¿Deben pagar los ricos por la crisis del coronavirus?

En Argentina se discute actualmente sobre un nuevo tributo extraordinario que, según la prensa local, se aplicaría una sola vez sobre fortunas superiores a los 3 millones de dólares e involucraría a 12.000 personas físicas con este nivel de riqueza. Entre ellos, obviamente, a los empresarios más importantes del país.

Una variante de esta propuesta se ha hecho también recientemente en Alemania: un impuesto también extraordinario y único a la propiedad, sugirió la líder de los socialdemócratas, que gobiernan en coalición con los conservadores de Ángela Merkel. El objetivo de ambas propuestas: recaudar fondos adicionales para enfrentar las consecuencias económicas de la actual pandemia de coronavirus.

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La discusión no es ni nueva, ni argentina, ni alemana. En EE. UU., por ejemplo, los excandidatos presidenciales demócratas Elizabeth Warren y Bernie Sanders proponían crear un impuesto a los multimillonarios para disminuir la desigualdad y aumentar el gasto social en áreas como salud y educación, mucho antes de que el coronavirus secuestrara nuestra cotidianidad.

Colombia, Uruguay y Argentina

En América Latina, donde la desigualdad patrimonial es mayor que la medida por ingresos, son al menos tres los países que ya gravan la fortuna acumulada de las personas más ricas.

El economista chileno Ricardo Martner, exjefe del departamento fiscal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), destaca el ejemplo del impuesto de Colombia a los grandes patrimonios individuales o corporativos, "el llamado impuesto de guerra para enfrentar los gastos de los conflictos armados". Con una tasa única del 1 por ciento para los patrimonios netos superiores a 5 millones de pesos colombianos (1,2 millones de dólares al cambio actual), exime la primera vivienda del contribuyente hasta un monto determinado. Y podría ser un modelo a mirar en el futuro, para crear fondos fiscales de emergencia como los que se requieren hoy, sugiere el experto.

En Uruguay, existe también un impuesto al patrimonio (IPAT), que grava a personas naturales y jurídicas localizadas en el país (con entre el 0,4 por ciento y el 0,7 por ciento) y no residentes (con entre 0,7 por ciento y 1,5 por ciento). La Dirección General Impositiva exime activos en el exterior, determinadas áreas forestadas y bienes inmuebles rurales, títulos de deuda pública y acciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Argentina, por su parte, le llama "impuesto a los bienes personales". Grava bienes en el país con entre el 0,5 por ciento y el 1,25 por ciento y en el exterior, con entre el 0,7 por ciento y el 2,25 por ciento. Y exime también la vivienda del contribuyente hasta un monto determinado. Mientras Chile, con el estallido social, ha legislado subir del 30 por ciento al 45 por ciento el impuesto a las rentas más altas, lo que aumenta la recaudación de los mayores asalariados, no de los rentistas, compara Martner.

Pero el concepto de patrimonio incluye desde dinero en efectivo, vehículos como autos y barcos o inmuebles, hasta metales preciosos, obras de arte, joyas, antigüedades, objetos del hogar, cuentas bancarias, créditos a favor del contribuyente, etc. Así que su identificación y valorización no es trivial, advierte la mayoría de los expertos.

Baja recaudación tributaria

Mientras tanto, América Latina sigue teniendo una tasa de recaudación "extremadamente baja", del 22,8 por ciento del PIB, comparada con los 34,2 por ciento del promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), explica a DW Martner, que es hoy miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), a la que pertenecen también gurús de la economía como el francés Thomas Piketty  y el estadounidense Joseph Stiglitz. 

"Se ha avanzado poco en los últimos años, antes de las sucesivas crisis recientes", recuerda también Martner, en referencia tanto a los estallidos sociales ocurridos en países como Chile y Ecuador, como a la crisis que acompaña a la actual pandemia. Los paquetes económicos aplicados en la región han priorizado rebajas de impuestos que benefician a las corporaciones, lo que reduce "la disponibilidad fiscal de estos países para enfrentar la pandemia". 

Desde el estallido social, se discute sobre la voluntad política de diseñar sistemas tributarios más progresivos, a través de altos impuestos a las rentas, al patrimonio, o ambos. "El problema con las rentas es que se disipan en múltiples mecanismos, como los paraísos tributarios y las subdeclaraciones, que hacen muy difícil generar recursos significativos por esa vía", advierte Martner. Por eso, se ha retomado el debate sobre la renta patrimonial, específicamente sobre el impuesto a las propiedades, que ya existe en la región, pero con fuertes déficits administrativos: "registros e información insuficientes" que dificultan el pago proporcional, resume el economista chileno.

La liquidez, las empresas, la inversión y el empleo

"Yo sería cuidadoso", dice por su parte a DW Christoph Spengel, profesor de Administración de Empresas y Fiscalidad Internacional en la Universidad de Mannheim. "Estamos justo al inicio de una crisis sanitaria y económica global. Lo primero que se intenta, en esta fase, es suministrar liquidez a las empresas, a través de créditos y aplazamiento de impuestos. Pues, cuando se conserva una empresa, se conservan puestos de trabajo", advierte.

Con la introducción de un impuesto al patrimonio para cubrir parte de los costos de la crisis se corre el riesgo, durante la crisis, de retirar liquidez adicional al sector empresarial, opina Spengel. A no ser que no se grave el capital o patrimonio de las empresas. Pero esto haría irrelevante el tributo, pues excluiría a la mayor parte de los grandes patrimonios.

Otra alternativa, elevar los impuestos sobre la renta, afectaría sobre todo a los empleados. Los dueños de grandes corporaciones reinvierten sus ganancias, que no se gravan como ingresos. Esto otorga sentido a la discusión sobre un impuesto que contribuya a redistribuir esa riqueza que escapa del sistema impositivo; pero la discusión debería seguir "cuando se logre remontar la crisis y estabilizar la economía", sugiere el economista alemán.

Alternativas: impuesto a la herencia, impuesto de solidaridad

En Europa, el impuesto a la propiedad o el patrimonio existe en unos pocos países como Luxemburgo, España y algunos cantones suizos, recuerda Spengel. Mientras no exista en todos, y sin regulaciones internacionales, es difícil controlar la fuga de capitales, la elusión y evasión tributaria. Por eso, para después de la crisis, el economista alemán propone pensar en alternativas adicionales. Por ejemplo:

-"Un buen impuesto a la herencia", que ha sugerido también a otros medios el economista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Alberto Barreix, coautor del informe Revisando el  impuesto a la renta personal en América Latina. Evolución  e impacto. 

-O "un recargo solidario", como el que se impuso en Alemania tras la reunificación, en 1990, y que se aplica también a las ganancias de las corporaciones.

Martner coincide con Spengel en que este no será un período de aumentar los tributos. Pero sí tendrá que ser uno, insiste, para defender la recaudación fiscal, y no aprobar paquetes con beneficios tributarios para corporaciones con otros mecanismos para solventar la crisis. Por otra parte, "el modelo de fiscalidad a la baja, para atraer inversión extranjera directa, no es opción ahora mismo", asegura. "Ninguna persona, multinacional o país está pensando en expandirse". (VT)

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