Carles Puigdemont, un caso para los juristas
3 de noviembre de 2017
En principio, la orden de detención europea es un procedimiento técnico para despolitizar la extradición de ciudadanos miembros de la UE entre los países miembros. Es un trámite entre dos autoridades judiciales sin participación diplomática o del gobierno del país anfitrión, en este caso, Bélgica. Cuando la orden de detención esté oficialmente traducida y entregada en el juzgado belga correspondiente, el juez comprobará su validez, teniendo en cuenta los criterios formales.
La revisión judicial suele ser solo una formalidad si la base legal de la orden de detención es un delito punible en ambos Estados miembros de la UE o si se halla en la lista de los 32 delitos que dan lugar a la extradición automática. En España se acusa a Puigdemont de delito de rebelión, secesión y malversación de fondos públicos.
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Si los delitos contra el orden estatal se consideran comparables a los contemplados en la legislación belga, la extradición de Puigdemont a España podría, en principio, ocurrir rápidamente.
Sin embargo, una vez que un juzgado de primera instancia haya determinado que la orden de arresto sea correcta y haya ordenado su extradición, entonces el político catalán podría apelar. Debe exponer sus razones y así comenzaría la segunda parte legal y políticamente difícil del procedimiento.
¿Violaría dicho procedimiento los derechos fundamentales de Puigdemont?
La línea de defensa de Carles Puigdemont y su abogado parece clara: alegar que no tendrá un juicio justo en España. Además, sostendrán que el proceso contra los políticos catalanes destituidos, tiene una motivación política y constituye una violación de sus derechos fundamentales.
Esto, sin embargo, será difícil de probar en cada uno de los casos, dice la catedrática Anne Weyemberg, de la Universidad Libre de Bruselas. La idea tras la extradición de personas en el marco de la orden de arresto europea es "la confianza mutua en los sistemas legales, porque todos estamos bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal de Derechos Humanos".
Hay una presunción fundamental y es que "los derechos fundamentales se respetan y la extradición solo se puede denegar si existe un peligro real de que estos se puedan infringir". El abogado de Puigdemont tendría que demostrar este hecho y "eso no será fácil".
Un tema explosivo para el gobierno belga
El primer ministro belga, Charles Michel, llamó a Madrid a evitar la violencia después del referéndum ilegal del 1 de octubre. Ahora instó de nuevo a las partes en conflicto a dialogar. Por lo demás, intenta mantenerse al margen. Teme que los nacionalistas flamencos en su gobierno, que hasta hace poco mostraron claramente tendencias separatistas, se sientan animados.
Los socios flamencos de la coalición de la Nueva Alianza Flamenca están realmente entusiasmados con el asunto. El Ministro de Migración belga, Theo Francken, cree viable el asilo político para Carles Puigdemont. "Si se observa la situación, es realista ", dijo en la televisión local VTM. Sin embargo, el catalán y su abogado no han contemplado hasta ahora la posibilidad de solicitar asilo político en Bélgica.
Su correligionario Geert Bourgeois, presidente de la región flamenca, también dijo claramente: "Es ir demasiado lejos cuando se arresta a políticos elegidos democráticamente". Bourgeois cree que eso no debería ser posible en Europa e insta de nuevo a la UE a intervenir.
La Comisión de la UE, al margen
Desde hace semanas, los periodistas preguntan a la Comisión Europea por qué no quieren mediar entre las partes en conflicto por la disputa de Cataluña. Y la respuesta no ha cambiado: se trata de un asunto interno de España. Una portavoz dijo recientemente sobre la extradición de Carles Puigdemont: "Este asunto compete a los tribunales, cuya imparcialidad respetamos". Sin más comentarios.
La UE teme el efecto de contagio: "No queremos una UE de 95 Estados miembros", dijo el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en octubre, después del comienzo de la escalada del conflicto. "No necesitamos más fracturas y grietas". Algunos eurodiputados, como los líderes de Los Verdes Ska Keller y Philippe Lamberts, critican la no injerencia de la UE. Es realmente importante advertir sobre el Estado de derecho, pero "también se debe considerar la honestidad, la construcción de puentes y los principios democráticos".
Barbara Wesel (RMR/ER)