Colombia: proceso de paz en apuros

La paz de Colombia está en peligro. Ése es el mensaje que queda flotando sobre Bruselas después de que pasara por aquí una marcha cívica hacia La Haya y después de que 75 representantes de más de mil organizaciones de la sociedad civil se reunieran esta semana en el corazón de Europa.

"De acuerdo al último informe anual de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las masacres han aumentado un 164% en el último año, pasando de 11 casos 2017, a 29 en 2018. Los desplazamientos forzados, por su parte, aumentaron de alrededor de 127.000 personas víctimas en 2017 a 145.287 en 2018. Podemos afirmar que Colombia atraviesa una crisis humanitaria”, dice el comunicado conjunto, surgido de la asamblea de las organizaciones de la sociedad civil.

En ella está representada Oidhaco (Oficina Internacional de los Derechos Humanos - Acción Colombia) y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. También la CCEEU (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia. Son más de mil organizaciones las que confluyen en el mensaje de alerta. 

"Existe una profunda preocupación por el desfinanciamiento y la falta de respaldo gubernamental a los mecanismos del Sistema de Justicia Transicional. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya ley estatutaria fue objetada por el presidente Duque, por ejemplo, se le ha asignado en 2019 un presupuesto 28% menor del previsto para su funcionamiento. La JEP es el instrumento que garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Tendría que ser intocable”, se afirma en el comunicado conjunto de las organizaciones.

"Si no hay JEP habrá La Haya”

En este contexto, la sociedad civil colombiana lleva hacia la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya (Holanda) un mensaje claro: "si no hay JEP, la CPI deberá operar de inmediato, iniciando una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por actores fuera del Estado como desde el Estado mismo”, dijo a la prensa en Bruselas Gustavo Petro, senador colombiano y ex candidato a la presidencia, que acompaña la marcha hacia La Haya. 

"Sin JEP hay Tribunal de La Haya” es uno de los lemas de esta cruzada. "Es la primera vez que la sociedad civil hace presencia en la Corte”, dice a DW Alirio Uribe, reconocido abogado defensor de los derechos de las víctimas de la violencia en Colombia. "La CPI  tiene mucha información. Y aunque no creo que hoy abra un caso sobre Colombia, sí puede presionar”, dice. "Si se cierran todos los espacios de justicia en Colombia, La Haya actuará. La paz de Colombia está en la Constitución y en la ley”, puntualiza.

¿Qué puede hacer Bruselas?

"Cabe recordar que el Parlamento Europeo apoyó en su momento, unánimenente, la paz en Colombia. Ahora se trata de que, viendo las actuales debilidades, hagamos más esfuerzos para que ese apoyo a la paz siga”, recordó a la prensa la eurodiputada Tania González, vicepresidenta de la Delegación para la relaciones con los países de la Comunidad Andina.

El fondo fiduciario de la UE para implementar los acuerdos de paz, el enviado especial para la paz de Colombia, las gestiones de los representantes europeos en Ginebra y también el diálogo político sobre derechos humanos que tiene periódicamente Bruselas con Bogotá son signos de interés e instancias de intercambio. Y mecanismos de presión.  

Esta renovada movilización de los movimientos cívicos pro Colombia tiene lugar, también, poco antes del diálogo sobre derechos humanos entre la UE y Colombia. Las organizaciones de la sociedad civil tienen claro su mensaje: "Siete meses después, queda claro que no hay voluntad política para implementar el acuerdo de paz. Incluso detectamos medidas regresivas en cuanto al reconocimiento de los derechos de las víctimas”, dice a DW Jorge Gómez, coordinador de Oidhaco en Bruselas.

"Colombia se halla en una instancia previa a que se le abra un caso en La Haya, que tiene jurisdicción sobre Colombia por ser firmante del Estatuto de Roma”, sigue Gómez. "Aunque no podemos decir cuándo, de no haber JEP habrá Corte Penal Institucional. El compás de espera al gobierno de Duque se acabó”, concluye.

(er)

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