Chile y su deuda con los niños bajo custodia del Estado

Residencias y centros del Servicio Nacional de Menores (Sename), organismo estatal de Chile, tienen un triste historial de graves y sistemáticas violaciones y vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Informes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Policía de Investigaciones (PDI) acreditan castigos excesivos, torturas, violencia, abuso sexual y muertes.

La Defensoría de la Niñez, organismo estatal independiente creado en 2018, está en alerta. "Tenemos muchas deudas en este ámbito”, dice a DW su titular, la abogada Patricia Muñoz, ante la situación de niños que, por abandono, negligencia o maltrato de sus padres, quedan bajo cuidado del Sename. "Debiendo ser protegidos por el Estado, han encontrado en el contexto de esta custodia nuevas situaciones de vulneración”, indica.

"Tenemos 1836 niños fallecidos en el sistema de protección desde 2010, y 114.475 desaparecidos desde 2008. Ni las policías, ni el Estado, ni el Sename que es el ente responsable, ni tribunales de justicia saben dónde se encuentran”, señala a DW Édison Llanos.

Él mismo vivió en hogares del Sename, institución que actualmente atiende a cien mil niños en programas ambulatorios y centros propios y asociados, y tiene unos 9000 en hogares. En su libro "Mi infierno en el Sename”, Llanos relata las experiencias que lo marcaron y también la esperanza de cambio, que lo llevaron a crear la Fundación "Ya no están solos” (YNES), que da asesoría legal y social y busca incidir en el debate legislativo. "El Sename es un sistema deficiente, negligente, enfocado en la caridad y en la compensación económica para los directores, pero no en la protección real de niños y niñas”, dice.

Su historia es parte del documental “Bajo custodia”,  que muestra también el caso de Maicol, un niño de cuatro años, que en 2013 murió en un incendio en un hogar dependiente del Sename en Antofagasta. Había sido encerrado con llave como castigo por sacar dulces sin permiso.

Las vulneraciones se arrastran por décadas. "Situaciones como éstas han tendido a normalizarse, con la gravedad que eso significa. Los niños entienden que esto es parte de lo que les toca vivir al interior de estos lugares y eso hace que a veces ni siquiera denuncien”, lamenta Muñoz.

Historial de castigos y abusos

Según información reunida por la Fundación para la Confianza, la contención física y farmacológica y los castigos no son hechos aislados: el uso de la fuerza en situaciones de crisis en residencias, de acuerdo con un informe de 2017 del INDH, "ha sido vivida o atestiguada por un 23,72% de los niños y niñas”. Testimonios relatan brutales formas de contener a quienes "se encuentran alterados o descompensados emocionalmente: "Los tiraban al piso, les doblaban el brazo” o "una tía mete la cabeza de un niño de 6 años en un horno caliente hasta que se sofoque”. Según un reporte de la PDI, difundido por el portal CIPER, en 240 hogares investigados en 2017 se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. En la mitad de las residencias se verificaron abusos sexuales.

En 2016, la muerte de Lissette, de 11 años, a causa de golpes y la asfixia provocada por sus cuidadoras en el centro Galvarino, gatilló la salida de la entonces directora del Sename y el estudio de una ley para reformar el organismo. Pero la violencia ha continuado.

La Fiscalía Regional Occidente investiga una serie de delitos en distintos centros. La causa principal es del Hogar Nido de Hualpén, por abuso y explotación sexual. Aunque las primeras denuncias datan de 2017, el cierre del recinto se ordenó recién en 2020. Una educadora fue formalizada este mes por el delito de apremios y se investigan adopciones ilegales. "Esta es una catástrofe pública y ni el Congreso ni el Gobierno mueven un dedo. Hay muy pocos cuidadores condenados o sometidos a investigación”, afirma Llanos.

En noviembre pasado, funcionarios de Carabineros dispararon a dos niños de un hogar de Talcahuano, evidenciando serias deficiencias de manejo de crisis. Y hace unos días, el Sename volvió a ser cuestionado tras la difusión de videos en que un niño pide auxilio a gritos desde el interior de un hogar, en medio de la noche.

"Hemos pedido información al Ministerio Público y ni siquiera la Fiscalía tiene claridad sobre la cantidad de causas en que se han producido hechos que involucran la victimización de niños al interior de residencias. Tampoco se investiga a quienes, debiendo fiscalizar y prevenir estas vulneraciones, no lo hacen. Esta impunidad facilita que los hechos se repitan, porque finalmente no hay consecuencias”, dice Muñoz.

Fin del Sename: ¿Sólo un cambio de nombre?

Chile aprobó la convención sobre los derechos del niño hace 30 hace años, pero todavía no tiene una ley de garantías de la niñez y la adolescencia. "No hemos sido capaces de verlos como sujetos de derecho y no solo como meros objetos de protección”, afirma Muñoz. Un ejemplo es el proyecto de ley de adopción, que lleva siete años en el congreso. La nueva ley podría mejorar y acelerar un proceso que hoy dura hasta dos o tres años: "Para un niño que tiene cuatro, significa pasar casi la mitad de su vida en una residencia, en vez de estar en una familia”.

El año pasado se aprobó la ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia, el cual debería entrar en funcionamiento próximamente, en reemplazo del Sename. Entre otras reformas, cambia centros masivos por residencias más pequeñas y con mejor infraestructura.

La medida es positiva pero no suficiente, dice la defensora, quien aboga por cambios estructurales, de financiamiento y modelo de intervención, personal con mejores competencias, atención en salud mental, y asegurar el derecho a la educación, la cultura y el esparcimiento, entre otros. También coordinar el trabajo con otras instituciones del Estado, apuntando a la prevención, subraya Muñoz: "Debemos propender a que cada día sean menos los niños que deban ser ingresados a una residencia de protección. La familia cumple un rol insustituible”.