Ante el "fin de una guerra"

Los colombianos celebran la noticia en las redes sociales con etiquetas como #FinDeUnaGuerra, #SiALaPaz o #ElUltimoDiaDeLaGuerra: los negociadores del Ejecutivo de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han llegado, por fin, a un histórico Acuerdo de Cese al Fuego y Hostilidades y Dejación de Armas.

Hasta ahora, se habían logrado arreglos sobre desarrollo agrario, participación política de la guerrilla, lucha conjunta contra el narcotráfico, atención a las víctimas del conflicto y aplicación de un sistema de justicia transicional. Pero este tema, el tercero de la agenda de cinco puntos que estructura los diálogos de paz iniciados a fines de 2012, causó especiales desacuerdos y retrasos.

Garantías, el “punto neurálgico”

“Se trata de un punto neurálgico tanto para el Gobierno como para las FARC”, que no solo incluye el cronograma de la dejación de armas, sino también la definición de zonas de concentración de los guerrilleros para la verificación del cese bilateral del fuego. En estas áreas, “el Gobierno debería ser capaz de garantizar la seguridad de los desmovilizados”, explica a DW el politólogo Günther Maihold, subdirector de la fundación alemana Ciencia y Política (SWP). Resuelto todo esto, según los cronogramas conocidos, la firma definitiva de la paz podría ocurrir en dos meses, recordó la prensa colombiana.

Pero en los últimos tiempos han cursado informaciones sobre “paramilitares armados, bandas criminales emergentes (BACRIM), que se han juntado con el afán de irrumpir en los espacios que podrían quedar sin control cuando las FARC se desmovilicen, y que tienen cuentas pendientes con integrantes de las FARC”, precisa Maihold. Así que esas áreas “tienen que estar bien controladas y, según el acuerdo anterior, tienen que ubicarse en zonas donde no haya minería ni cultivos ilegales”. Adicionalmente, todo este tiempo, las FARC defendieron que estas zonas fueran relativamente amplias, mientras el Gobierno insistió en mantenerlas reducidas.

De La Habana a Colombia

Con este avance cae el último gran obstáculo a un acuerdo entre el Gobierno y las FARC y se abre otro punto clave: el proceso de refrendación, “que se supone que podría tener lugar a partir de septiembre”, evalúa Maihold. Así, finalmente, la discusión sobre la paz se desplaza de La Habana a la sociedad colombiana, donde “va a levantar muchas emociones, desde la alegría y el encanto, hasta el miedo y el trauma”, y donde serán necesarias “mucha mediación, reconciliación”, prevé el experto.

Los municipios en cuyas cercanías podrían abrirse estos campos de movilización “están altamente preocupados” por los efectos que puede tener la afluencia de un estimado de 18.000 desmovilizados en su vida cotidiana, advierte este politólogo berlinés, que sigue de cerca del proceso colombiano. Un temor visible desde hace meses en el campo colombiano, comentó a DW antes del actual anuncio Jorge A. Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), es el resurgimiento de la extorsión y de formas de inseguridad. Ese temor ha propiciado ya la creación de grupos de seguridad privatizada, nocivos para el desarrollo, la democracia y la estabilidad política colombiana, porque abren una puerta a “fenómenos violentos que ya vivimos en el pasado”.

Entre Colombia y sus vecinos

Mientras se acerca a la paz y se aleja de su imagen de “país problema”, Colombia necesita del apoyo de sus vecinos, que deberían fungir como garantes de este proceso. Por un lado, están países como Chile y Brasil, que han ofrecido “apoyar con fuerzas de seguridad el proceso de desarme”, die Günther Maihold, dado que las FARC rechazan entregar las armas a las autoridades colombianas. Por el otro, está la frontera con Venezuela, donde operan tanto las FARC como el ELN (la segunda guerrilla colombiana, ahora también en diálogo con el Gobierno).

Existen “dudas justificadas” sobre la posibilidad de que el cruce de fronteras sirva a algunos guerrilleros para mantenerse en armas: “En la precaria situación política y social que actualmente caracteriza a Venezuela, será importante ver cómo especialmente sus Fuerzas Armadas cooperarán con la desmovilización, y si se logra una vigilancia fronteriza que permita controlar al máximo posible los movimientos de agrupaciones militares o criminales”, precisa el subdirector de SWP.

Encima, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en enero la creación de una misión para supervisar el alto el fuego, y la delegó en expertos civiles no armados de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Pero esta organización regional carece de experiencia en este tipo de misión, advierte Maihold.

¿Cuán cerca está la paz?

En vísperas del actual anuncio, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya había manifestado su confianza en que el andamiaje jurídico en torno al proceso de paz pudiera echar a andar en un mes, el próximo 20 de julio, con el inicio de un nuevo periodo legislativo. Pero el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (alias "Timochenko") respondió que “aunque avanzamos, aún falta pelo pal moño”.

¿Qué falta? ¿Qué más puede trabar ese ansiado acuerdo de paz que ahora se espera firmar en dos meses? “Los acuerdos necesitan convertirse en leyes, reglamentos, presupuestos”, adelanta Günter Maihold. Además, los diversos actores políticos tendrán “que convencer a la población colombiana de la utilidad de lo que se ha logrado negociar”. Asimismo, el Gobierno tendrá que ofrecer “garantías eficientes” y las FARC tendrán que convencer con su “pedagogía de la paz” a sus propios frentes, imponer su capacidad de control por sobre la autonomía que esos frentes han ganado en estos años y asegurar la dejación de las armas.