Poderes fácticos que cooptan el Estado

La comunidad internacional reaccionó con consternación ante el acaparamiento del poder absoluto por parte del presidente Nayib Bukele. En la primera sesión legislativa tras la victoria electoral de febrero, que dio a Bukele y a su partido Nuevas Ideas mayoría calificada en el Congreso, fueron destituídos cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia jurídica de El Salvador, y luego, al fiscal general. Los funcionarios destituidos fueron sustituidos por figuras afines al controvertido y mediático presidente.

LaUnión Europea y Estados Unidos reaccionaron con preocupación ante una medida que socava el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes.

Tanto los magistrados destituídos como el fiscal general habían sido electos por la anterior legislatura dominada por Arena y el FMLN, los partidos que se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019. Los enfrentamientos entre la presidencia y la Corte Suprema habían sido constantes pero, sin instituciones independientes, hay una profunda preocupación por el Estado de Derecho en un momento en el que hay un gran desempleo y la población intenta huir del país. Estados Unidos, presionado por la ola migratoria en su frontera, evalúa todavía cómo reaccionará a la deriva autoritaria de Bukele.

Corte de Constitucionalidad en Guatemala

En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei impuso una controvertida designación de magistrados en la Corte de Constitucionalidad, que a ojos de muchos consolida a las mafias en el país, identificadas como "el pacto de corruptos",  como se conoce a un grupo de políticos y jueces que buscan cooptar la Justicia para evitar ser procesados por corrupción. 

En Honduras, siendo presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández dio un golpe en 2012 a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, destituyendo a cuatro de los cinco magistrados que la componían. El único magistrado no sustituído fue nombrado después Fiscal General. Esa Sala de lo Constitucional fue la que más adelante falló, en 2015, a favor de la reelección presidencial, lo que permitió a Juan Orlando Hernández, jefe de Estado desde 2014, presentarse nuevamente y reelegirse en 2017.

Desde el golpe de Estado en 2009, el país se encuentra sumido en una crisis continua, que provoca que muchos hondureños busquen escapar de la pobreza y desastres naturales. Detrás de Juan Orlando Hernández, bajo sospecha de vínculos con el narcotráfico, se encuentra un grupo político, económico, militar y religioso que controla la institucionalidad, tiene las armas y no soltará el poder, según el abogado Joaquín Mejía. 

Corrupción, captación y cooptación del Estado

"El proceso de corporativización del Estado, un fenómeno que está en marcha en toda América Latina, ha permitido adecuar leyes y políticas públicas a intereses económicos privados", advirtió la investigadora Mónica Mazariegos Rodas, durante un debate virtual convocado por organizaciones no gubernamentales alemanas, titulado"La corrupción cuesta vidas humanas y crea múltiples crisis".

La académica de la Universidad Rafael Zaldívar de Guatemala afirmó que la falta de un Estado de Derecho es el punto de partida para explicar la corrupción sistémica que vive Centroamérica. Indicó primero que bajo corrupción se entiende un acto de soborno, un término que no explica por sí solo lo que ocurre en la región. La captura del Estado, un término acuñado por funcionarios del Banco Mundial cuando querían explicar lo que ocurría en países de Europa del Este, se trata de una acción de grupos ajenos al Estado, desde fuera, para influir en su beneficio en las decisiones de gobierno.

Pero lo que ocurre en el triángulo norte de Centroamérica es una cooptación del Estado, según Mazariegos Rodas. "Cuando estructuras legales e ilegales, pero siempre ilegítimas, buscan modificar el Estado desde dentro. Es en este contexto que actuaron tanto la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) 2016-2020".  

Desmantelar estructuras ilícitas

La Cicig (2006-2019) en Guatemala desmanteló estructuras que habían logrado cooptar el Estado, como lo demostró el caso La Línea, una red de defraudación aduanera desvelada en 2015, en la que participaban el presidentey la vicepresidenta.  

"Hoy en día la agenda de paz ha sido sustituída por el reclamo y aspiración de tener funcionarios y jueces transparentes e independientes. El poder judicial es uno de los principales campos de batalla en la cooptación del Estado. Los jueces son los garantes de los derechos humanos y esa labor requiere márgenes de independencia que en Centroamérica no existen, porque ese ámbito es objeto de interferencias".

A los jueces independientes, que fallan a contracorriente, los castigan, los trasladan a lugares recónditos, exponiendo su integridad física. Así lo demuestra el caso de la abogada Gloria Porras, que actuó de manera independiente, tomando decisiones a favor de los derechos humanos y en contra de la corrupción. Su nombramiento para ser miembro de la Corte de Constitucionalidad fue impugnado, lo que para ella fue una muestra más del acoso por haber desarrollado su trabajo con independencia. 

¿Qué hará Estados Unidos?

Adriana Beltrán, experta para Centroamérica de la Oficina de Washington para América Latina (Wola) constata que las redes ilícitas han buscado cooptar las instituciones y el sistema de justicia, uno de los pilares fundamentales para la democracia. Eso se ha visto en Guatemala y Honduras. 

En el debate virtual, la analista reconoce que la elección deBiden ha sido recibida con mucho optimismoy esperanza, sobre todo por los retrocesos que se produjeron durante la administración Trump. "Centroamérica y en particular el Triángulo Norte se encuentra entre las prioridades de la actual administración, lo que fue evidente desde la campaña, con un plan que presentaron destinado a esa región, pero también con el nombramiento de figuras que no se había tenido en mucho tiempo como el de un enviado especial para la región (Ricardo Zúñiga), y la designación de la vicepresidenta Kamala Harris para discutir con estos países".

La analista destaca que ha habido fallos en sucesivas administraciones, que intervienen cuando hay una crisis y luego se olvidan de la región. 

Beltrán destaca que los actuales gobiernos en la región no son socios confiables, pero en el pasado el gobierno de Estados Unidos ha apoyado a gobiernos que cometen violaciones a los Derechos Humanos y que se han perpetuado a través de actos de corrupción.

En los tres países las redes que cooptan el Estado actúan con una impunidad histórica del pasado y del presente, insiste Mónica Mazariegos. "Tenemos en Guatemala casos de la guerra congelados, injusticia estructural. Tanto en Honduras y en Guatemala la falta de acceso a la Justicia por parte de las víctimas de la guerra y la dictadura se puede comparar con la persecución de muchas de las víctimas que ahora son dirigentes sociales que se oponen a los proyectos extractivos y que son criminalizados. En los casos de la guerra hay una impunidad, en los casos de conflictos socioambientales hay una persecusión judicial a partir de la criminalización, un uso malicioso del derecho".