Canal de Nicaragua: megaproyecto sin futuro

Iba a ser la obra más grande de Nicaragua, un enorme esfuerzo para sacar al país de la pobreza. El Canal de Nicaragua, cuya construcción arrancó de forma oficial en diciembre de 2014, despertó muchas esperanzas. La zanja de 278 kilómetros de longitud brindaría una alternativa al Canal de Panamá y permitiría el paso de navíos comerciales incluso mucho más grandes entre el Atlántico y el Pacífico.

 

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No obstante, la construcción no avanza y el plan del Gobierno nicaragüense todavía no se ha hecho realidad. En 2013, Nicaragua le otorgó la concesión para construir y manejar el canal por 50 años al empresario chino Wang Jing, jefe del grupo chino HKND, el principal inversionista de la obra. HKND calculó una inversión de 50 mil millones de dólares para realizar la construcción. Entretanto, surgieron dudas sobre la solvencia de Wang Jing, ya que perdió gran parte de su fortuna en el desplome de la bolsa china en 2015.

Desde el principio, el proyecto canalero ha causado fuertes críticas de diferentes sectores. Ecologistas temen que la obra dañe importantes ecosistemas, como el Lago de Nicaragua, la mayor reserva de agua dulce en toda la región. Economistas dudan de la rentabilidad del proyecto, y los campesinos temen la expropiación de sus tierras y bienes en la región canalera. Por ello, ha habido numerosas protestas a nivel local y nacional durante los últimos años. A finales de 2016, una manifestación en Managua se suspendió a causa de la represión policial, según afirmaron los organizadores de las protestas.

Opositores perseguidos

Con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, este sábado (22 de abril) se organizará otra manifestación en la cabecera departamental Juigalpa. "Todos sabemos que el canal no se va a construir", dice la periodista María López Vigil, jefa de redacción de "Envío", una publicación nicaragüense crítica. "Ahora, las marchas se organizan para que se derogue la ley canalera", añade. Dicha ley fue aprobada por el Parlamento nicaragüense en 2013. No sólo le otorga al inversionista chino la concesión para construir el canal, sino también para otros subproyectos de gran escala, como por ejemplo carreteras, puertos y un aeropuerto, independiente de si se llega o no a contruir la zanja. "El alto nivel de corrupción me hace sospechar que el Gobierno de Daniel Ortega se va a beneficiar del proyecto", teme la periodista.

Mientras tanto, los campesinos siguen protestando contra la posible expropiación de sus tierras y bienes. Las marchas son organizadas por el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía y su coordinadora, Francisca Ramírez Torres, quien se ve enfrentada a represalias e intimidaciones por parte del Estado. En una resolución del mes de febrero de este año, el Parlamento Europeo instó "al Gobierno (nicaragüense) a que se abstenga de acosar y de recurrir a actos de represalia contra Francisca Ramírez y otros defensores de los derechos humanos por realizar legítimamente su trabajo". Un estudio recién publicado por dos organizaciones de derechos humanos también critica la política de criminalización en contra de los adversarios del proyecto canalero.

Para la periodista López Vigil, las protestas siguen siendo importantes, aunque ve como "impensable" que el Parlamento derogue la ley. "Quienes luchan contra la ley canalera, luchan por la soberanía nacional, por el respeto a los derechos humanos y por un cambio en el país", afirma.