Condenan a empresario en caso que salpica a Christine Lagarde
28 de junio de 2013
“Bernard Tapie acaba de ser imputado por estafa en banda organizada, pero puedo asegurar que en el auto no hay ningún elemento con el que se pueda demostrar que la sentencia del arbitraje, su resultado, fue fruto de una estafa”. Con esas palabras explicó el abogado Hervé Temime, defensor de Tapie, la resolución de la justicia francesa.
La noticia, dada a conocer en la tarde del viernes (28.06.2013), se relaciona con un arbitraje puesto en marcha en 2008 por la entonces ministra de Economía de Francia, Christine Lagarde, quien actualmente funge como directora gerente del FMI. Gracias a ese arbitraje, Tapie consiguió el pago de 400 millones de euros por parte del Estado francés, en un litigio comercial.
El abogado aseguró que su defendido asume esta resolución “con la mayor tranquilidad” y asegura que recurrirá la decisión judicial, argumentando que las razones por las que ha sido imputado el empresario proceden de la “esfera política”. Durante el proceso, Lagarde se presentó como testigo para prestar declaraciones en el caso durante dos días, en mayo.
Noventa y seis horas con la Justicia
A fines de mayo, la publicación Le Monde publicó documentos de la investigación donde se aseguraba que existían pruebas suficientes para determinar que una “estafa de banda organizada”, liderada por el gobierno de Nicolas Sarkozy, permitió que Tapie consiguiera el dinero que recibió por el litigio comercial.
En 2007, la entonces ministra Lagarde decidió recurrir a un tribunal arbitral para resolver el conflicto entre Tapie, aliado y amigo de Sarkozy, con Crédit Lyonnais. Tapie consideraba que sus intereses habían sido perjudicados por esa compañía, a la que había dado instrucciones para la venta de Adidas, que habría sido subvalorada por Crédit Lyonnais.
Ahora el Estado francés forma parte del proceso judicial como parte civil y podría reclamar la devolución del dinero, argumentando que sufrió un fraude por parte de Tapie, quien fue interrogado durante 96 horas, el máximo que permite la ley. Tras esa comparecencia, el juez decidió poner al empresario de 70 años formalmente bajo investigación.
DZC (Europa Press, AFP)