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Guatemala: Congreso investigará a misión antimafias de ONU

25 de septiembre de 2019

La medida fue propuesta y aprobada por aliados del presidente Jimmy Morales que creen que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) cometió ilícitos durante sus 12 años de operación en el país.

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Manifestantes protestan contra la decisión del presidente Jimmy Morales de finalizar el mandato de la Cicig (12.01.2019)Imagen: Getty Images/AFP/O. Estrada

El Congreso guatemalteco conformó este martes (24.09.2019) una comisión para investigar presuntas ilegalidades cometidas por una misión antimafias de la ONU que fue clave en la lucha contra la corrupción y terminó sus funciones el pasado 3 de septiembre.

La medida fue propuesta y aprobada por diputados del partido del presidente Jimmy Morales y aliados en el Congreso, quienes consideran que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) cometió ilícitos durante sus 12 años de funcionamiento en el país.

La comisión estará integrada por cinco diputados y podrá interponer denuncias ante la fiscalía contra exfuncionarios de la extinta Cicig con la posibilidad de peticiones de extradición, señaló durante la sesión parlamentaria el diputado Juan Giordano, del partido oficial FCN-Nación, uno de los impulsores de la iniciativa.

Morales y su oposición a la Cicig

El pasado 3 de septiembre, la misión de la ONU llegó a su fin luego de que el presidente Morales se negara un mes antes a renovar el mandato del ente, que funcionaba desde 2007 a petición del gobierno guatemalteco para atacar a las mafias incrustadas en el aparato estatal. 

El presidente guatemalteco Jimmy Morales anunció el 31 de agosto de 2018 que no renovaría el mandato de la Cicig al acusarla de una supuesta "injerencia en los asuntos internos"Imagen: Getty Images/AFP/J. Ordonez

Morales, quien antes elogiaba el trabajo de la Cicig y había prometido ampliar su mandato hasta 2021, anunció que no renovaría su mandato al acusarla de una supuesta "injerencia en los asuntos internos" y prohibió el regreso al país del exjuez colombiano Iván Velásquez, quien la dirigía.

Los desacuerdos del gobernante con la Cicig habían llegado un año antes, después que Velásquez y la exfiscal Thelma Aldana pidieran investigar al mandatario por sospechas de finanzas ilegales en su campaña de 2015.

La fiscalía y la Cicig presentaron casos de corrupción que involucraron a políticos, empresarios y otros sectores que eran considerados intocables, pero el principal escándalo fue la revelación en 2015 de una estafa en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla del fraude.

rrr (afp/efe)

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