Cumbre de México: sacrificar democracia en aras de la unidad
21 de septiembre de 2021
En la VI. Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada el día 18 de septiembre de 2021 en la Ciudad de México, se dieron cita 17 presidentes de la región. El presidente venezolano Nicolás Maduro, cuya asistencia a la región se calificó de "sorpresiva”, invitó a los presidentes de la región "a pasar la página del divisionismo y del acoso que se ha instaurado en América Latina, especialmente contra Venezuela, Cuba y Nicaragua”.
De igual manera, el anfitrión mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, había pedido sustituir la política de bloqueos y de malos tratos por "la opción de respetarnos, caminar juntos y asociarnos por el bien de América sin vulnerar nuestras soberanías”. Estas palabras reflejan la disposición de tratar de restablecer la acción unitaria en la región a pesar de las diferencias ideológicas, lo cual resulta difícil ante la ausencia de Brasil, debido a que su presidente, Jair Bolsonaro, había retirado su país de este organismo internacional. Otros actores, como Argentina y Colombia -cuyos presidentes no participaron de la reunión, ya sea por su crisis de gobierno, en el caso argentino, o por no querer dar una señal de reconocimiento a Nicolás Maduro- se mantuvieron a distancia.
Con su asistencia a la reunión en México, Maduro pudo festejar el regreso a la mesa grande de la política latinoamericana, superando así el rechazo que había enfrentado en ocasiones anteriores. A los presidentes de Ecuador, Paraguay y Uruguay solamente les quedó reclamar a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela la ausencia de democracia, la observación del Estado de derecho y de los derechos humanos en sus discursos. Demandas que provocaron momentos de tensión en el claustro, que no se había reunido a nivel presidencial desde el año 2017.
El hecho de que no hubiera más intervenciones con respecto al reclamo puso en evidencia que el frente político que desconoció el poder de facto que ejerce Nicolás Maduro en Venezuela como resultado de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 ha sido debilitado y, con ello, también el Grupo de Lima. Aunque Colombia logró que el documento final, llamado la "Declaración de México”, no incluyera la petición sobre el desmantelamiento de las sanciones contra el régimen venezolano, no cabe duda de que el esfuerzo conjunto por restablecer la democracia en Venezuela ha perdido el efecto deseado.
El Grupo de Lima pierde peso en la región
Esta tendencia no es producto del encuentro de México, sino que ya salió a la luz con el retiro de Argentina del Grupo de Lima, en marzo de 2021. Adicionalmente, el presidente peruano electo, Pedro Castillo, había anunciado que su país estaba evaluando apartarse del Grupo. Esto resulta un tanto irónico ya que la propuesta viene del gobierno de cuya capital deriva el nombre. También el gobierno de San Lucía, en el Caribe, decidió cancelar su membresía.
El Grupo de Lima nació con la firma de la Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017, y se entendió como un apoyo a la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis política del país, exigiendo la liberación de los presos políticos, elecciones libres y el regreso del orden institucional democrático.
En aquella ocasión se reunieron los representantes de Relaciones Exteriores de 14 países de América Latina y Canadá. Sin embargo, sus miembros nunca lograron navegar conjuntamente entre la postura de confrontación promovida por la administración de Donald Trump, por un lado, y, por el otro, la actitud conciliadora de la Unión Europea y de algunos países latinoamericanos (Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Ecuador) en el marco de lo que se ha conocido como el Grupo Internacional de Contacto (GIC).
Con la desarticulación de la misma oposición venezolana se ha ido perdiendo el foco sobre el actor central que, se pensaba, retomaría de forma democrática el gobierno venezolano. Recientemente, el Grupo de Lima se vió marginado con los primeros contactos entre la oposición venezolana (G4) y representantes de Nicolás Maduro, con la mediación de Noruega y con miras a las elecciones anunciadas para el 21 de noviembre en ese país andino.
Aunque es totalmente incierto si estas negociaciones pueden llegar a producir resultados, debido a las fintas políticas que se siguen escenificando en Caracas, es evidente que la aportación del grupo de Lima a una solución de la crisis venezolana siempre consistió más en ejercer presión que en aportar propuestas o iniciativas .
Del Grupo de Lima al Proceso de Quito
Lo poco que ha podido aportar el Grupo de Lima contrasta claramente con los resultados que produzco el Proceso de Quito desde su fundación, en septiembre de 2018. Sobre la base de los compromisos multilaterales asumidos en el marco del Grupo de Lima, Ecuador lideró la conformación de una instancia multilateral que sigue funcionando como mecanismo regional para coordinar esfuerzos a fin de regular los flujos migratorios derivados de la crisis venezolana.
Como se trata de 5,4 millones de personas, víctimas de un proceso migratorio forzado y motivado por la grave crisis humanitaria, es menester la regularización de la situación migratoria de los venezolanos en la región y lograr formatos de cooperación con organismos internacionales.
Considerado como instancia técnica por parte de aquellos Estados de América Latina y el Caribe que se han visto afectadas por la oleada de ciudadanos venezolanos, se ha logrado, desde su fundación, articular una coordinación regional con el apoyo de un amplio Grupo de Amigos para implementar las medidas, programas y proyectos diseñados para la integración de personas refugiadas y migrantes venezolanas
A pesar de los vaivenes políticos, el Proceso de Quito ha ido aportando soluciones, especialmente dentro del llamado corredor andino, con Colombia, Ecuador y Perú, en cuanto a que estos países de tránsito y acogida de la migración venezolana logran acuerdos tales como la aceptación de los documentos de viaje vencidos de los venezolanos, o medidas contra la discriminación, la intolerancia y la xenofobia hacia la población migrante.
A pesar de la situación crítica en la cual se encuentra Venezuela en cuanto a las condiciones de vida de su población, a su mermada condición democrática y a la polarización interna, el país se encamina hacia una nueva elección en noviembre. Los Estados de América Latina y la misma Celac no disponen de instrumentos efectivos para observar estas elecciones y garantizar los derechos de la oposición.
La Cumbre de México hizo evidente que el discurso de la defensa de la soberanía y el rechazo a la intromisión en asuntos internos, como la realización de elecciones, están permitiendo que gobiernos de dudosa calidad democrática, como el de Nicaragua o Venezuela, puedan ser reconocidos como democráticos aunque su legitimidad electoral sea más que dudosa. Da la impresión de que, en aras de actuar conjuntamente a nivel regional, se acepta sacrificar las condiciones de la democracia en América Latina.
Günther Maihold es vicedirector de la Fundación Ciencia y Política de Berlín (SWP) y columnista invitado de DW.
(cp)