Contradicciones legales propiciaron la huida de los acusados
7 de febrero de 2016
"Con todo lo que se desarrolló durante varios meses, las personas tuvieron toda la oportunidad de ocultarse", señaló el ministro de Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde. El funcionario explicaba así a la prensa la fuga de doce militares involucrados en la matanza de seis padres jesuitas en 1989 y requeridos recientemente por la Interpol a petición de las autoridades judiciales españolas.
Ramírez Landaverde explicó que sendas resoluciones de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional "se contradecían" sobre si las "notificaciones rojas" de Interpol habilitaban para la captura de los sospechosos o sólo requerían su lo localización. A raíz de esto "consideramos en la Policía Nacional Civil, pedir una aclaración, y después del análisis respectivo se optó por proceder a las detenciones", explicó el titular, quien era director de la Policía cuando fueron reactivadas las órdenes de captura.
El presidente les pide que se entreguen
Desde la presidencia del gobierno expresaron su respeto a la independencia del poder judicial. El presidente, Sánchez Cerén, sin embargo, sugirió a los exmilitares huidos en declaraciones recogidas por la prensa local: "Mi recomendación a los militares en el caso jesuitas es que se entreguen a la justicia y que sea esta la que decida sobre su extradición". Una ley de amnistía general emitida en 1993 por el Congreso no permite juzgar a los implicados en crímenes de guerra durante el conflicto civil que vivió ese país entre 1980 y 1992.
Entre los jesuitas asesinados en 1989 se encontraba el rector de la Universidad Centroamericana. En declaraciones también recogidas por la prensa local, el actual rector negó que haya una persecución política contra los exmilitares: "lo que se presente aquí es justicia, no se pretende ninguna persecución política; porque no son políticos en este momento, sino que fueron funcionarios de Estado que optaron por seguir una forma de guerra que atentaba contra los derechos humanos y contra la población civil… y eso es detestable".
LGC (EFE / La página / El Mundo.sv)