¿Cuánta desigualdad soporta el Acuerdo de Paz en Colombia?

El Acuerdo de Paz de Colombia -de cuya firma se cumplen cinco años el 24 de noviembre de 2021- está avanzando, pero no de manera homogénea ni a la velocidad que requieren las necesidades de la población. ¿Qué significa vivir en paz en Colombia? Después de más de cinco décadas de conflicto, la percepción acerca de lo logrado hasta el momento es diversa, y las dinámicas de la violencia aún persisten. Sigue en pleno desarrollo la implementación del amplio acuerdo en materia política, es decir, la integración de los diferentes actores para construir la paz: los campesinos, las mujeres, los pueblos indígenas y los afrocolombianos -históricamente marginados-, así como los excombatientes de la guerrilla.

"Este Acuerdo de Paz es uno de los más integrales a nivel global”, dice a DW la politóloga Sabine Kurtenbach, profesora honoraria de la Universidad de Marburgo e investigadora principal del Instituto Alemán de Estudios Regionales (GIGA), de Hamburgo. "El acuerdo contiene regulaciones acerca de casi todos los problemas importantes que afectan al país”, añade. Kurtenbach es editora, junto con Kristina Birke Daniels, del libro 'Los enredos de la paz', publicado por la Fundación Friedrich-Ebert (FES) y el Instituto GIGA, que analiza el proceso de pacificación en Colombia. ”La implementación ya fue difícil en el primer año del Acuerdo, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Con el gobierno de Iván Duque, el proceso no se hizo trizas, pero se ralentizó por la falta de voluntad política, la insuficiente financiación, y porque el Estado fijó prioridades diferentes”, señala la analista.

"Es importante resaltar que el vaso no está ni del todo lleno, ni del todo vacío”, dice, por su parte, el profesor Stefan Peters, director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) en entrevista con DW. "El Acuerdo avanza en algunos aspectos más rápida y profundamente que en otros. En cuanto al Punto 5, sobre las reparaciones a las víctimas, hay que destacar el trabajo de la justicia transicional”, subraya Peters, que también es docente de la Universidad Justus Liebig, de Gießen.

Evitar la aparición de nuevos conflictos

La magnitud del Acuerdo "hace que, muchas veces, se generen nuevos conflictos”, señala Kurtenbach, y el objetivo es evitar que estos provoquen nuevas formas de violencia. Stefan Peters coincide: "Esto es un problema de cara a la seguridad, sobre todo de los líderes y las lideresas, los defensores de derechos ambientales”, ejemplifica. Desde la firma del acuerdo han aumentado los asesinatos y las amenazas contra activistas por los derechos humanos y ambientales. Muchas de esas personas están en la mira y no pueden ser protegidas adecuadamente. Incluso los recursos considerables que pone a disposición el gobierno parecen no ser del todo efectivos, agrega el experto.

Uno de los éxitos, si bien parciales, del Acuerdo se ve en el enfoque de género, ya que las mujeres han podido participar en las mesas de negociación de la paz. Pero, según un informe de 2020 del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que monitorea oficialmente el Acuerdo de Paz junto con Naciones Unidas, la falta de implementación de gran parte de las reformas se refleja en lo que viven día a día, en especial, mujeres indígenas y afrocolombianas: amenazas contra su vida y graves dificultades para acceder a tierras con su respectivo título de propiedad y a líneas de crédito.

Si bien hubo avances, la pandemia "agravó la vulnerabilidad y la desigualdad existente en los territorios”, señala el quinto Informe del Instituto Kroc. Al respecto, Sabine Kurtenbach subraya que "con el Covid, el trabajo de los entes estatales se redujo a la virtualidad. Y virtualmente no se puede proteger a la gente”. El trabajo de las organizaciones sociales y de base es esenciales para la implementación, pero las restricciones por la pandemia y la inseguridad dificultaron "de manera desproporcionada” la participación política democrática, indica, asimismo, el reporte.

La gran tarea pendiente: la redistribución de tierras

Organizaciones y grupos de la sociedad civil exigen que se cumpla con el reparto de tierras que contempla el Acuerdo de Paz. Pero el Acuerdo está falto de financiación desde la llegada al poder de Iván Duque, en agosto de 2018. "Faltan los catastros y los procedimientos transparentes. Pero lo peor es que la gente que reclama sus tierras es asesinada. Esa tarea llevará de dos a tres décadas”, advierte la investigadora.

"La Reforma Rural Integral avanza muy lentamente”, afirma Stefan Peters, "y a pesar de que gran parte de los excombatientes de las FARC están integrados al proceso de paz -lo cual hay que resaltar a nivel internacional-, en muchos lugares del suroeste y del Caribe hay nuevos y antiguos actores que siguen ejerciendo la violencia. En parte, el ELN, en parte los disidentes de las FARC, y nuevos grupos paramilitares y también la mafia del narcotráfico, cada vez más productiva. Allí la situación es muy tensa, muy dramática. La distribución de tierras, extremadamente desigual, sigue siendo un tema con gran potencial de conflicto”, alerta el director de CAPAZ.

Desigualdad estructural subyacente

"Un Acuerdo de Paz tan integral y complejo como el colombiano puede transformar conflictos históricos, pero esas prácticas y experiencias históricas no se borran por una iniciativa de reforma, porque no es solo un tema técnico, sino que se trata de un asunto político, personal y cultural”, sostiene Kurtenbach.

En cuanto a las acciones del gobierno, en opinión de Stefan Peters, "el Acuerdo no depende solo de las decisiones de un presidente. La paz será posible cuando exista un amplio apoyo de la población”. Y añade que el tema sigue produciendo controversia y generando división en la sociedad colombiana. Las dificultades en el avance del Acuerdo "no solo se pueden atribuir a la política de Duque, sino también a la de Santos, y a la de anteriores gobiernos”, evalúa. "El problema subyacente son las desigualdades sociales. Y cabe preguntarse: ¿cuánta desigualdad puede soportar la paz?”

"Desconfianza en el Estado"

La complejidad del proceso se observa, según Sabine Kurtenbach, también en las protestas de 2020, reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad: "En el Acuerdo de Paz hay una ausencia muy grande, y es la de los jóvenes. El Acuerdo generó muchas expectativas de que las cosas iban a cambiar. Y esa falta de cristalización de los cambios provoca desconfianza en el Estado y en sus instituciones, y, sobre todo, mucha frustración”.

Según Stefan Peters, el Acuerdo de Paz jugará, de seguro, un papel clave en las elecciones presidenciales, en mayo de 2022. Si tenemos en cuenta las recientes protestas populares, ¿se puede prever que Colombia pueda dirigirse hacia otro ciclo de violencia? "Hay argumentos muy dolorosos, pero plausibles”, señala Kurtenbach, "yo tampoco lo descartaría”. Y hace hincapié en la importancia del acompañamiento de la comunidad internacional del proceso, "crucial” para apoyar a la sociedad civil y a grupos marginados.

"Las protestas sociales forman parte de la democracia”, dice Peters. Según el experto, el informe de la Comisión de la Verdad, que se espera para junio de 2022, causará polémica y generará un amplio debate en la sociedad colombiana.

(ms)