Campesinos mexicanos contra un gasoducto
30 de octubre de 2018
Doña Maura Aparicio Torres recuerda el día en que, después de trabajar en el campo, vio a un hombre caminando entre sus maizales, pisando sin cuidado sus cosechas, tomando notas y haciendo fotos mientras se acercaba a su casa.
El mismo hombre regresó días después exigiéndole los papeles de su propiedad con la única explicación de: "vamos a construir un gasoducto aquí”. Eso fue en mayo de 2017.
En noviembre de 2015, la empresa canadiense TransCanada ganó la licitación para construir el gasoducto Tuxpan-Tula de México, una estructura de 250 kilómetros que atraviesa cuatro estados del sur del país centroamericano hasta el Golfo de México. La construcción fue aprobada por la Agencia Estatal de Energía, como parte de la reforma energética iniciada bajo el mandato del ex presidente mexicano Peña Nieto. Se planea que el gasoducto transporte gas natural a través de Veracruz, Hidalgo, Puebla y el Estado de México.
El gasoducto está prácticamente terminado. Sólo faltan 90 kilómetros. La ruta pasa por la aldea de Chila de Juárez, atravesando el campo donde Doña Maura cultiva maíz y maní.
Resistencia contra el Estado
"Nuestra cosecha es lo más valioso que tenemos”, dice Doña Maura, nacida en la comunidad indígena de Chila de Juárez. Vive en la zona con su marido y sus tres hijos, en una casa que le compró a su suegra. No ve otra alternativa que defender lo que es suyo.
"No sé adónde iría si perdiera mis tierras”, cuenta a DW.
Ahora forma parte de un movimiento de protesta, liderado y asesorado por un Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo. El grupo se creó para compartir información y unir fuerzas en sus reivindicaciones contra TransCanada.
Según Oliveria Montes, portavoz del Consejo Regional, reina un gran sentimiento de desconfianza hacia todos: la empresa, el Estado e incluso los vecinos.
"En cuanto una persona de la comunidad vende sus tierras, el vecino cree que también tiene que vender las suyas”, explica a DW. Parte de la labor del Consejo es explicar que las personas a las que se les promete dinero para abandonar sus tierras, a menudo no ven un centavo.
Doña Maura recibió una oferta de dinero en una de las muchas visitas que recibió del empleado de TransCanada, que había pisoteado sus plantas. Le preguntó de cuánto dinero se trataba, pero el hombre se negó a dar una cifra. "Le reubicaremos”, le dijo. "¿Dónde?”, preguntó ella. Su respuesta fue presionarla para que entregara los papeles de sus terrenos. Doña Maura se negó.
El empleado dejó su número de teléfono y una amenaza de construir el terreno, tanto si ella se mudaba como si no. Ella nunca llamó y de momento, al menos, sigue allí.
Un aplazamiento temporal
A finales de 2017, el Consejo consiguió un cese temporal de la construcción. El caso, que involucra a Chila de Juárez y otras cuatro comunidades, se encuentra ahora ante los tribunales. Para construir un megaproyecto de este tipo, la Secretaría de Energía de México debe evaluar los posibles riesgos para sus habitantes y el medio ambiente.
La Secretaría realizó un informe de impacto de este tipo, pero el Consejo cree que hay interrogantes sobre sus conclusiones. Según Raymundo Espinoza Hernández, asesor legal del Consejo, 459 comunidades y 260.000 personas se verían afectadas por la construcción, pero la "evaluación del ministerio sólo mencionó once municipios”.
Por su parte, TransCanada transfiere la responsabilidad a su subsidiaria Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH), la misma compañía que envió al hombre que Doña Maura encontró husmeando en su propiedad.
"TransCanada no tiene conocimiento de ninguna expropiación de comunidades indígenas, y no apoya tales medidas cuando los afectados no han sido consultados previamente y han dado su consentimiento”, dice la empresa en una declaración escrita. La compañía asegura haber informado a la población y concluye que, en última instancia, le corresponde al gobierno mexicano decidir si la construcción debe continuar o no.
Un ambiente cargado
TransCanada está bajo presión. La compañía quiere que el gasoducto esté listo y operativo a principios de 2019. El canal es parte de una red mayor que permitirá el flujo de gas desde Brownsville, en Texas, hasta Tuxpan y Tula, en el corazón de México.
Hasta ahora, los retrasos, como resultado de la resistencia, han aumentado en un tercio el costo del gasoducto hasta alcanzar casi los 347 millones de euros (400 millones de dólares estadounidenses) Espinoza teme que esto tenga un impacto negativo en quienes se interponen en el camino.
"Provocarán que las comunidades se enfrenten entre sí”, critica el abogado. "Si la compañía, no puede continuar a través de medios legales, utilizará la violencia para forzar su entrada a las comunidades”, lamenta.
Doña Maura comparte ese temor. "Tengo miedo de que acaben conmigo”, confiesa.
Destrucción de cerros sagrados
Su marido, Salvador Murcia Escalera, se encuentra de pie entre las jóvenes plantas de maní con un azada en la mano. Pasó 14 años trabajando como jornalero en una plantación de California para poder enviar dinero a su familia. Regresó cuando su esposa lo llamó diciéndole que su tierra se encontraba en peligro.
"La tierra nos lo da todo”, dice Doña Maura. Y no quiere que se la quiten. Asimismo, le preocupa que los cerros sagrados del pueblo Otomí sean destruidos para construir el gasoducto, como ya ha ocurrido en otras comunidades. Así como que las fugas de gas contaminen el agua.
Doña Maura mira hacia la montaña, donde se encuentran sus terrenos. Cuenta la leyenda que un joven, llamado Margarito, subió una vez a la cima. Al llegar, estaba tan cansado que se acostó a dormir. Nunca volvió a bajar. Los otomíes de Chila de Juárez lo adoran hoy como el Dios de la lluvia, llevándole ovejas, frijoles y maíz a la montaña. Al igual que Margarito, Doña Maura tampoco quiere irse.
(AR/ER)