una impresión más optimista de su estado.
La práctica de las "ruedas fiscales" existe al menos desde 2001, bajo el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pero las sumas involucradas eran mucho menores que las actuales. En 2001, el Gobierno llegó a final de año debiendo cerca de mil millones de reales (casi 290 millones de dólares) en recursos atrasados a los bancos. En 2013, ya en bajo el Gobierno de Dilma, el valor era de 36 mil millones de reales (más de 10.400 millones de dólares)
Los autores del pedido de “impeachment” alegan que las “ruedas” violan la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prohíbe explícitamente préstamos de bancos públicos al Gobierno federal y, por tanto, configuran un delito de responsabilidad fiscal. Hay, sin embargo, divergencias entre juristas y economistas en torno a si el retraso en la transferencia de fondos puede ser entendido como un préstamo y, por tanto, en torno a si Dilma cometió o no un delito de responsabilidad fiscal.
El pasado año, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) recomendó que el Congreso rechazara las cuentas del Gobierno federal de 2014, cuando las “ruedas” ascendieron a 52 mil millones de reales (más de 15 mil millones de euros). Los retrasos en las transferencias de fondos a los bancos públicos sumaron cerca de 40 mil millones de reales (más 11.500 millones de dólares) solo en el primer semestre de 2015.
La “rueda fiscal” por la que Dilma es acusada en el pedido de juicio político representa un retraso en el traspaso al Banco de Brasil de fondos públicos por valor de unos 3.500 millones de reales (más de 1.000 millones de dólares) usados para el Plan Safra, una línea de crédito especial para agricultores.
Créditos complementarios
Además de las “ruedas”, los autores del pedido de “impeachment” denuncian irregularidades en la promulgación de seis decretos para abrir créditos complementarios por valor de 2.500 millones de reales (cerca de 725 millones de dólares), sin la aprobación del Congreso.
Los juristas argumentan que el gobierno promulgó los decretos porque sabía que no lograría cumplir su meta de superávit primario (la diferencia entre lo que ingresa el Estado por impuestos y lo que gasta en pagar por sus funcionarios y sus políticas). Según ellos, la promulgación de esos decretos sin autorización previa del Congreso viola la Ley Presupuestaria Anual (LOA), lo que igualmente configura un delito de responsabilidad fiscal.
Lo que dice la defensa
Dilma, por su parte, reitera que el proceso de “impeachment” constituye un golpe porque no existe tal delito de responsabilidad fiscal. El abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, argumenta que las "ruedas fiscales" fueron práctica común en gobiernos anteriores, lo mismo a nivel federal que de estados y prefecturas, prácticas que fueron aceptadas durante años por los tribunales de cuentas.
Sobre los decretos de apertura de créditos, Cardozo alega que las medidas no aumentaron los gastos del Gobierno, sino que reasignaron gastos previamente aprobados por el Legislativo. Además, la defensa de Dilma argumenta que el TCU apenas cambió su visión sobre las “ruedas fiscales” en 2015, por lo que la condena de la práctica no debería valer para años anteriores.