Brasil: triste espectáculo judicial en torno a Lula

Como un bombazo cayó el domingo pasado la noticia de que el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien gobernó Brasil de 2003 a 2010, podría salir inmediatamente de la cárcel de Curitiba, donde se encuentra desde principios de abril por corrupción y lavado de dinero. Oficialmente, sigue siendo el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones presidenciales de octubre.

En estos momentos, lo más importante para el PT es que Lula sea puesto en libertad y empiece a hacer campaña electoral. El viernes pasado, tres miembros del PT presentaron una solicitud de habeas corpus para Lula ante el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) en Porto Alegre. Lula tendría, según este procedimiento jurídico, el derecho a esperar en libertad al veredicto del Tribunal Supremo (STF).

El juez de apelación Rogerio Favreto, de servicio el fin de semana pasado, ordenó en la madrugada del domingo inesperadamente la liberación de Lula. Después de varias horas de confusión, que mantuvieron a todo el país en vilo, el expresidente permaneció sin embargo entre rejas.

Para el politólogo Ricardo Ismael, de la Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-RJ), Favreto se excedió en sus competencias: "Un juez de servicio en un fin de semana no puede simplemente anular un veredicto ratificado tres veces", dijo a DW.

Lula fue sentenciado, a mediados de 2017 y en primera instancia, a nueve años y seis meses de prisión por el juez Sérgio Moro. A fines de enero de 2018, el TRF-4 confirmó la sentencia y la aumentó a doce años y un mes. Después de que la Corte Suprema de Justicia de Brasil (STJ), en tercera instancia, rechazara un habeas corpus, Lula fue encarcelado a principios de abril.

Perplejidad entre los policías

La policía de la prisión de Curitiba, donde Lula está bajo custodia, no sabía qué hacer el domingo por la mañana: si liberar o no a Lula. Los medios de comunicación brasileños informaron que Favreto ordenó su liberación inmediata. Al mismo tiempo, el juez titular del caso, Sérgio Moro, intervino y exigió que se ignorara la orden de Favreto y Lula siguiera encarcelado.

Ese mismo día por la tarde, el juez João Paulo Gebran Neto, responsable del caso de la condena de Lula en segunda instancia, bloqueó también la orden de Favreto. 

"Todos los involucrados se comportaron mal, tomaron decisiones erróneas, y la imagen de la Justicia brasileña ha sido dañada", dijo el abogado Ivar Hartmann de la "Fundación Getúlio Vargas", en Río de Janeiro. El TRF-4, según el brasileño, ya no es responsable del caso de Lula. "Favreto se equivocó, porque la instancia superior responsable es la STJ. Los aliados de Lula sabían que sus acciones eran ilegales, porque no representan a Lula en sus asuntos legales", dijo Hartmann.

"Moro, como juez de primera instancia, se equivocó porque no puede bloquear la decisión de Favreto. Gebran Neto debería haber aclarado que su colega Favreto sí tenía la capacidad, en nombre del TRF-4, de tomar decisiones”, explicó el experto.

"Maniobra jurídica"

El politólogo Ismael cuestiona el argumento de Favreto de que Lula, como candidato a las elecciones de octubre, tiene derecho a hacer campaña fuera de la cárcel: "No es cierta la afirmación de que la candidatura de Lula es un hecho nuevo que cambia su situación legal. Todos sabían desde hace años que Lula se postularía, así que esto no es más que una maniobra legal".

A esto hay que añadir que se dice que Favreto es políticamente cercano al PT. Fue miembro de dicho partido durante 19 años y ocupó cargos en el gobierno de Lula. Se sospecha que se habrían aprovechado de que Favreto fue juez de servicio el fin de semana para intentar liberar a Lula. "El juez Favreto ahora tendrá que explicar sus acciones", dice Ismael.

Los ciudadanos creen que cada juez juzga según su gusto político, opina Hartmann. El daño por la politización del poder judicial es extremadamente alto. "La gente cree que el poder judicial está políticamente contaminado y, por lo tanto, duda de su independencia y también de que las decisiones de la Justicia se basen únicamente en fundamentos legales", dice.

Thomas Milz (RMR/ER)

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