Colombia, con la “guerra sucia” en mente

En Colombia, el diario El Tiempo habla de crisis y la revista Semana, de pánico. Al otro lado del Atlántico, El País se pregunta si ha empezado “otra guerra sucia” en la tierra de los Nobel Gabriel García Márquez y Juan Manuel Santos. Dentro y fuera de la nación sudamericana se teme que la reciente sucesión de atentados contra dirigentes sociales, ambientalistas, representantes de los desplazados y defensores de los derechos humanos en los departamentos colombianos de Caquetá, Nariño y Meta pueda prolongarse hasta impedir tanto la refrendación del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC como la integración de los subversivos desmovilizados a la vida social y política.

Tres muertos y dos heridos dejaron los ataques perpetrados este fin de semana por personas aún sin identificar; pero la cuenta de víctimas mortales aumenta dramáticamente en retrospectiva: cuatro activistas de izquierda en los últimos quince días, según El País; cinco en el pasado trimestre y diecisiete en lo que va de año, señala El Tiempo. Ese saldo y el hallazgo de panfletos firmados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) atizan la sospecha de que estos crímenes pueden ser un remedo de lo que en la década de los ochenta se conoció como la "guerra sucia”: la matanza de unos cinco mil miembros de Unión Patriótica, un partido integrado ante todo por exguerrilleros de las FARC.

La suerte de la Unión Patriótica

Aunque la Unión Patriótica surgió al calor de las conversaciones de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y las FARC, el asesinato sistemático de sus militantes y de sus candidatos presidenciales –presuntamente llevados a cabo por paramilitares de ultraderecha con respaldo del Ejército colombiano– terminaron truncando las negociaciones. ¿Qué secuelas podría tener otra ola de homicidios políticos como aquella para la iniciativa de paz del presidente Juan Manuel Santos? “Si el nuevo pacto no se sella pronto, la polarización puede intensificarse hasta llegar a legitimar implícita o explícitamente los enfrentamientos violentos”, dice Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP), de Berlín.

Cletus Gregor Barié, quien trabajó varios años en Colombia como asesor de CERCAPAZ y otras organizaciones para el fomento de la paz, coincide con Maihold: “En un ambiente de incertidumbre y polarización, estos acontecimientos pueden obstaculizar la refrendación del nuevo acuerdo de paz hasta hacerla inviable”. Sin embargo, en lugar de referirse a una “nueva guerra sucia” en Colombia, el politólogo del SWP prefiere describir lo que allí ocurre como un fenómeno de transición propiciado por la postergación de la firma del acuerdo Gobierno-guerrilla. “Lo que estamos viendo son los primeros síntomas de una tregua prolongada sin una declaración de paz vinculante”, explica Maihold.

Estatus incierto

“Esa circunstancia hace que una serie de actores violentos crean poder movilizarse a sus anchas sin rendirle cuentas a nadie porque, de momento, el futuro de las negociaciones entre el Estado colombiano y las guerrillas luce incierto”, acota el experto de Berlín. Humberto Sánchez, alcalde de San Vicente del Caguán –el municipio de Caquetá donde fueron encontrados los panfletos suscritos por un grupo paramilitar–, alega que se está buscando convertir los asesinatos en un asunto político, cuando bien podrían tratarse de “ajustes de cuentas”.

Barié no comparte del todo ese argumento: “Me consta que abundan las matanzas atribuibles a la delincuencia común, sobre todo en las zonas rurales del país, donde campean la impunidad y la anomia”. No obstante, añade Barié, “el homicidio político no es raro: los asesinatos selectivos son usados para emitir señales. De ahí que las muertes de esos activistas y líderes sociales sean leídas como mensajes articulados por grupos adversos al acuerdo con las FARC. Hay facciones poderosas interesadas en que la guerra civil continúe en Colombia. La entrada en vigor de ese pacto de paz dará paso a debates agrios sobre desigualdad económica, exclusión social, propiedad de tierras y desarrollo rural, por ejemplo. Y hay grupos que tienen miedo a perder sus cuotas de poder cuando se discutan estas materias. Esto brinda muchas oportunidades para pescar en río revuelto”, opina Barié.

"¿Cómo saber de dónde vienen los disparos?”

El presidente Santos convocó a una reunión de emergencia para este martes (22.11.2016) con miras a ordenar una investigación más exhaustiva de los asesinatos y a sopesar los daños políticos que la situación ya ha causado. “La protección de los guerrilleros desmovilizados es una de las piedras angulares del acuerdo de paz y existe la voluntad política de garantizarles su seguridad. No obstante, cabe recordar que otras promesas –como la implementación cabal de la Ley de Víctimas– no pudieron ser del todo cumplidas; que ciertos sectores de la población ven con malos ojos la onerosa protección ofrecida a los guerrilleros; y que, en la práctica, sigue habiendo grandes extensiones del país que escapan al control del Estado”, comenta Barié.

“Lejos de los centros urbanos operan numerosos grupos armados, desde la guerrilla tradicional hasta las nuevas estructuras mafiosas que matan por encargo. ¿Cómo saber de dónde vienen los disparos?”, se pregunta este conocedor del acontecer colombiano. Maihold considera que al Estado le costará mucho guardarle las espaldas a los guerrilleros desmovilizados porque buena parte de la población colombiana –incluida la élite del país–  “parece estar apostando a la revancha y no a la concordia. No es raro que un proceso de reconciliación nacional se vea ensombrecido por el incremento de la violencia sectaria antes de que la paz eche raíces; la Historia nos dejó varios ejemplos en ese sentido. Pero mientras no se consolide ese proceso en Colombia, el riesgo de que proliferen las cobranzas de ‘cuentas pendientes’ y las agresiones contra exguerrilleros o políticos cercanos a ellos seguirá siendo grande”, dice el especialista.

Evan Romero-Castillo (ERS)