Corte colombiana pide consulta sobre minería
1 de marzo de 2017
La Corte Constitucional colombiana ordenó que se realice una "consulta previa" a la comunidad del municipio de Marmato (noroeste) para dirimir si la minera canadiense Gran Colombia Gold puede seguir explotando los recursos de la zona.
La sentencia pone punto final al pleito que llevaba diez años. El nudo del debate estaba en definir quién tiene la razón frente a la explotación del oro en la mina Villonza, en la parte alta del cerro El Burro.
Disputas
En el municipio de Marmato alrededor de 5.000 familias viven de la minería artesanal que supone que el 80 % de la economía de la zona, actividad que según advierten los vecinos se ha visto gravemente afectada tras la llegada de la empresa.
Hace una década los habitantes de esta localidad iniciaron un pleito jurídico contra Gran Colombia Gold, por el dominio de la minería en la parte alta del cerro El Burro, que según denuncian, compró los derechos de explotación de esas pequeñas minas artesanales, las cerró y derribó sus molinos.
"Iniciaron un proceso de exterminio de la pequeña minería de la zona y terminaron creando un problema social gravísimo sometiendo al pueblo casi a una hambruna que por suerte no se prolongó", explicó el presidente de la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato, Rubén Darío Rotavista.
El líder minero indicó que la empresa compró licencias a mineros locales a un precio "muy bajo" para cerrar estas pequeñas explotaciones y aguardar a que el conjunto de la montaña se revalorizase en los mercados internacionales.
Gran Colombia Gold
En su página web, la compañía indica que el "Proyecto Marmato" contiene recursos estimados de aproximadamente 14 millones de onzas de oro.
El pulso entre los mineros artesanales y la multinacional empezó en 2008 con una acción de tutela, sin embargo, el primer "round" favoreció a la minera canadiense y en septiembre de 2010, mediante resolución de la Agencia Nacional de Minería, se ordenó el desalojo de una parte de los pobladores de Marmato, señalaron medios locales.
Pero la decisión no fue ejecutada ya que las autoridades locales argumentaron que la problemática social y económica se agravaría con el desalojo de los mineros artesanales. Por su parte, la transnacional decidió demandar al Estado colombiano por 700 millones de dólares por incumplimiento del acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá, que se desprende del Tratado de Libre Comercio firmado entre ambos países.
DG (efe, Caracol)