Corrupción sin fin

“La gran corrupción y constante pobreza que asolan a muchos países del mundo son un desastre social que no puede ser tolerado. Pero también en países más privilegiados es necesario redoblar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción”, dijo Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International, con ocasión de la presentación del informe en Berlín.

En los países de bajos ingresos, la corrupción desenfrenada pone en peligro la lucha mundial contra la pobreza, y amenaza con frustrar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU. Según el Informe Global de la Corrupción 2008 de TI, los niveles de corrupción rampantes pueden sumar hasta 35.000 millones de euros, o sea casi la mitad de los desembolsos anuales correspondientes a la asistencia mundial para el desarrollo.

El IPC de Transparency International (TI) mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado y consiste en un índice compuesto, que se basa en diversas encuestas entre expertos y empresas. El IPC 2008 clasifica 180 países (la misma cantidad que el IPC 2007) en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción).

Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia comparten a nivel mundial la mayor puntuación, de 9,3, seguidos inmediatamente por Singapur, con 9,2. Al final de la lista se ubica Somalia, con 1,0, precedida por una estrecha diferencia por Irak y Myanmar, con una puntuación de 1,3, y por Haití, con 1,4.

Corrupción desenfrenada en América Latina

De los 32 países de América incluidos en el IPC, 22 obtuvieron una puntuación inferior a 5 sobre un total de 10 puntos, lo que demuestra un grave problema de corrupción en la región, en tanto 11 países (República Dominicana, Bolivia, Argentina, Belice, Honduras Guyana, Nicaragua, Paraguay, Ecuador, Venezuela y Haití) no lograron superar la marca de los tres puntos, lo que significa que existen niveles de corrupción desenfrenados.

Los países latinoamericanos con una menor corrupción percibida son Chile y Uruguay, ambos con 6,9 puntos. Los primeros lugares en América están ocupados por Canadá (8,7 puntos), Estados Unidos (7,3), Santa Lucía (7,1) y Barbados (7,0).

En Europa, España ocupa un lugar medio, con 6,5 puntos y el puesto 17 en la región, con 30 países analizados. En los últimos lugares se hallan Rumania (3,8) y Bulgaria (3,6). A la cabeza de la lista europea figuran Dinamarca (9.3), Suecia (9.3), Suiza (9.0), Finlandia (9.0), los Países Bajos (8.9) e Islandia (8.9).

Mejoras y empeoramientos

Si bien los cambios en la puntuación del Índice no se producen rápidamente, se han registrado modificaciones significativas en las estadísticas correspondientes a algunos países, tanto en el extremo superior como inferior del IPC.

Un análisis de las encuestas de fuentes incluidas tanto en el Índice 2007 como 2008 revela que se registraron descensos significativos en las puntuaciones de Bulgaria, Burundi, Maldivas, Noruega y el Reino Unido.

Mejoras significativas en términos estadísticos se registraron el año pasado en Albania, Chipre, Georgia, Mauricio, Nigeria, Omán, Qatar, Corea del Sur, Tonga y Turquía.

Todo lo que falta

Independientemente de si se trata de países con altos o bajos ingresos, el desafío de controlar la corrupción exige instituciones sociales y de gobierno que funcionen adecuadamente. Los países más pobres suelen sufrir las nefastas consecuencias de un Poder Judicial corrupto y un control parlamentario ineficaz.

Los países ricos, por su parte, muestran señales de reglamentación insuficiente del sector privado, en lo que respecta a superar el problema de los sobornos que estos pagan en el extranjero, así como un control débil de las instituciones y operaciones financieras. Ello pone en evidencia una inaceptable doble moral, en tanto el problema de la corrupción no sólo es interno en los países pobres, sino que además es fomentado desde afuera.

Detener la corrupción requiere de un riguroso control a través de los parlamentos, las autoridades de justicia, los medios de comunicación independientes y una activa sociedad civil. Pero también es imprescindible un código de conducta vinculante de las empresas que operan a nivel internacional. Sin esfuerzos mancomunados de ambas partes, la corrupción seguirá lo más campante.