Crónica de la impunidad

1983

Raúl Alfonsín es elegido presidente del primer gobierno democrático después de la dictadura y anuncia la persecución y el castigo de los miembros de la Junta Militar. Por decreto gubernamental se funda la CONADEP (Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas), que recopila miles de documentos y declaraciones testimoniales sobre los crímenes de la Junta en su informe final "Nunca más".

1985

Se pronuncian los fallos contra la Junta Militar. El dictador Jorge Videla es declarado culpable en 66 casos por asesinato, en 93 por torturas y en 306 casos por secuestros y delitos afines. Al igual que al ex-jefe de la Marina, Emilio Eduardo Massera, se condena a Videla a prisión perpetua. El sucesor de Videla, Roberto Viola, es condenado a 17 años de prisión. Luego se indulta a algunos represores, lo cual provoca protestas masivas en la población.

1986

Varias rebeliones militares obligan a Alfonsín a realizar amplias concesiones. Una de ellas es sancionar la "Ley de Punto Final", que prohibía posteriores acusaciones contra miembros de las Fuerzas Armadas.

1987

Se sanciona la "Ley de Obediencia Debida", que consagra el derecho de todo miembro de las Fuerzas Armadas, desde oficiales jefes hasta el rango de Brigadier General, a ampararse en las órdenes de militares superiores para justificar acciones represivas ilegales, como la tortura y las desapariciones. Alfonsín defiende aún hoy las leyes de Amnistía, ya que, según él, "salvaron la democracia".

1989

El nuevo presidente, Carlos Menem, del Partido Justicialista (Peronista) indulta a más de 270 militares, a pesar de protestas masivas de la ciudadanía argentina.

1990

Se producen rebeliones militares en el centro de Buenos Aires. El 29 de diciembre Menem decreta Amnistía General para los militares sentenciados e indulta, entre otros, a Videla, Massera y Viola, jefes de la Junta Militar. Videla defiende públicamente el terrorismo de estado justificándolo como una "guerra contra la subversión", la llamada "Guerra Sucia".

1998

Se detiene nuevamente a los jefes de la Junta Militar. Se condena a Videla a Libertad Condicional por colaboración en el secuestro de niños, el único delito exceptuado por las Leyes de Amnistía. Durante la Dictadura Militar y por orden de la Junta fueron adoptados ilegalmente alrededor de 500 bebés, en su mayoría nacidos en cautiverio.

1999

El juez de instrucción español Baltazar Garzón dicta captura internacional para 98 militares argentinos. Entre las víctimas de la Dictadura hubo más de 500 ciudadanos españoles. El Gobierno Argentino rechaza la extradición de los represores.

2001

El Juzgado de Primera Instancia de Nuremberg dicta orden de captura contra el Gral. Carlos Suárez Mason por el asesinato de la ciudadana alemana Elisabeth Käsemann. La extradición de Suárez Mason es denegada. El presidente argentino Fernando de la Rúa sanciona un Decreto Presidencial por el cual se prohibe a los tribunales argentinos extraditar a miembros de la Junta Militar.

2002

La Fiscalía de Nuremberg presenta otras dos órdenes de captura en el Caso Käsemann. La extradición de los acusados es rechazada. En consecuencia, Berlín entabla demanda en la Corte Suprema de Justicia argentina contra los vetos a las solicitudes de extradición. La Corte aún no ha fallado en esta demanda.

2003

El presidente Néstor Kirchner

anula en julio el Decreto Presidencial de Fernando de la Rúa. Al dictar el juez español Baltazar Garzón orden de captura internacional contra más de 40 ex miembros de las Fuerzas Armadas, éstos son detenidos por las Fuerzas de Seguridad argentinas. Al mismo tiempo, Kirchner declara que ha llegado el fin de la impunidad. Recibe el apoyo del Congreso y del Senado argentinos, que anulan las Leyes de Perdón.

Éxito y derrota en un día de septiembre: Se reabren dos "mega-causas", la de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la del Primer Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en la Capital Federal y gran parte de la provincia de Buenos Aires, que habían sido interrumpidas gracias a las Leyes de Perdón. Al mismo tiempo, el gobierno español de José María Aznar se niega a ratificar el pedido de extradición que Garzón tramitó para cuarenta integrantes de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, los militares detenidos en julio, responsables de aberrantes crímenes de lesa humanidad, son puestos nuevamente en libertad.

En Diciembre de 2003, la Fiscalía de Nuremberg dicta orden de captura contra Videla, Massera y Suárez Mason, responsable de detenciones ilegales.

Lo que vendrá

Argentina espera ansiosa la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado acerca de la inconstitucionalidad de las Leyes de Amnistía. Si la Corte declarase que las Leyes de Perdón son anticonstitucionales, podrían ser acusados aproximadamente 2.000 ex miembros de las Fuerzas Armadas. Tanto el gobierno de Néstor Kirchner como organizaciones de Derechos Humanos presionan a la Corte Suprema para que, de una vez por todas, asuma su responsabilidad ante la Nación y la comunidad internacional. "La única manera de comenzar a lograr una Argentina sin impunidad es juzgando en nuestro país a quienes eludieron la acción de la justicia; esa justicia que también negaron a sus víctimas. Queremos los argentinos, mediante nuestras instituciones, rectificar el rumbo y terminar con la impunidad, única vía válida para consolidar el Estado de Derecho", concluye una declaración de las organizaciones de Derechos Humanos.