Cristina de Borbón será enjuiciada por dos delitos fiscales
22 de diciembre de 2014En su auto de apertura de juicio oral, el instructor del caso Nóos, el juez José Castro, ha decidido que la infanta Cristina de Borbón deberá responder ante la justicia, acusada de dos delitos fiscales. El juez Castro ha llevado adelante la acusación a pesar de lo que defendían el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, la Abogacía del Estado y los letrados de la hermana del Rey. Desde hace meses, éstos alegaban que no existían indicios delictivos contra Cristina de Borbón y era necesario aplicar la llamada doctrina Botín del Tribunal Supremo -que indica que si en un delito que alude al Estado no acusan la fiscalía y la abogacía estatal, el delito no puede ser juzgado-. El juez Castro, sin embargo, entiende que si Hacienda y la fiscalía acusan a Diego Torres e Iñaki Urdangarín por los mismos delitos, no hay motivo para no sentar en el banquillo de los acusados a la mujer de este último.
Esta decisión del juez llega en un momento delicado para el escenario político español. A las intenciones secesionistas de Cataluña y los casos de corrupción que invaden a los principales partidos políticos se une el desencanto social con la monarquía. A pesar de que hace unos meses el Rey Juan Carlos I abdicó en su hijo Felipe, la recuperación de la confianza de la opinión pública sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la Corona española. Tras conocerse la noticia, desde Zarzuela –sede de la Casa Real- han manifestado su absoluto respeto por las decisiones de la justicia.
Actitud ejemplarizante
Teniendo en cuenta que la infanta Cristina ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión al trono español, su imputación como cómplice de fraude fiscal perjudica seriamente la imagen de la monarquía en España. En declaraciones para Deutsche Welle, la presidenta del Club Internacional de Prensa y corresponsal de Televisión Española ante la Casa Real durante 37 años, Carmen Enríquez, considera que es de esperar que Cristina de Borbón renuncie a sus derechos sucesorios. “Sospecho que en Zarzuela lo verían con alivio. Una persona que en este momento tiene que sentarse en un juicio acusada de delito fiscal no parece la más indicada para mantener su condición de sucesora”.
El auto del juez Castro ofrece a la monarquía española la oportunidad de demostrar su compromiso con la Justicia. “Puede ser positivo desde el punto de vista de la ejemplaridad. Como dijo el rey Juan Carlos, la justicia es igual para todos. La presencia de Cristina de Borbón en el juicio será una prueba evidente de que no son simples palabras. Por otra parte, sería conveniente ir al fondo del asunto y saber quién tiene razón, si el juez Castro o el fiscal cuando dice que no ve indicios necesarios para acusar a la Infanta. Y es que Horrach sostiene que su condición de infanta ha influido negativamente a la hora de sentarla en el banquillo de los acusados”, sostiene Enríquez.
Fianza millonaria
Castro ha pedido 2,69 millones de euros para Cristina y casi 15 millones de euros para su marido en concepto de fianza de responsabilidad civil, y ha dado 20 días a los acusados para que presenten sus escritos de defensa, tras lo cual remitirá el caso a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, donde se celebrará el juicio, posiblemente durante la segunda mitad del próximo año 2015.
Si bien solo existe una acusación contra la hermana de Felipe VI por parte de la asociación de funcionarios públicos Manos Limpias, el juez Castro considera que Cristina de Borbón es responsable de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública. Y es que como socia de Aizoon, la hermana del Rey habría contribuido a que su marido facturase a través de esta sociedad, en su declaración de la renta de 2007 y 2008, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era asesor, con el fin de pagar menos impuestos. Manos Limpias pide ocho años de cárcel para Cristina de Borbón –cuatro por cada delito-, puesto que considera que incurrió en el agravante de participar en una sociedad que protegía la identidad de los evasores tributarios.