¿Cuán redistributivos son los sistemas latinoamericanos?

Todos tenemos una idea intuitiva de lo que es la justicia... o, al menos, de lo que es justo y lo que no. Sin embargo, definirla no resulta tan sencillo. Desde Aristóteles a John Rawls, dos milenios y medio después, ha habido muchos intentos. Pero el tema sigue estando sujeto a debate y cada posición, normalmente, revela una idea de justicia determinada y unos criterios particulares sobre lo que es justo.

La cosa se complica todavía más cuando hablamos de justicia social y de cómo medirla. Con la ayuda del Departamento de Análisis de Datos de Deutsche Welle hemos tratado de hacerlo para toda Latinoamérica a través del papel redistributivo del Estado. Hemos rastreado los principales informes basados en datos oficiales en los que se compara el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de la renta de un país, antes y después de que el Estado recaude los impuestos y distribuya ayudas y subsidios.

Con este criterio, el país que de forma más desigual redistribuye la riqueza que crea es Colombia. Sin embargo, su sistema fiscal no es capaz de corregir esta desigualdad. En cambio México, Brasil, Uruguay y, sobre todo, Argentina y Panamá, sí consiguen paliar significativamente este desigual reparto de la renta.

Este criterio de medición no está exento de problemas. Por ejemplo, en toda la región el porcentaje de economía sumergida que no viene recogida en las estadísticas fiscales es muy alto. Además, se mide la redistribución de la renta, no de la riqueza, que tiene un componente acumulativo que solo indirectamente viene recogido en nuestro análisis.

El Dr. Thorsten Hellmann lleva años trabajando en el tema. Es el encargado de elaborar para la Fundación Bertelsmann el 'Social Justice Index', que evalúa anualmente la Justicia Social en los 41 países de la Unión Europea y la OCDE. Lo hace a través de cuarenta y seis indicadores centrados en seis dimensiones distintas de la justicia social: pobreza, educación, mercado laboral, justicia intergeneracional, salud e inclusión social y no discriminación. "La dificultad para medir la justicia social estriba en encontrar indicadores significativos que se puedan obtener con una calidad aceptable en todos los países", explica Hellmann.

¿Un único indicador?

"Si tuviera que elegir un único indicador, seguramente sería el riesgo de pobreza", añade, aclarando que también es el aspecto más relevante en el índice que elabora para Bertelsmann, ya que se pondera más que los otros cinco. "Porque quienes viven en la pobreza definitivamente tienen menos oportunidades para participar", resume.

La titular de Economía Latinoamericana en la Universidad de Tulane, Nora Lustig, también "miraría a cuantas personas el sistema fiscal saca de la pobreza", afinando el criterio aún más: "es decir, cuántos de los que tienen un ingreso que está por debajo de la línea de pobreza antes de la acción fiscal, terminan con un ingreso por encima de la línea después de la redistribución fiscal".

De hecho, nos explica por correo electrónico, "la acción redistributiva del Estado requiere mirar a los impuestos y a los gastos en conjunto". Así, propone estudiar no solo las transferencias y subsidios a las familias, que "reducen la pobreza en el presente", sino también las destinadas a la protección social, que "sirve para mitigar el efecto de infortunios (desempleo, enfermedades, discapacidad, etcétera); y, muy importante, el gasto en educación, salud e infraestructura", que "contribuye a mejorar los niveles de vida en múltiples dimensiones, aumentar el crecimiento y la productividad y a reducir la desigualdad, sobre todo la desigualdad de oportunidades".

Su propuesta, sin duda, afina el análisis, aunque complica los cálculos. Por suerte, el Instituto Compromiso con la Equidad (Commitment Equity Institute), que Lustig dirige, ya los ha hecho: Argentina, Uruguay, México, Brasil y Chile serían, según este cómputo, los países de América Latina que más redistribuyen mediante impuestos. "Si le agregamos el impacto de subsidios, impuestos indirectos y el gasto público en educación y salud, se suman Costa Rica, Panamá y Ecuador", añade Lustig.

Sin embargo, medir la justicia social de un país por el número de ciudadanos que consigue sacar de la pobreza también presenta sus ambigüedades: que un Estado consiga luchar de forma efectiva contra la pobreza también puede denotar, paralelamente, que hay demasiados pobres, no que ese país sea más justo.

Lustig da además otra de las claves: "Es necesario introducir reformas fiscales que recauden más de los sectores más ricos y hacerlo de una manera que no ahuyente la inversión". Es decir, sin coartar el crecimiento. Porque no solamente hay que repartir mejor el pastel, sino también intentar que sea cada vez más grande para que haya más que repartir. Y el equilibrio entre crecimiento y redistribución no es siempre fácil.