Caso Ríos Montt: prueba de fuego para Justicia de Guatemala

El ex general Efraín Ríos Montt, de 89 años de edad, no asistirá al Tribunal B de Mayor Riesgo, encargado de los casos de gran alarma social en el país centroamericano. Sus abogados argumentaron para ello su endeble estado de salud, amparados en un dictamen cognitivo realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF, dependiente de la Fiscalía), que asegura que el anciano general sufre demencia senil. La defensa pidió la suspensión definitiva del proceso.

Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión en 2013 por el asesinato de 1.771 indígenas ixiles durante su breve pero sangriento régimen (1982-1983), pero días después la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la sentencia por errores en el proceso y ordenó un nuevo juicio fijado el 5 de enero pasado. Los abogados de Ríos Montt recusaron a la juez y la Corte Suprema tuvo que designar una nueva fecha: el 23 de julio.

Anomalías procesales

Abogados de las víctimas y defensores de derechos humanos consideran que el proceso ha estado frenado sistemáticamente por anomalías procesales, un juicio que "estuvo muy bien documentado con el trabajo de las víctimas y sus testimonios", que concluyó con una sentencia histórica, según el abogado guatemalteco y director para Europa del Centro John F. Kennedy para los Derechos Humanos, Frank LaRue.

"Fue insostenible lo que decidió la Corte de Constitucionalidad, de eliminar la parte final del proceso oral y remitirlo a que reinicie. Eso fue una burla para las víctimas que han revivido las masacres ocurridas en 1982, es injustificado para un país que supuestamente transitó de la guerra a la paz", dijo LaRue.

El abogado de las víctimas, Edgar Pérez sostiene que la anulación de la sentencia fue una muestra de la falta de voluntad política y de la injerencia de los grupos de poder político y económico en el máximo tribunal de Justicia. El fundador del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala (BJDHG) sostiene que las víctimas han creído en el sistema judicial guatemalteco a pesar de los malos resultados y las fraudulentas resoluciones.

La corrupción, obstáculo a la justicia

El abogado alemán Wolfgang Kaleck, que estuvo recientemente en Guatemala, señala que en la justicia guatemalteca la corrupción ejerce un papel funesto. "Los abogados tienen que reducir sus pretensiones éticas, pues la que manda es la lex mercatoria, y quien no coopera está fuera del mercado".

La corrupción, que ha puesto en el ojo del huracán al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, por una serie de casos que apuntan a sus más cercanos colaboradores, no es un buen augurio de cara a un reinicio del proceso, según La Rue. "Estamos frente a un gobierno militar que participó del genocidio y debido a la crisis en la que se encuentra por los escándalos de corrupción creo que la gran tentación será querer evadir a la justicia. Me temo que va haber mucha presión sobre la juez para que acepte esta declaratoria del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, una nueva maniobra para querer consolidar la impunidad en el tema de genocidio en Guatemala".

"Este caso debe interesarnos no sólo a las víctimas y a los guatemaltecos, sino a la comunidad internacional. Estamos hablando de genocidio y crímenes de guerra, que no debieran repetirse en ningún país del mundo. En Guatemala el gobierno actual solicita al cuerpo diplomático que no presencie estas audencias, que no se pronuncie sobre estos casos", señala Edgar Pérez.

Mercedes Hernández, que dirige la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG) en Madrid, señala por su parte que para la población maya ixil, este proceso tiene una relevancia excepcional. "Ha demostrado ante la comunidad internacional que ya no es aquel grupo que fue aislado en las montañas, cuyo exterminio controlado tardaba meses e incluso años en llegar a la portada de algún medio. Los hombres y las mujeres mayas de Guatemala son una mayoría que se rebela, son sujetos políticos construyendo una nueva historia".

Ríos Montt, el hombre que gobernó con mano dura y marcó la política de Guatemala de fines del siglo XX libra su última batalla contra el endeble sistema de justicia, sin embargo ya fue condenado por la historia. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH, patrocinada por la ONU) documentó que durante los 17 meses de su Gobierno unas 10.000 personas, la mayoría campesinos indígenas sospechosos de colaborar con la guerrilla, fueron asesinados por las fuerzas del Estado y 448 aldeas fueron arrasadas.