Cataluña: Nadie cede, todos pierden

La decisión de poner en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución española es consecuente con la política hacia Cataluña llevada a cabo hasta ahora por el Gobierno de Mariano Rajoy. Llegados a este punto de conflicto, una negociación con los independistas catalanes hubiera sido durísima y hubiera implicado cesiones inasumibles para el Estado español dentro del marco legal vigente. En su política legalista y carente de gestos hacia la región, Rajoy solo ha abierto dos puertas para dar una posible salida al conflicto y lo ha hecho en los últimos diez días: el anuncio de una reforma constitucional dentro de seis meses y la posibilidad de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoque elecciones anticipadas en Cataluña. Ambas salidas llegan demasiado tarde y son insuficientes para aplacar las actuales ambiciones de los independentistas.

Lea también:

Reforma constitucional en España: ¿solución o quimera?

Actitud distante y displicente del Gobierno central

Durante el tiempo en el que conflicto catalán no ha sido un tema internacional, el Gobierno de Rajoy ha mostrado un actitud distante y displicente hacia las aspiraciones catalanistas, que, no olvidemos, cuentan con el apoyo de una parte importante de sus ciudadanos. Incluso el ultimátum puesto a Puigdemont en la última semana tiene cierto matiz de humillación: "La respuesta es muy fácil: un sí o un no”, decía la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. Cierto es que el discurso del presidente catalán del pasado 10 de octubre fue deliberadamente ambiguo, pero tanto la alusión a la suspensión de la declaración de la independencia, como la ausencia de validez jurídica de sus palabras y el llamado al diálogo indicaban que no había habido una declaración real de independencia. Así lo interpretó también la comunidad internacional, que una vez más instó al diálogo entre las partes.

Pero Rajoy continuó su estrategia legalista, poniendo requerimientos y dando plazos, lo que no ha hecho más que exarcerbar los ánimos de los independentistas, que además han ganado tiempo para exponer sus demandas. Mucho más consciente que el Gobierno español de la importancia de la imagen y la comunicación hacia el exterior, el Gobierno catalán ha incidido en conceptos como "represión”, "derecho a decidir” y "presos políticos”, que resuenan de forma incómoda en los oídos de una Unión Europea que observa con preocupación el conflicto, sobre todo tras las imágenes del pasado 1 de octubre. A estas alturas, para el Gobierno español es inevitable la aplicación del artículo 155 de la Constitución, mientras que el Gobierno catalán parece decidido a plantear en su Parlament una votación sobre la independencia de la región.

Consecuencias económicas del conflicto

Se especula con que Rajoy concretará el artículo 155 de forma limitada y solo en áreas imprescindibles, como economía, seguridad y presidencia, pero los catalanes se referirán a la intervención española como a la actuación de las "fuerzas de ocupación” y tratarán de forzar su propaganda hasta el punto de que sea necesaria una mediación internacional. Quizá esa sea la forma de encontrar una salida digna a un conflicto en el que puede que Cataluña no gane la independencia, pero sí lograr concesiones históricas para la región.

Y tal vez es ese el secreto anhelo de muchos independentistas, después de constatar que una hipotética independencia lleva consigo la salida masiva de los agentes económicos de la región y un duro camino hacia el reconocimiento internacional de su república. Solo cabe esperar que ese proceso no ponga en peligro la recuperación económica de España ni tenga consecuencias desastrosas para Cataluña.